► Informes para «justificar lo injustificable» que contienen una «contradicción pagada con dinero público» que muestra una «metodología encaminada a proteger el beneficio empresarial de unos cuantos» o la necesidad de «evitar conflictos de intereses» entre las reacciones de grupos políticos y asociaciones ecologistas
En el día de ayer en LasNoticiasRM informamos acerca de las balsas de purines de explotaciones porcinas presentes en la cuenca vertiente del Mar Menor y que están dentro de las zonas que marca la ley de protección de la laguna salada.
Todos esos informes arrojan un mensaje cuando menos inquietante: todas las balsas analizadas vierten al subsuelo. Unas más y otras menos. Unas a más profundidad y otras a menos. Pero lo fundamental es que todas las analizadas sin excepción tienen perdidas y no están bien impermeabilizadas.
PSOE
El diputado Socialista, Manuel Sevilla, nos asegura que «el Partido Popular es el responsable directo de la situación en la que se encuentra el Mar Menor. Lleva cerca de 30 años al frente del Gobierno regional haciendo una completa dejación de funciones».
«Cabe recordar que la Comunidad Autónoma es la responsable de velar por el cumplimiento de la normativa agrícola y ambiental, y de sancionar a quien no lo haga. Sin embargo, llevan cerca de tres décadas mirando hacia otro lado e incumpliendo con su obligación«, nos explica.
Sevilla afirma que «el Gobierno de López miras ha comprado el discurso negacionista de Vox y se dedica a propagar mentiras y bulos sobre las causas de la degradación del Mar Menor. Sin ir más lejos, en el pleno de ayer en la Asamblea Regional vimos como el PP asumía como propio el mensaje de la ultraderecha, que va en contra de la evidencia científica. Además, en esta misma sesión, el Partido Popular ha iniciado los trámites para modificar la Ley del Mar Menor, tal y como le exige Vox, que busca derogarla. Como vemos el panorama no es nada alentador».
Califica al Gobierno de López Miras de «irresponsable por llevar incumpliendo sistemáticamente la Ley del Mar Menor desde su aprobación en 2020» y nos asegura que «desde el Partido Socialista, siempre hemos abogado por ordenar las diferentes actividades que se realizan en la Cuenca Vertiente para garantizar un desarrollo económico y social sostenible compatible con la laguna».
Uno de los incumplimientos más graves del Gobierno regional, según Manuel Sevilla es «que todavía no ha aprobado el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, que es un instrumento básico. De hecho, López Miras ha dado lugar a que venza el plazo de tres años previsto en la ley para hacerlo, provocando que el Mar Menor se quede desprotegido sin un plan de ordenación y sin una moratoria urbanística, tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones nuestro secretario general, Pepe Vélez».
«Desde el Partido Socialista, seguiremos centrados en ofrecer soluciones para recuperar y proteger el Mar Menor. El Marco de Actuaciones Prioritarias del Ministerio para la Transición Ecológica marca el camino y para este, el Gobierno de España ha destinado cerca de 700 millones de euros. Es importante recordar que, ante la inacción del Gobierno regional, el Gobierno de España está liderando la recuperación del Mar Menor actuando, incluso, más allá de sus competencias. El pasado mes de abril se anunció una línea de subvenciones para la adecuación del sector ganadero que se suma a la ya adjudicada al agrícola«.
ANSE
Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Jorge Sánchez nos mostraba su «preocupación por la gestión de los purines que se viene desarrollando en la cuenca vertiente al Mar Menor» y nos recordaba que «independientemente de que una balsa sea más impermeable o no y esté afectando de forma directa al acuífero, esa concentración de nutriente en la cuenca pueden acabar por simples correntías, afectando directamente al entorno» de la laguna salada.
Además nos explicaba que «desde el respeto y el aprecio que le tenemos a la Universidad Politécnica Cartagena, entendemos que una universidad debería evitar conflictos de intereses como los que se dan en este caso, donde el investigador en concreto que participa en esos estudios viene trabajando en colaboración con el sector porcino. Creemos que es necesario que la administración realice informes independientes y que evidentemente se desarrollen políticas de control sobre estas balsas».
IUVRM
José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador general de Izquierda Unida en la Región de Murcia, iba más allá al afirmar que «el informe evidencia, una vez más, la estrategia del Gobierno regional sobre la recuperación y protección del Mar Menor: justificar lo injustificable para que la actividad económica en torno a la agricultura y a la ganadería intensivas mantengan a su statu quo e incluso se amplíen, a costa del sacrificio del ecosistema lagunar y de la contaminación del acuífero».
«Es injustificable, por mucho que sea anterior a la ley 3/2020, que existan balsas de purines sin impermeabilizar y no se facilite su reconversión a un sistema de impermeabilización total, como marca la ley. Además, siguen abiertos 55 expedientes por filtraciones de balsas impermeabilizadas lo que sugiere la necesidad de intensificar la labor inspectora en la zona y en este sector, cosa que el gobierno de López Miras no está dispuesto a hacer, máxime cuando desde 2008 el Gobierno regional ha estado autorizando ampliaciones de granjas porcinas en esta zona y otras de la Región sin las autorizaciones medioambientales oportunas«, nos explicaba.
SUMAR
En SUMAR iban aún más lejos y Lorena Lorca afirmaba que «ya hemos comprobado que la contrainformación pagada con dinero público es una práctica habitual del Gobierno regional. Si el MITECO, en el marco del Plan de Recuperación del Mar Menor, en el que se prevé invertir más de 675 millones de euros, pública informes de estudio del impacto de la contaminación por purines en el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena, la CARM responde con informes de más que dudosa fundamentación científica y un más que evidente conflicto ético de intereses».
Además apuntaba a «denunciar el uso fraudulento de las cátedras supuestamente públicas, financiadas con dinero privado, que realizan las grandes empresas y los lobby regionales, que no solo no responden al interés general sino que atentan contra él dañando de modo constante el medio ambiente».
Ecologistas en Acción
Pedro Luengo desde Ecologistas en Acción nos indica que «este tipo de prácticas ya no nos sorprenden, y explican mucho de lo que está pasando en el Mar Menor. Recordemos aquellas instrucciones que desde la consejería de agricultura se elaboraron para distribuir entre los agricultores, ayudándoles a «interpretar» la nueva Ley de Medidas urgentes para el Mar Menor».
Además nos hace fijarnos en otro detalle no menos importante y nos remarca que «no es casual que se proponga sacar a Fuente Álamo de la cuenca vertiente, por arte de magia (contra natura), ya que concentra buena parte de las granjas intensivas de ganadería (principalmente porcino)».
Y al igual que en otras reacciones nos indica que «lo que no sorprende es la presencia de determinados ‘actores’ en esta historia: que el grupo empresarial de El Pozo esté relacionado con las granjas y con investigadores que luego elaboran instrucciones ad hoc, benevolentes para el sector… no es sorprendente en esta región».
«Todos estos ‘casos aislados’ forman parte de un negacionismo institucional por parte del Gobierno Regional, que durante décadas busca incansablemente cualquier excusa para no exigir medidas preventivas y de protección del medio ambiente, para no inspeccionar posibles infracciones o impactos evidentes, para no sancionar a las empresas (recordemos que tuvo que obligarle un juez a abrir los expedientes de responsabilidad ambiental a varias empresas del Campo de Cartagena…)», asegura Luengo.
«Puede que cada caso parezca aislado, y analizado uno a uno no se le de demasiada importancia, pero si ponemos a lo largo del tiempo todas estas decisiones encima de la mesa, podemos ver lo que parece una metodología encaminada a proteger el beneficio empresarial de unos cuantos, a pesar del medio ambiente y contra los intereses generales de toda la ciudadanía».