► El CEIP Juan XXIII en Murcia denuncia el recorte educativo que practica el Gobierno regional al cerrar una de las líneas de tercero de primaria provocando la masificación de las otras tres que aun quedan en funcionamiento
► Padres y madres afectados han intentando frenar el recorte sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta clara más allá de una reunión con la Inspección Educativa el próximo 2 de julio
El Gobierno de la Región de Murcia lleva mucho tiempo primando la enseñanza privada por encima de la pública como así lo demuestra las ingentes cantidades de dinero que destina a los colegios e institutos privados mientras deja en ruinas a los centro públicos.
Un ejemplo de la política de recortes que lleva imponiendo el Gobierno del Partido Popular y VOX es la denuncia realizada por el CEIP Juan XXIII en Murcia a quienes les han eliminado una de las líneas de tercero de primaria sin justificación ni explicación.
“Los niños y niñas que cursarán tercero de primaria el próximo curso, verán como la Consejería de Educación mermará la calidad de su educación pública con la masificación de alumnado por aula, ya que esta ha tomado la decisión de cerrar una de las 4 líneas que hasta el momento han estado funcionando”, denuncian desde la dirección del centro público.
Los recortes en educación del Gobierno regional tendrán una afección directa en este centro dado que “la masificación de alumnos por aula, así como la disminución de los recursos humanos docentes, apoyos y especialistas” se hará patente.
Además, se da la circunstancia de que los padres y madres del alumnado han sido avisados de la intención de la Consejería de Educación de la región de Murcia en la última semana de periodo escolar, por lo que se “están manifestando y alegando el derecho a una educación pública digna”, informa el centro en un comunicado.
Las presiones de padres, madres y personal del centro lo único que han conseguido es una reunión con la Inspección de Educación el martes 2 de julio a las 9:30 horas y solicitan “que se eleve esta reivindican a una educación pública con dignidad, pues esta medida deja desprovistos a nuestros hijos de la atención educativa que se merecen, rebajando la calidad de la misma en el aula, superpoblando las aulas de estudio, haciendo caso omiso a las necesidades de los niños y niñas, y respondiendo únicamente a una restricción económica de los recursos humanos de nuestro colegio”.
También piden “el apoyo en la lucha por el derecho de nuestros hijos a un servicio educativo de calidad, ya que esta medida supone una vulneración de sus derechos como niños y niñas, de acceso a una educación pública digna, que atienda y responda no solo a las necesidades colectivas, sino también a sus necesidades individuales”.
