► El ministerio fiscal responde así a la denuncia interpuesta por la Asociación Preeminencia del Derecho contra el Ayuntamiento de San Javier por la licitación del contrato legal del ‘Caso Aqualia’
► El consistorio ribereño adjudicó al abogado Salvador Pérez un contrato menor de casi 18.000 euros de manera previa a sacar la licitación que también se llevó envuelta en un mar de dudas por los sospechosos requisitos exigidos y la extraña opción elegida para adjudicar el contrato
Las críticas de la oposición en el consistorio ribereño fueron feroces tras conocerse la adjudicación del contrato para la «Asistencia Letrada para Recurso Contencioso-Administrativo Expediente 1419/2022», más conocido como ‘caso Aqualia’, a favor del abogado Salvador Pérez.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Javier, Pedro Górriz, planteó serias dudas acerca de la adjudicación que meses atrás había predicho. “Al final se ha cumplido la predicción que hicimos en el Pleno de abril, y el contrato ha sido adjudicado a Salvador Pérez Alcaraz, el cual percibirá un total de 145.000 euros para la defensa legal del contrato de Aqualia”.
Además aseguraba que “de la lectura de los informes, parecen haberse obviado los criterios de adjudicación en caso de desempate, para recurrir a un criterio subsidiario que beneficiaba al mismo letrado al que se adjudicó un contrato a dedo por valor de casi 18.000 euros, para cuestiones relacionadas con el mismo asunto”.
Jose Luis Mazón denuncia ante la Fiscalía
El reputado abogado José Luis Mazón, en representación de la Asociación Preeminencia del Derecho, tras analizar el pliego de condiciones y el contrato menor adjudicado previamente al abogado Salvador Pérez, miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, presentó en abril de este año una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Región de Murcia por la comisión de un “posible delito de de prevaricación del art 404CP, por irregularidades en adjudicar el contrato público, por fraccionamiento de contrato de defensa jurídica con foto robot del adjudicatario“.
La Fiscalía incoa actuaciones
En un correo electrónico remitido por la Fiscalía de Área de Cartagena en el día de ayer, al que LasNoticiasRM ha tenido acceso en exclusiva, confirma que «por indicación del Fiscal Jefe, D. David Campayo Soler», se informa que se «ha incoado Diligencias Preprocesales Penales con nº 37/24 por un presunto delito de prevaricación administrativa […] contra el Ayuntamiento de San Javier por fraccionamiento de contrato de defensa jurídica».
Investigación en marcha
Dado que han pasado tres meses desde la interposición de la denuncia y esta no haberse archivado, se podría entender que las tesis del José Luis Mazón podrían haber calado en el Fiscal David Campayo, lo que habría provocado que se iniciara la citada investigación por el ministerio Fiscal.
Un poco de historia
El Ayuntamiento de San Javier decidió poner fin a la relación que tenía desde hace décadas con Hidrogea (Agbar) para sacar a concurso este servicio de primera necesidad, algo que en principio no estaba obligado a hacer, ya que tenía la posibilidad de ir renovándolo cada dos años. Pero tras un análisis de la Universidad de Cartagena y considerar que los servicios de agua a futuro no estaban recogidos, decidió abrir un nuevo proceso.
En este punto, y aquí está la clave de la polémica, el consistorio contrató a la consultora Ingeagua para que pilotara el proceso de adjudicación y otorgara las calificaciones a los distintos participantes. Esta pequeña consultora, de seis trabajadores, que también presta servicios en México, accedió a este trabajo a través de un contrato menor, adjudicado sin publicidad, para dar un servicio especializado con trabajos que se extenderían por más de dos años por 15.000 euros, impuestos aparte. Ya esto supuso motivo de sospecha, detalla uno de los implicados en el proceso, ya que varias fuentes del sector señalan que se trata de un presupuesto muy corto para los trabajos a desarrollar.
Las alarmas se encendieron entonces porque esta consultora, Ingeagua, que debía ejercer de juez y examinador con las concursantes, a su vez admite que hace trabajos para otras empresas como la propia FCC Aqualia, según consta en el currículo de su director general.
La polémica se desató cuando se conoció la calificación técnica. FCC Aqualia logró la máxima puntuación en todos los aspectos (49 de 49). Con una nota muy por encima de otras compañías como la propia Agbar (44) y otras grandes del sector como Acciona (35), Sacyr (25) o Saur (35). Las fuentes consultadas no se explican esa gran diferencia de notas entre empresas que participan en concursos de este tipo por todo el territorio y gozan de la mejor cualificación.
La cuestión llegó a tal punto que un concejal del PSOE solicitó la suspensión temporal de este concurso como medida cautelar, ante las dudas surgidas alrededor del mismo, algo que, sin embargo, las autoridades administrativas denegaron.
La Fiscalía ve indicios de prevaricación
Solo un día después de que el Ayuntamiento de San Javier adjudicara a Aqualia el contrato, ahora anulado por el Tribunal Administrativo Central, la Fiscalía abría diligencias de investigación contra el Ayuntamiento de San Javier y su alcalde José Miguel Luengo porque ve “indicios de un posible delito de prevaricación“.
Según indica la fiscal responsable de la investigación en el decreto por el que inician las diligencias, la consultora Ingeagua, “no solo redactó las condiciones del contrato, sino que también valoró las propuestas presentadas. Su cliente, Aqualia, obtuvo la puntuación más alta en los criterios técnicos evaluables subjetivamente, 49 punto de los 49 posibles en todos los apartados evaluables de forma subjetiva por parte de su propia consultora”, explica.
Alude también a la decisión municipal de mantener la oferta de Aqualia en la licitación, a pesar de haber presentado una propuesta “que supera en 16 millones el límite de temeridad” y que se sitúa “un 56% por encima del resto de concurrentes”, y a las reclamaciones presentadas por la actual concesionaria, Hidrogea, para que se le excluya del proceso.
La justicia sentencia el contrato
El recurso de una de las licitadoras no solo pedía la nulidad en la adjudicación, que hubiera podido derivar en una nueva calificación de los proyectos entregados, sino que requirió al juez la repetición del concurso desde su inicio. Es decir, empezar de cero, incluyendo la contratación de Ïngeagua para su elaboración.
Así las cosas, el Ayuntamiento de San Javier tendrá que volver a redactar los pliegos sin intervención de la consultora de la que se sospecha su implicación en la adjudicación, y deberá poner en marcha una nueva licitación.