Alfonso Martínez: “La desaladora de Escombreras y ESAMUR vuelven a poner en evidencia las irregularidades y los chanchullos del PP en la Región” El Partido Socialista denunció el pasado 22 de julio ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia la concesión de subvenciones a través de la empresa pública ESAMUR, entre ellas, unas transferencias realizadas de forma irregular a la sociedad Desaladora de Escombreras, a raíz de los informes publicados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma “Es una irresponsabilidad que el Gobierno regional no haya disuelto todavía la sociedad de la desaladora de Escombreras, tal y como le obliga la Ley, ya que puede causar un perjuicio económico aun mayor a las cuentas regionales, algo que, como siempre, acabarán pagando todos los ciudadanos y ciudadanas” El diputado regional socialista Alfonso Martínez ha asegurado que la desaladora de Escombreras y la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR) han vuelto a poner en evidencia las irregularidades y los chanchullos del PP en la Región. Martínez ha explicado que, el pasado 22 de julio, el Partido Socialista denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia la concesión de subvenciones a través de la empresa pública ESAMUR. “Entre otras, denunciamos las transferencias realizadas de forma irregular a la sociedad Desaladora de Escombreras, sin que las mismas tengan resorte legal. Existen irregularidades en las transferencias económicas ejecutadas por dicha entidad en las auditorías de los últimos 4 ejercicios que existen publicados (2019, 2020, 2021 y 2022)”. “Es una irresponsabilidad que el Gobierno regional no haya disuelto todavía la sociedad de la desaladora de Escombreras, tal y como le obliga la Ley, ya que puede causar un perjuicio económico aun mayor a las cuentas regionales, algo que, como siempre, acabarán pagando todos los ciudadanos y ciudadanas”, ha señalado. El diputado socialista ha indicado que, tanto el Tribunal de Cuentas como la Intervención General llevan mucho tiempo advirtiendo de irregularidades en la gestión de ESAMUR, así como el lastre en el que se ha convertido para las cuentas regionales la desaladora de Escombreras que, junto a otros proyectos como el aeropuerto de Corvera, es un ejemplo más de cómo la mala gestión, los chanchullos y el despilfarro de los sucesivos gobiernos del PP han provocado la ruina económica de la Región de Murcia. “Lo único que ha hecho el PP en la Región en materia de agua ha sido la desaladora de Escombreras, que tiene un coste aproximado de 22 millones de euros, pero va a costar a la ciudadanía más de 700 millones y que apenas produce agua, tal y como ha denunciado nuestro secretario general, Pepe Vélez, en numerosas ocasiones”, ha añadido. Finalmente, Martínez ha afirmado que, según la Ley de Sociedades de Capital, el patrimonio neto negativo de una sociedad causa la disolución de la sociedad, y los administradores tienen la obligación de convocar la Junta General en un plazo de dos meses para que se apruebe la mencionada disolución o se promueva el concurso de acreedores. “Confiamos en que los tribunales pongan luz y transparencia en la gestión de ESAMUR, ya que es absolutamente opaca”.

El Partido Socialista denunció el pasado 22 de julio ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia la concesión de subvenciones a través de la empresa pública ESAMUR, entre ellas, unas transferencias realizadas de forma irregular a la sociedad Desaladora de Escombreras, a raíz de los informes publicados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma

“Es una irresponsabilidad que el Gobierno regional no haya disuelto todavía la sociedad de la desaladora de Escombreras, tal y como le obliga la Ley, ya que puede causar un perjuicio económico aun mayor a las cuentas regionales, algo que, como siempre, acabarán pagando todos los ciudadanos y ciudadanas”

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El diputado regional socialista Alfonso Martínez ha asegurado que la desaladora de Escombreras y la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR) han vuelto a poner en evidencia las irregularidades y los chanchullos del PP en la Región.

Martínez ha explicado que, el pasado 22 de julio, el Partido Socialista denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia la concesión de subvenciones a través de la empresa pública ESAMUR. “Entre otras, denunciamos las transferencias realizadas de forma irregular a la sociedad Desaladora de Escombreras, sin que las mismas tengan resorte legal. Existen irregularidades en las transferencias económicas ejecutadas por dicha entidad en las auditorías de los últimos 4 ejercicios que existen publicados (2019, 2020, 2021 y 2022)”.

“Es una irresponsabilidad que el Gobierno regional no haya disuelto todavía la sociedad de la desaladora de Escombreras, tal y como le obliga la Ley, ya que puede causar un perjuicio económico aun mayor a las cuentas regionales, algo que, como siempre, acabarán pagando todos los ciudadanos y ciudadanas”, ha señalado.

El diputado socialista ha indicado que, tanto el Tribunal de Cuentas como la Intervención General llevan mucho tiempo advirtiendo de irregularidades en la gestión de ESAMUR, así como el lastre en el que se ha convertido para las cuentas regionales la desaladora de Escombreras que, junto a otros proyectos como el aeropuerto de Corvera, es un ejemplo más de cómo la mala gestión, los chanchullos y el despilfarro de los sucesivos gobiernos del PP han provocado la ruina económica de la Región de Murcia.

“Lo único que ha hecho el PP en la Región en materia de agua ha sido la desaladora de Escombreras, que tiene un coste aproximado de 22 millones de euros, pero va a costar a la ciudadanía más de 700 millones y que apenas produce agua, tal y como ha denunciado nuestro secretario general, Pepe Vélez, en numerosas ocasiones”, ha añadido.

Finalmente, Martínez ha afirmado que, según la Ley de Sociedades de Capital, el patrimonio neto negativo de una sociedad causa la disolución de la sociedad, y los administradores tienen la obligación de convocar la Junta General en un plazo de dos meses para que se apruebe la mencionada disolución o se promueva el concurso de acreedores. “Confiamos en que los tribunales pongan luz y transparencia en la gestión de ESAMUR, ya que es absolutamente opaca”.

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