Las asociaciones que componen MACROrenovablesNO, la Fundación GEA Gestión Territorial y la Asociación Paisajes y Viñedos de España anuncian la creación de una herramienta jurídica innovadora para enfrentar el impacto de los megaproyectos de energías renovables promovidos por fondos de inversión en España y Europa
Esta iniciativa, dirigida a todas las asociaciones que han interpuesto un Contencioso Administrativo, se basa en la posibilidad de presentar una “acción prejudicial” ante los tribunales de la Unión Europea.
La herramienta se fundamenta en el “Informe Calduch“, un análisis exhaustivo de la legislación europea vigente sobre renovables, que examina los mecanismos jurídicos que pueden utilizarse para proteger los territorios rurales frente a la implantación indiscriminada de proyectos energéticos. Este informe ya está disponible para consulta y descarga en las webs de MACROrenovablesNO y Fundación GEA “Gestión Territorial”.
Una respuesta a la Directiva Europea de Aceleración de Renovables
La herramienta jurídica nace en respuesta al nuevo Reglamento y Directiva europea de aceleración de renovables (Directiva 2023/2413), que permite a los fondos de inversión proponer y tramitar megaproyectos de energías renovables con poca o ninguna participación ciudadana, simplificando los procedimientos administrativos (sin evaluación de impacto medioambiental) y facilitando la ocupación de terrenos en zonas rurales.
“Es vital que las comunidades afectadas tengan acceso a recursos legales para defender sus derechos“, afirma un portavoz de MACROrenovablesNO. “Esta nueva legislación europea pone en riesgo nuestros paisajes, viñedos y territorios, convirtiendo campos agrícolas en polígonos industriales, sin considerar el impacto ambiental, social y económico”.
Protección de los recursos naturales del patrimonio histórico y territorial.
Además del impacto visual y territorial, las asociaciones denuncian que estos proyectos suelen estar acompañados de solicitudes para concesiones de agua y otros recursos clave, como la minería, fábricas de hidrógeno o centros de datos, lo que podría derivar en la expropiación de tierras. Se insta a las asociaciones locales y colectivos ciudadanos a consultar boletines oficiales (BOE, boletines autonómicos y Confederaciones Hidrográficas) para identificar las concesiones solicitadas por grandes empresas y fondos de inversión.
El “Informe Calduch” no solo proporciona un análisis detallado de la legislación, sino que también traza posibles vías de actuación para las asociaciones afectadas. Las organizaciones involucradas invitan a otros colectivos y grupos ciudadanos a estudiar el informe con sus abogados y explorar las opciones legales que ofrece.
Colaboración y defensa del territorio
Las asociaciones reafirman su compromiso de trabajar de manera conjunta en la defensa de los territorios rurales, asegurando que este tipo de iniciativas legales son una de las muchas herramientas que están considerando para evitar la transformación descontrolada del paisaje rural y garantizar la protección de los recursos naturales.
Quedamos a disposición de todas las asociaciones interesadas para compartir información, debatir ideas y colaborar en la defensa de nuestros territorios.
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