► La Consejería de Medio Ambiente lleva casi 20 años sin exigir el cumplimiento medioambiental a la empresa y 10 sin controlar que cumpliera con el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
► La Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura, desarrolló la operación ‘Rough’, en la que investigó a un empresario por usurpación de aguas subterráneas y contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de aguas de pozos y manantiales para el riego de un campo de golf
Vacío. Así es como está el expediente medioambiental de la empresa Blue Lor SL, responsable del complejo turístico Lorca Golf Resort ubicado en el Paraje Villarreal en Lorca, que este pasado mes de agosto saltó a la primera página de todos los medios regionales y nacionales por el supuesto robo de 34 millones de m3 de agua para su campo de golf.
LasNoticiasRM ha tenido acceso a una Orden de la Consejería de Medio ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor que resuelve la solicitud de acceso a información pública de un ciudadano que pretendía conocer “el Programa de Vigilancia Ambiental de Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental relativa al proyecto de transformación de terrenos, campo de golf y estación depuradora de aguas residuales, en el paraje de Villarreal, en el término municipal de Lorca, a solicitud de Blue Lor, S.L.”.
La solicitud pedía “copia de todos los informes emitidos por cualquier entidad, empresa o persona, y los informes emitidos por cualquier departamento del ejecutivo regional relacionados con el Programa de Vigilancia Ambiental” de la citada empresa relacionados con el complejo turístico Lorca Golf Resort.
Según la respuesta dada por la Consejería, firmada por el Director General de Medio Ambiente Juan Antonio Mata Tamboleo el pasado 3 de octubre, la citada dirección general consultó al Servicio de Inspección y Control Ambiental y este le respondió adjuntando tan solo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada en el BORM el 7 de septiembre de 2005.
Las explicaciones dadas por el servicio de inspección para justificar que no conste ningún documento de control medioambiental desde el 2005 hasta ahora son varias. Comienzan indicando que la “DIA se realizó conforme a Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia,”, la cual fue “derogada por la actual ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada”.
Continúan confirmando que “el seguimiento y vigilancia de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos formuladas de acuerdo a la normativa anterior a esta ley” corresponde a la Comunidad Autónoma.
Para ello primero citan el derogado artículo 88 de la Ley 4/2009 el cual nos lleva al artículo 85 de la misma norma que nos indica que “corresponde a la consejería con competencias en materia de medioambiente ejercer las funciones de órgano ambiental cuando se trate de la evaluación ambiental de proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o las entidades locales de su ámbito territorial, o que deban ser objeto de declaración responsable o comunicación previa ante las mismas”.
“Respecto a la obligación de la mercantil de presentar la Declaración Anual de Medio Ambiente con las medidas de control y vigilancia recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental y las impuestas en las prescripciones técnicas de la DIA que se indica en el apartado DICTARSEGUNDO, se indica que la Ley 1/1995 establecía en su artículo 52.1 que la Declaración Anual de Medio Ambiente debían presentarlas todas las actividades potencialmente contaminantes”.
Prosigue el informe y explica que en la actualidad “la actual Ley 4/2009, en su artículo 133.1, menciona que la Declaración Anual de Medio Ambiente las deben presentar las actividades que hayan obtenido autorización ambiental autonómica” y remarca que “hay que indicar que un campo de golf no está sujeto a la obtención de una autorización ambiental autonómica”.
Este punto parece contradecirse, dado que por un lado afirma que la Declaración Anual de Medio Ambiente las deben presentar las actividades que hayan obtenido autorización ambiental autonómica, como es el caso de este resort en el que el Gobierno regional fue el responsable de aprobar su DIA, sin embargo afirman que un campo de golf no está sujeto a dicha autorización ambiental.
También justifican que no dispongan de “un certificado expedido por ECA sobre el cumplimiento por parte de la empresa de la legislación ambiental vigente, del Programa de Vigilancia Ambiental”, dado que la actual Ley 4/2009 no obliga a ello.
10 años sin controlar que cumpliera con el Anexo IV de la Ley 34/2007
Pero lo más grave de todo este asunto es que el Gobierno regional tampoco cumplió con su obligación legal de controlar que la empresa cumpliera con el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera que obligaba a la empresa Blue Lor SL a adaptar su actividad al Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, comunicando su actividad al Grupo C de las Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA).
La empresa debía cumplir con la legislación indicada como muy tarde el pasado 30 de enero de 2015 y por tanto desde esa fecha el Gobierno regional debería haber girado acta de sanción contra la mercantil por el incumplimiento además de obligarle a realizar lo indicado en la Ley.
20 años sin exigir el cumplimiento medioambiental
Así las cosas, la Consejería de Medio Ambiente lleva casi 20 años sin exigir el cumplimiento medioambiental a la empresa y 10 sin controlar que cumpliera con el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Además, ‘off the record’, inspectores consultados por LasNoticiasRM nos indican que este caso no es una excepción y que no hay ningún control ni seguimiento de los programas de vigilancia ambiental vigentes en la Región de Murcia.
Pelotazos urbanísticos con agua robada
La operación urbanística que dio lugar a Lorca Golf Resort, ubicado en el Paraje Villarreal (Lorca) y perteneciente al grupo catalán Alze, ha estado marcada por la controversia desde sus inicios. Ahora, la situación ha tomado un giro más oscuro con el masivo robo de agua que se ha prolongado durante 17 años, secando cinco manantiales y causando daños ambientales valorados en 65 millones de euros, según la Guardia Civil.
Para empezar, la compra de los terrenos aledaños a la Sierra de la Almenara, en el año 2000, donde se construyó el campo de golf de 18 hoyos con todos los parabienes del Gobierno regional del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel y del consistorio lorquino no fue del todo lícita.
Según se desprende del sumario judicial del caso Pretoria de corrupción urbanística “adicionalmente al precio que se hizo constar en la escritura, se hizo un pago en «B» de 150 millones de pesetas”. El sumario judicial alude a la familia Dalmau propietaria del grupo empresarial Alze, empresa familiar fundada en 1968 dedicada principalmente a la promoción inmobiliaria que en los años 90 entraron en el mundo del golf.
El Caso Pretoria, que se inició en 2009 impulsado por el juez Baltasar Garzón, es un caso de corrupción urbanística que involucró a políticos, empresarios y funcionarios principalmente en Cataluña. Este caso se centró en delitos como soborno, blanqueo de dinero y fraude, relacionados con operaciones urbanísticas irregulares. Los sentenciados por la Audiencia Nacional en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, lo que les proporcionó importantes beneficios y comisiones.
Lorca Golf Resort, que tardó 11 años en ver la luz, es hoy una urbanización fantasma, sin apenas residentes, y un campo de golf que se dejó de regar cuando saltó el escándalo del robo de agua hace poco más de un año. Hasta esa fecha relucía verde en toda su extensión por el riego con agua extraída de manera ilegal que la Confederación Hidrográfica del Segura no detectó.
El SEPRONA seguirá investigando
La Guardia Civil seguirá investigando. Trata de comprobar si ese campo de golf en Lorca también estaba recibiendo agua del trasvase del Tajo mediante alguna tubería oculta que entroncaría con el canal del trasvase en Almendricos. No sería la primera vez. Según denuncia Greenpeace, algunos campos de golf, como el de la urbanización Camposol en el paraje de «El Saladillo» (Mazarrón) se riega directamente con agua del trasvase Tajo-Segura mediante un sistema de tuberías que sustrae ilegalmente el agua destinada a los regadíos.
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