► El Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial requirió al consistorio ribereño dirigido por José Miguel Luengo requirió documentación en referencia a la contratación del abogado Salvador Pérez
► Las actuaciones forman parte de las diligencias ordenadas por la Fiscalía de Cartagena derivadas de la denuncia que presentó el abogado José Luis Mazón
LasNoticiasRM ha tenido acceso en exclusiva al oficio remitido por el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, fechado el pasado 27 de mayo, donde requiere al Ayuntamiento de San Javier para que le haga llegar cierta documentación relativa a la adjudicación de un contrato menor y una licitación al abogado Salvador Pérez para gestionar la defensa legal del consistorio en el caso Aqualia.
Concretamente el estamento policial requiere documentación referente a tres expedientes de contratación.
Decisio Consulting
Por un lado, solicita el expediente de la licitación del contrato, en vigor, celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa Decisio Consulting SL, debido a que era el servicio legal ya contratado por el consistorio y que José Miguel Luengo desechó alegando que no tenían experiencia ni capacidad para gestionar la acción legal que había que plantear en este caso.
En el acuerdo de iniciación del expediente de contratación de la defensa del caso Aqualia que finalmente se adjudicó a Salvador Pérez se hace referencia a que el Ayuntamiento de San Javier ya disponía de un contrato vigente para la defensa letrada y el ejercicio de acciones judiciales adjudicado a la empresa Decisio Consulting SL “pero en modo alguno puede amparar un pleito de estas características, no solo por su cuantía, que ya lo configura como el más importante para el municipio de toda su historia, sino también por su nivel de especificidad y dificultad”.
En otras palabras, el despacho de abogados contratado de forma habitual por el consistorio parece que solo sirve para asuntos menores, según el criterio del Ayuntamiento de San Javier, pese a que en la página web de la empresa afirman tener “más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la Abogacía en ámbitos relacionados con el Sector Público“.
LasNoticiasRM se interesó por conocer la opinión del despacho de Decisio y se puso en contacto con Miguel Porras cuando saltó la noticia, uno de los socios principales del bufete, quien nos indicó que declinaba realizar cualquier valoración al respecto de este asunto.
Contrato menor a Salvador Pérez
Por otro lado, la unidad de delincuencia económica de la Guardia Civil también solicita el «expediente del contrato menor identificado como ‘preparación, presentación y seguimiento de expediente e incidencias del descrito de interposición del recurso ante el TSJ de Murcia’ al letrado Salvador Pérez por un importe de 14.800 €, al que le corresponde por IVA la cantidad de 3.108 €, siendo el precio total de 17.908 €».
Recordemos que la celebración de este contrato menor trajo bastante polémica puesto que se adjudicó de la noche a la mañana por un importe cercano al límite legal del contrato menor.
Licitación de contrato mayor adjudicada al mismo abogado
Igualmente, la Guardia Civil solicita que «se informe del estado actual de la licitación del contrato de servicios para «asistencia Letrada para Recurso Contencioso-Administrativo Expediente 1419/2022» que por la fecha de la petición aún no se había adjudicado a Salvador Pérez.
En LasNoticiasRM ya informamos de esta licitación dado que según los expertos jurídicos consultados, los requisitos exigidos en la misma hacían «pensar que pudiera estar dirigida».
Los criterios de adjudicación guardaban un gran parecido con el currículum de Salvador Pérez Alcaraz, contratado previamente vía contrato menor para la interposición del escrito de recurso y la solicitud de medidas cautelares, contrato que también investiga la Fiscalía.
Denuncia ante Fiscalía
La investigación iniciada por la Guardia Civil deviene de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la Región de Murcia la Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, quien consideraba que “los responsables del ayuntamiento de San Javier” podrían haber incurrido en “un posible delito de prevaricación ex. Art 404 CP de fraccionamiento de contrato de defensa jurídica ‘con foto robot del adjudicatario’”
Dicha denuncia provocó la apertura de las diligencias de investigación preprocesal número 37/24, ordenadas por el Fiscal del Área de Cartagena.
Caso Aqualia
El concurso del agua, adjudicado presuntamente de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros fue suspendido tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Dicha decisión se fundamentó por el cuestionamiento de diversos aspectos del proceso, desde presuntas irregularidades en las valoraciones hasta posibles conflictos de interés entre la empresa ganadora, Aqualia, y los entes responsables de la adjudicación, Ingeagua y el Ayuntamiento de San Javier.
Además la Fiscalía de Cartagena investigó las posibles irregularidades relacionadas con el concurso público y la presunta connivencia entre Luengo, FCC Aqualia e Ingeagua.
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