El Grupo Parlamentario Socialista logra el apoyo de la Asamblea Regional para las víctimas de la trama de explotación sexual por la que han sido condenados 13 empresarios de la Región de Murcia
Marisol Sánchez destaca la necesidad de educar más y mejor, “para que los niños y niñas de hoy puedan construir sociedades más igualitarias, más sanas, más civilizadas y más seguras en el mañana”
El Grupo Parlamentario Socialista ha sacado adelante una moción en la Asamblea Regional para aumentar la formación en las aulas, así como a los padres y madres, para prevenir abusos sexuales. La iniciativa también incluye el apoyo unánime y sin fisuras de todos los miembros de la cámara autonómica a las víctimas de la trama de explotación sexual por la que han sido condenados 13 empresarios de la Región de Murcia.
La viceportavoz, Marisol Sánchez, ha sido la encargada de defender esta moción en el pleno de esta tarde y ha explicado que el aumento de la formación en todas las etapas educativas del menor se llevará a cabo a través de un currículum académico que integre sin tapujos una educación sexual acorde en cada momento a la edad del alumnado, “con especial hincapié en la prevención de abusos sexuales, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc”.
“Además, la iniciativa contempla incrementar los conocimientos y la formación de los padres y madres en la prevención y detección de posibles casos de abusos sexuales a menores, bullying, ciberacoso, tentativas de suicidio, etc., a través de subvenciones finalistas destinadas a las AMPAs de la Región que estén interesadas en impartir esta formación y reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria”, ha destacado.
“El vergonzoso acuerdo judicial al que ha llegado la Fiscalía, que libra de la cárcel a 13 empresarios de la Región condenados por abusar de menores, no es un caso aislado. Hay centenares de casos de agresiones y abusos sexuales, explotación sexual, trata de seres humanos o difusión de vídeos con contenido sexual en redes sociales”, ha lamentado.
En este sentido, Sánchez Jódar ha indicado que esta es una situación especialmente sensible y que no tiene ideología política.
“No es un caso aislado, es una lacra que se extiende, tal y como demuestran los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior en el balance de criminalidad del primer semestre de 2024, en el que suben notablemente los delitos contra la libertad sexual, un 21 %, e incluye un crecimiento del número de violaciones del 11 %”, ha resaltado.
“Por tanto, está claro que tenemos que hacer más, y todos los expertos coinciden que es vital comenzar desde las edades más tempranas. Tenemos que educar más y mejor, para que los niños y niñas de hoy puedan construir sociedades más igualitarias, más sanas, más civilizadas y más seguras en el mañana”, ha finalizado.
“El pacto de la vergüenza”
Sánchez Jódar ha recordado que esta trama de explotación sexual, la Operación Baúl, fue descubierta en 2014 y empezó con 29 detenidos. “La justicia ha tardado 10 años en instruir y juzgar el caso de explotación sexual de menores, 10 años en sentar en el banquillo a todos estos depravados sexuales”.
“Tras llegar a un pacto con la Fiscalía, ‘el pacto de la vergüenza’, las penas se han reducido a unos pocos meses, por lo que los pederastas que pagaban para abusar sexualmente de menores de edad no entrarán en prisión y solo tendrán que pagar de 500 a 2.000 euros, como si hubiesen cometido una infracción de tráfico”, ha denunciado.
Al hilo, ha insistido en que no vale como excusa los retrasos del sistema judicial. “Todas las personas implicadas tenían pleno conocimiento de que las chicas eran menores de edad vulnerables”.
“Por todo ello, al margen de la vergüenza que cada uno de nosotros, hombres y mujeres de esta región, podamos sentir, tanto por los hechos relatados como por el acuerdo judicial al que ha llegado la Fiscalía para que estos delincuentes salgan prácticamente impunes, es nuestro deber como sociedad poner el acento en el peligro que este tipo de resoluciones judiciales suponen para el desarrollo y la convivencia de una sociedad cívica y sana en la que nuestra hijas crezcan seguras”, ha apostillado.
Para terminar, la diputada regional ha aseverado que “con este acuerdo de la vergüenza, el peligroso mensaje que la Audiencia Provincial de Murcia manda a toda la sociedad es que, con poder y buenos abogados, en esta región puede seguir siendo un violador”.
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