España invierte solo un 1,5 % del PIB en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4 % de la media europea
Los presupuestos públicos deben invertir en políticas de protección social a la infancia y las familias para reducir la pobreza infantil en España, que se sitúa en el 29 %
Ante la situación de pobreza infantil en nuestro país, UNICEF España recuerda que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 -a nivel nacional, autonómico y local- deberían poner a la infancia en el centro.
“Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”, asegura José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
“El riesgo de pobreza de la población menor de 18 años ha aumentado del 28 % al 2 9 % respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye, y también sigue aumentando la privación material infantil, del 10 al 12 %. Esto hace urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.
España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea (UE): solo el 17 %, frente a la media del 41 % de toda la UE o más del 50 % en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia.
Además, nuestro país invierte solo un 1,5 % del producto interior bruto (PIB) en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4 % del PIB de la media europea (354 euros de gasto por habitante en nuestro país, frente a 678 euros en la UE).
Por ello UNICEF España pide, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los PGE 2025, y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.
“Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”, explica Vera. “Según los análisis de UNICEF España y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales”.
Según los cálculos de UNICEF España -basados en los perfiles de gasto del último año-, equipararnos a Europa en protección social de la infancia supondría una inversión de unos 7.659 millones de euros por parte del gobierno central, cifra que se acerca bastante al coste de la medida anteriormente mencionada (8.668 millones de euros), que permitiría llevar a 440.000 niños y niñas fuera de la situación de pobreza y mejorar las condiciones de crianza en todos los hogares con personas menores de edad.
Para el conjunto de las comunidades autónomas supondría un esfuerzo de 1.937 millones de euros más para, por ejemplo, implementar la Garantía Infantil Europea (garantizar el acceso a servicios clave, como educación 0-3 años gratuita o una comida adecuada al día, a todos los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad); y 1.524 millones de euros a las entidades locales, para reforzar los servicios sociales de proximidad.
Los presupuestos 2025 (del estado, autonómicos y locales) suponen una excelente oportunidad para mejorar la inversión en infancia en general y la protección social de la infancia en particular, para reducir la pobreza infantil y generar mayores beneficios sociales y económicos para toda la sociedad.
Situación social de la Infancia en la Región de Murcia
UNICEF España ha realizado un análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes en cada comunidad autónoma, basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023.
En el caso de la Región de Murcia, el 38,8% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años (108.000 personas) se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), mientras que el riesgo de pobreza es del 33,7%, unas 103.000 personas menores de 18 años. Un 8,8% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en la Región (27.000 personas, casi una de cada diez) vive en hogares en situación de carencia material y social severa; el 49% de los hogares con niños y niñas no pueden hacer frente a gastos imprevistos y el 21% sufre retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.
Las situaciones de carencia o privación material tienen un alcance diverso entre los hogares de la región que cuentan con alguna persona menor de edad:
- Casi 5 de cada diez hogares (49%) no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.
- Cerca de 4 de cada 10 hogares (38,5%) no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
- El 21,5% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
- El 21,1% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o compras a plazos.
- El 3,5% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
En el periodo 2022-2023 la tasa AROPE se ha reducido ligeramente entre los niños, niñas y adolescentes murcianos. De sus tres componentes el único que ha aumentado ha sido el de carencia material y social severa, que ha pasado de un 5,1% a un 8,8%. Por el contrario, la tasa de baja intensidad en el empleo ha disminuido en 1,5 puntos porcentuales y la de riesgo de pobreza en 3,5 puntos, pasando de un 37,2% al 33,7%. En términos generales, estas variaciones han supuesto una reducción de 2,5 puntos porcentuales de la tasa AROPE, que ha pasado del 41,3% en 2022 a un 38,8% en 2023.
Los datos han mejorado respecto al año anterior, sin embargo, los altos niveles de riesgo de pobreza y exclusión social que desde hace varios años se advierten en la Región de Murcia requieren de un abordaje más intenso y con mayor impacto, siendo necesario que se incremente la inversión, se elaboren los presupuestos en clave de infancia y se establezcan políticas estratégicas y eficaces para abordar esta problemática.
Desde UNICEF Comité Murcia planteamos 10 propuestas para la acción en clave de derechos de infancia en las políticas públicas y en la Ayuda Oficial al Desarrollo, la infancia como prioridad presupuestaria, la protección social, educación, salud mental y derechos digitales.
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