Alfonso Martínez acusa al PP de instrumentalizar la seguridad ciudadana en Totana con fines políticos
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En un reciente comunicado, Alfonso Martínez Baños, diputado regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha acusado al Partido Popular (PP) de utilizar la seguridad ciudadana en Totana como herramienta para obtener rédito político. Martínez Baños se refiere a la propuesta presentada por el PP en la Asamblea Regional, que solicita la creación de una comisaría de Policía Nacional en el municipio.

Según el diputado socialista, esta iniciativa es inviable a menos que se pretenda eliminar la actual presencia de la Guardia Civil en Totana. «Llevar a cabo lo que propone el PP obligaría a cambiar la distribución territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región», afirmó Martínez Baños. Explicó que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad regula la presencia territorial de la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar solapamientos. Por lo tanto, la instalación de una comisaría de Policía Nacional en Totana implicaría automáticamente una disminución de la presencia de la Guardia Civil en la zona.

Martínez Baños calificó de «tremendamente irresponsable» que el PP utilice un tema tan sensible para la población de manera «populista y demagógica». Subrayó que la reducción de la criminalidad no se logra mediante oportunismo político ni generando falsas expectativas, sino apoyando con más agentes, recursos y mejores infraestructuras a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

El diputado socialista destacó que España es uno de los países más seguros del mundo, con una tasa de criminalidad que en la Región de Murcia se sitúa 3,5 puntos por debajo de la media nacional. En Totana, esta cifra es aún menor, con 8,4 puntos por debajo de la media del país. Además, en el primer semestre de 2024, la criminalidad convencional en Totana disminuyó un 1,6%.

Martínez Baños recordó que el PP ya solicitó una comisaría en Totana durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero dejó de hacerlo durante el mandato de Mariano Rajoy, y ahora retoma la petición bajo el gobierno de Pedro Sánchez. «Blanco y en botella», comentó, insinuando que la propuesta responde a intereses partidistas más que a una necesidad real del municipio.

El diputado también señaló que durante los años de gobierno del PP en España, las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil disminuyeron, mientras que bajo administraciones socialistas han aumentado. «Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cada día se perdieron en España 5 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, y durante el Gobierno de Pedro Sánchez se han ganado cada día 6,5 agentes de ambos cuerpos», afirmó.

Por último, Martínez Baños propuso en la Asamblea Regional continuar incrementando las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como mejorar los medios materiales y las infraestructuras disponibles para ambos cuerpos en la Región de Murcia. Destacó que, según datos oficiales, la curva de efectivos de las fuerzas de seguridad muestra un aumento significativo durante los gobiernos socialistas, en contraste con las reducciones observadas bajo administraciones del PP.

Esta controversia pone de manifiesto las diferencias entre los partidos políticos en cuanto a la gestión de la seguridad ciudadana y la distribución de las fuerzas de seguridad en la Región de Murcia. Mientras el PP defiende la creación de una comisaría de Policía Nacional en Totana, el PSOE argumenta que esta medida podría comprometer la presencia de la Guardia Civil y alterar el equilibrio territorial establecido por la legislación vigente.

La discusión también refleja una preocupación más amplia sobre cómo se abordan las cuestiones de seguridad pública en el ámbito político y la importancia de basar las decisiones en análisis objetivos y necesidades reales de la población, evitando el uso de temas sensibles con fines partidistas.

En este contexto, la colaboración y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y las instituciones de seguridad se presentan como elementos clave para garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos, asegurando que las políticas implementadas respondan efectivamente a las demandas y realidades de cada comunidad.

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