► El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha emitido otro dictamen que revela importantes deficiencias en el proyecto de Decreto presentado por el Gobierno de López Miras para regular la composición y funcionamiento del Consejo del Mar Menor
En su Dictamen nº 282/2024, el CJRM resalta fallos procedimentales y legales que ponen en duda la validez del proyecto y cuestiona la calidad del proceso legislativo llevado a cabo por el Ejecutivo regional.
Omisión de consultas clave y fallos procedimentales
Una de las críticas más contundentes del CJRM es la omisión del informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CARMA), un paso fundamental dado el impacto ambiental de las funciones del Consejo del Mar Menor. Esta falta de consulta se considera un vicio de procedimiento que podría invalidar el Decreto. El CJRM subraya: “Dadas estas funciones de toma de conocimiento y consideración, valoración, proposición, etc., sobre las diversas actuaciones a realizar en orden a la protección, conservación, gestión y recuperación del Mar Menor, consideramos que resulta evidente la incidencia ambiental que dichas funciones tienen sobre el Mar Menor, justificando el sometimiento del Proyecto al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente”.
Este descuido refleja una falta de rigor en la tramitación por parte del Gobierno de López Miras y pone en evidencia una gestión apresurada que podría tener graves consecuencias legales.
Invasión de competencias y errores legales
El CJRM también critica la invasión de competencias que supone el proyecto al establecer que los representantes de la Administración General del Estado serán designados por el departamento ministerial competente. Esta disposición contraviene las normas de la Administración central y se califica como una “observación esencial” que debe corregirse de inmediato. Este tipo de errores no solo debilita la validez del Decreto, sino que refleja un manejo deficiente del marco normativo por parte del Gobierno regional.
Redacción inadecuada y falta de precisión
El dictamen detalla la falta de precisión en la redacción del proyecto, lo que denota una revisión insuficiente. Por ejemplo, el artículo 3, que aborda la composición del Consejo, utiliza incorrectamente el término “miembros” en lugar de “personas pertenecientes”, generando ambigüedades. Estos fallos pueden parecer menores, pero en un documento legal tienen implicaciones significativas.
Además, se señalan errores básicos como la redundancia en el artículo 20, que menciona: “La adopción de acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos”. Esta falta de cuidado en la redacción subraya una revisión técnica insuficiente por parte del Gobierno.
Deficiencias en la transparencia del proceso
El CJRM también indica que, aunque se realizaron algunas consultas y audiencias, estas se refirieron por error a otro proyecto, el Decreto del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Este tipo de fallos administrativos revelan una falta de gestión adecuada y un incumplimiento en la transparencia y participación pública necesarias en un proceso legislativo de esta magnitud.
Urgencia de revisión y mejoras
El dictamen concluye que, aunque la Comunidad Autónoma tiene competencias para regular el Consejo del Mar Menor, es imprescindible corregir las observaciones esenciales antes de proceder con la aprobación del Decreto. La omisión del informe del CARMA y las invasiones de competencias deben ser abordadas de inmediato. “Se consideran observaciones esenciales al Proyecto de Decreto que han de ser subsanadas antes de su elevación al Consejo de Gobierno”, señala el CJRM.
El documento advierte que no será necesario un nuevo dictamen, salvo que el informe del CARMA derive en cambios significativos. No obstante, el conjunto de errores señalados por el CJRM deja en evidencia una falta de atención al detalle y una gestión deficiente por parte del Gobierno de López Miras en la elaboración de una normativa clave para la protección del Mar Menor.
Este dictamen refuerza la necesidad de un enfoque legislativo más sólido y comprometido. La protección del Mar Menor requiere una normativa rigurosa y bien estructurada, y el proceso actual, según el CJRM, está lejos de cumplir con esas expectativas.
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