► Un ciudadano denuncia el incumplimiento en la entrega de documentos requeridos sobre un contrato menor
La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) se encuentra en el centro de la polémica tras no acatar completamente una resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que instaba a la entrega íntegra de la documentación solicitada por un ciudadano. Este caso, relacionado con el acceso a información sobre un contrato menor, expone posibles deficiencias en el cumplimiento de las normativas de transparencia pública.
El Consejo de la Transparencia, en su resolución del 10 de julio de 2024, determinó que la APC debía entregar toda la documentación asociada a un contrato de consultoría y asesoría jurídica adjudicado en 2023, cuyo valor fue de 17.908 euros. Sin embargo, el ciudadano que presentó la solicitud asegura que la información proporcionada sigue siendo incompleta, lo que llevó a nuevos requerimientos para garantizar la ejecución plena de la resolución.
Documentación incompleta y alegaciones de confidencialidad
La APC alega que ha entregado toda la documentación correspondiente al expediente, incluida la memoria justificativa, el pedido de contratación y las facturas emitidas. Sin embargo, ha negado el acceso a otros documentos argumentando su carácter confidencial, conforme al artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Este artículo protege los secretos técnicos o comerciales y otros aspectos confidenciales que puedan falsear la competencia.
El ciudadano que presentó la solicitud ha cuestionado esta interpretación de la norma, calificándola de “adaptación interesada e imaginativa de la ley”. Según su requerimiento, no se han proporcionado pruebas de que los presupuestos presentados por las empresas involucradas fueran declarados confidenciales, un extremo que considera fundamental para justificar las decisiones de adjudicación.
Reiterados incumplimientos y requerimientos del CTBG
Tras el incumplimiento inicial de la APC, el Consejo de la Transparencia emitió varios requerimientos instando al organismo a cumplir con la resolución. En respuesta, la APC mantuvo su postura, reiterando que la información entregada cumplía con los requerimientos legales y defendiendo su interpretación de las normativas aplicables.
El Consejo, por su parte, ha recordado en múltiples ocasiones que las obligaciones de publicidad activa no excluyen el derecho de acceso a la información pública reconocido en la Ley de Transparencia. Este principio implica que la existencia de información publicada en portales oficiales no exime a las entidades públicas de entregar documentación adicional cuando se solicita.
Continuidad en la opacidad bajo el mandato de Pedro Pablo Hernández
La reciente designación de Pedro Pablo Hernández como presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha generado expectativas sobre posibles cambios en la gestión y transparencia de la institución. Sin embargo, las acciones actuales reflejan una continuidad en las prácticas de opacidad que caracterizaron la administración anterior.
Hernández, quien asumió oficialmente el cargo hace unas semanas tras casi dos años como vicepresidente y presidente en funciones, ha mantenido la postura de la APC respecto al acceso a la información pública. Esta actitud ha suscitado críticas, ya que su predecesora, Yolanda Muñoz, se vio obligada a dimitir en enero de 2023 tras ser imputada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y contratación de personal en el puerto.
La continuidad en la negativa a proporcionar información completa y transparente sobre los contratos menores adjudicados por la APC sugiere que, bajo la dirección de Hernández, persisten las mismas prácticas que llevaron a la dimisión de Muñoz. Esta situación pone en entredicho el compromiso de la nueva administración con la transparencia y el buen gobierno, principios fundamentales para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Impacto en la confianza ciudadana
Este caso ha puesto en tela de juicio la gestión de la APC y su compromiso con la transparencia. Además, refleja la dificultad de los ciudadanos para obtener información pública en casos donde las entidades se amparan en interpretaciones restrictivas de las normativas de acceso.
La falta de cumplimiento pleno de la resolución del CTBG podría tener implicaciones más amplias, no solo para la APC, sino también para otras entidades públicas que deben garantizar la transparencia en sus actuaciones. Este caso subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control y cumplimiento para asegurar que los derechos de acceso a la información sean respetados en su totalidad.
Mientras tanto, el ciudadano afectado ha anunciado que continuará agotando todas las vías legales disponibles para obtener la documentación completa y garantizar que las resoluciones de los organismos de transparencia sean cumplidas sin restricciones indebidas.
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