El concejal del PSOE de San Javier, Pedro Górriz, ha expresado su asombro y preocupación por la situación dada en la que Salvador Pérez será al mismo tiempo abogado defensor y acusación en dos procesos legales que implican al Ayuntamiento y al grupo FCC
Pedro Górriz: «Nos sorprende que alguien a quien pagamos una suma importante para actuar en defensa de FCC Aqualia, ahora nos demande en nombre de FCC Medio Ambiente»
Según Górriz, la presentación de un recurso contencioso contra el Ayuntamiento es legítima, pero lo que llama su atención es la manera en la que se ha llevado a cabo y, especialmente, la persona que figura como firmante de este recurso.
En sus declaraciones, Górriz recordó que en junio de este año el Ayuntamiento adjudicó un contrato por 145.200 euros al abogado Salvador Pérez Alcaraz, el cual está siendo investigado por la Fiscalía por un un posible delito de prevaricación ex. Art 404 CP de fraccionamiento de contrato de defensa jurídica.
Este contrato tenía como objetivo impugnar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que había anulado el procedimiento del controvertido contrato del agua. Según Górriz, en su momento ya alertaron sobre el gasto innecesario, ya que las empresas afectadas defendían sus intereses de forma independiente y el Ayuntamiento parecía actuar como «escudero» de Aqualia, la empresa concesionaria.
Górriz subrayó un detalle que considera clave: la empresa no solo es Aqualia, sino FCC Aqualia, y ahora el mismo abogado contratado por el Ayuntamiento está representando a FCC Medio Ambiente en un recurso contra el consistorio. «Nos sorprende que alguien a quien pagamos una suma importante para actuar en defensa de FCC Aqualia, ahora nos demande en nombre de FCC Medio Ambiente», afirmó.
El concejal socialista cuestionó la ética de esta situación: «Es difícil de entender que el mismo abogado que defiende nuestros intereses junto a una empresa actúe luego contra nosotros en otro asunto, con la misma empresa de por medio». Górriz destacó que los profesionales de la abogacía tienen un código deontológico que impide ejercer en casos de posibles conflictos de intereses, e instó a las autoridades municipales a dar explicaciones y reflexionar sobre este caso.
Finalmente, Górriz advirtió de la posibilidad de que el pleito acabe en una derrota para el Ayuntamiento, y sugirió que esta situación podría haberse evitado si se hubiera actuado con mayor transparencia y responsabilidad.
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