El portavoz del PSOE en Cartagena, Manolo Torres, alerta sobre el impacto de la posible revocación del convenio con Accem y acusa al gobierno local de priorizar pactos políticos sobre las necesidades humanitarias
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cartagena, Manolo Torres, ha denunciado que la decisión de la alcaldesa Noelia Arroyo de revocar el convenio con Accem para el uso de la antigua residencia de la calle Caballero pondría en la calle a numerosas familias refugiadas, incluidas aquellas de origen ucraniano con niños. Esta medida, según Torres, responde a las presiones de Vox, que acusa al Partido Popular de ceder ante un discurso xenófobo.
“En la residencia hay familias, algunas con niños pequeños, que dependen de este techo para sobrevivir. La retirada de este recurso no solo es inhumana, sino que evidencia cómo Arroyo está comprando el discurso del odio de Vox”, afirmó Torres en un comunicado emitido el 20 de noviembre. Según el portavoz socialista, la residencia actualmente alberga a cerca de 50 personas, entre ellas refugiados ucranianos y de otros países, que seguirían necesitando ayuda urgente.
Un contexto de división en el consistorio
Torres anunció que en el próximo Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo solicitará que se amplíe la cesión de las instalaciones a Accem, argumentando que el convenio continúa cumpliendo los objetivos para los cuales fue firmado originalmente. El portavoz socialista enfatizó que la revocación responde exclusivamente a cálculos políticos: “El Ayuntamiento de Cartagena no debe negar ayuda humanitaria a estas familias por cuatro votos que mantengan al PP en el Gobierno”, declaró.
El Partido Socialista ha criticado en múltiples ocasiones el acercamiento del PP al discurso de Vox, subrayando las “nefastas consecuencias” que esta alianza política está teniendo para los ciudadanos más vulnerables. La posible clausura de la residencia de la calle Caballero sería, según Torres, un ejemplo evidente de cómo este alineamiento afecta directamente a la población más desfavorecida.
La labor de Accem en la acogida a refugiados
Accem, la entidad beneficiaria del convenio con el Ayuntamiento de Cartagena, es una organización que trabaja en la acogida e integración de personas refugiadas y migrantes. Desde que asumió la gestión de la residencia de la calle Caballero, ha brindado refugio a decenas de familias, muchas de ellas huyendo de conflictos bélicos como el de Ucrania. El portavoz socialista destacó que esta colaboración ha sido fundamental para garantizar una respuesta solidaria y eficaz ante la crisis humanitaria.
“La decisión de cerrar la residencia no solo afecta a los refugiados que se encuentran allí ahora, sino que envía un mensaje de rechazo hacia los valores de solidaridad y acogida que debería defender nuestro municipio”, agregó Torres.
Un mensaje de alerta
La denuncia de Torres llega en un momento de creciente tensión política en Cartagena, donde los acuerdos entre el Partido Popular y Vox han generado controversia. Según el PSOE, estas decisiones no solo están polarizando al consistorio, sino que también están teniendo un impacto directo en las políticas sociales y humanitarias.
El portavoz socialista acusó al gobierno local de priorizar los pactos políticos sobre las necesidades de las personas. “Estamos hablando de seres humanos, de familias enteras que necesitan nuestra ayuda. No podemos convertir sus vidas en moneda de cambio político”, concluyó Torres.
Cartagena y el reto de la solidaridad
La posible revocación del convenio con Accem pone en entredicho el compromiso del Ayuntamiento de Cartagena con la atención a las personas refugiadas. En un contexto global donde las crisis humanitarias se han intensificado, las decisiones locales adquieren una relevancia aún mayor. Cartagena, con una tradición de solidaridad, enfrenta ahora un reto crucial: mantenerse fiel a esos valores o ceder ante las presiones políticas.
Esta situación abre un debate sobre el papel de los gobiernos locales en la gestión de la ayuda humanitaria y la responsabilidad de las instituciones frente a discursos que, según el PSOE, fomentan la xenofobia y el odio. La ciudadanía también juega un papel clave, al exigir transparencia y humanidad en las decisiones que afectan a los más vulnerables.
Una decisión que marcará el futuro
Mientras el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo se prepara para abordar el tema, el futuro de estas familias sigue en el aire. La resolución de este conflicto será un indicador claro de hacia dónde se dirige el gobierno municipal en Cartagena y cómo equilibrará las presiones políticas con su compromiso social.
En tiempos de crisis, las decisiones institucionales son cruciales. Lo que ocurra en los próximos días definirá no solo el destino de estas familias, sino también la imagen de una Cartagena comprometida con la humanidad y la solidaridad.
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