Juicio oral contra el exconsejero Cerdá y otros 14 implicados en el caso de la desaladora de Escombreras

Juicio oral contra el exconsejero Cerdá y otros 14 implicados en el caso de la desalinizadora de Escombreras

La Fiscalía pide 8 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación, fraude y malversación en el polémico «caso La Sal»

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La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y otros 14 acusados en el marco de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras, conocido en el ámbito policial y periodístico como el «caso La Sal» o «caso Desaladora».

La magistrada ha imputado a Cerdá y a otros exmiembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, por presuntos delitos de prevaricación continuada en concurso con fraude y malversación de caudales públicos. La Fiscalía solicita para ellos 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta, además de una indemnización de 70 millones de euros por los daños ocasionados, suma a la que también se ha adherido la acusación popular.

Además, se ha abierto juicio oral contra varias empresas como posibles responsables civiles y partícipes lucrativos en las presuntas irregularidades. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), personada como actor civil, reclama una indemnización de 74,19 millones de euros por el perjuicio económico derivado del proyecto.

Fianza y nuevas medidas cautelares

Como medida cautelar, la jueza ha requerido a los acusados que presenten una fianza de 70 millones de euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que puedan surgir del juicio. De no abonarse, se procederá al embargo de sus bienes. La magistrada también ha ordenado la apertura de una pieza separada para asegurar el depósito de las cuotas del contrato de arrendamiento de la desalinizadora en una cuenta judicial, en respuesta a la solicitud de la CARM y el Ministerio Fiscal.

La Audiencia Provincial de Murcia será la encargada de juzgar el caso.

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