La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia ha confirmado una sanción de 15.000 euros, además de una indemnización de más de 70.000 euros, contra la empresa Ganadería La Tova, tras la muerte de diez buitres leonados en 2020
La resolución, firmada recientemente por el Secretario General Enrique Ujaldón, se basa en un recurso administrativo presentado contra una decisión de la Dirección de Medio Natural, que imputaba la responsabilidad a la ganadera.
Buitres electrocutados en líneas eléctricas sin protección
La investigación ambiental inició en 2019, cuando agentes medioambientales hallaron los cuerpos de los buitres al pie de estructuras de alta tensión ubicadas en las cercanías y en el interior de la explotación porcina de Ganadería La Tova. Según los informes, estas instalaciones eléctricas carecían de las medidas de aislamiento necesarias para evitar la electrocución de la fauna local, lo que provocó la muerte de los animales.
Incumplimiento de la normativa de protección avifaunística
Antes de sancionar, en enero de 2020, Medio Ambiente solicitó a Ganadería La Tova que adecuara sus líneas eléctricas. Sin embargo, en junio de ese año, los agentes ambientales confirmaron que la empresa no había realizado las correcciones solicitadas, justificando su incumplimiento en la pandemia. En una inspección posterior, en noviembre, se verificó que los tendidos seguían sin el aislamiento necesario.
Ganadería La Tova alegó en su defensa que no tuvo intención de incumplir la normativa. No obstante, la Dirección General de Medio Ambiente recordó que, desde una resolución emitida en 2018, las empresas estaban obligadas a realizar las correcciones necesarias para evitar la electrocución de aves en zonas de alto riesgo, como el área protegida «Barranco», en la que se ubican las líneas eléctricas de La Tova.
Críticas de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
Desde ANSE, se han manifestado en desacuerdo con la reducción de casi un 60% en la indemnización inicial, que se fijó en 72.000 euros, criticando además la eliminación del ajuste por IPC. “En Castilla-La Mancha, cada ejemplar supone una sanción de 6.000 euros más el IPC”, comentaron desde la organización, evidenciando una disparidad en las sanciones por este tipo de incidentes ambientales.
La empresa Ganadería La Tova aún puede recurrir esta resolución ante los tribunales.
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