El PSOE evita el cierre del centro para refugiados en la calle Caballero en Cartagena

La intervención socialista frena la propuesta de Vox de cerrar la residencia gestionada por Accem, aunque el futuro del convenio sigue en el aire

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El Grupo Municipal Socialista de Cartagena ha conseguido frenar el cierre de la residencia para refugiados ubicada en la calle Caballero, gestionada por la ONG Accem. La medida, promovida por Vox con el respaldo de la alcaldesa Noelia Arroyo, planteaba poner fin al convenio con la entidad el próximo 5 de diciembre, lo que habría dejado a varias familias en situación de vulnerabilidad extrema.

Durante la reunión del organismo municipal Casco Antiguo, donde se debatió el futuro del centro, se decidió que este permanecerá abierto mientras continúen alojados menores de edad. Sin embargo, el portavoz socialista, Manolo Torres, advirtió que esta decisión es solo un primer paso y que el PSOE seguirá trabajando para garantizar la prórroga del convenio con Accem.

Compromiso con los derechos humanos

“Hemos logrado el compromiso de que, mientras haya menores acogidos, el centro continuará abierto. Este es sólo el primer paso porque no nos vamos a detener hasta que el convenio con Accem se prorrogue”, declaró Torres. Además, el portavoz criticó la postura de Vox y lamentó que la propuesta inicial incluyera incluso llevar a la ONG a los tribunales si no abandonaba el inmueble.

El PSOE se mostró en contra de la clausura total del centro y optó por abstenerse en la votación que permite su funcionamiento limitado. “Lo que queremos es que Accem siga utilizando este inmueble mientras haya refugiados a los que atender, sea cual sea su procedencia y edad”, subrayó Torres.

Un debate que divide al Ayuntamiento

La sesión de Casco Antiguo reveló las divisiones dentro del consistorio en torno al tratamiento de los refugiados y la gestión de los recursos municipales destinados a su acogida. Mientras Vox insistía en la necesidad de cerrar el centro, alegando el fin del convenio, el PSOE defendió la continuidad del proyecto como un compromiso humanitario esencial.

La alcaldesa Noelia Arroyo, por su parte, respaldó inicialmente la propuesta de Vox, aunque finalmente aceptó la solución transitoria para mantener el centro operativo mientras haya menores en sus instalaciones.

El papel de Accem en la acogida de refugiados

La ONG Accem, encargada de gestionar la residencia de la calle Caballero, ha jugado un papel crucial en la atención a refugiados en Cartagena. Sus servicios incluyen alojamiento, asistencia psicológica y social, además de apoyo en la integración laboral y educativa de las personas acogidas. El posible cierre del centro no solo habría afectado a los residentes actuales, sino que también habría mermado la capacidad de la ciudad para atender emergencias humanitarias futuras.

Críticas al modelo de gestión municipal

El caso de la residencia de la calle Caballero ha puesto de manifiesto las tensiones en el modelo de gestión de recursos sociales en Cartagena. Para el PSOE, la propuesta de Vox y el respaldo inicial de la alcaldesa representan una amenaza a los principios de solidaridad y respeto a los derechos humanos. Torres subrayó que la atención a los refugiados no debe estar sujeta a criterios políticos, sino basarse en el cumplimiento de las obligaciones legales y éticas que tiene el municipio.

El futuro del convenio, aún incierto

Aunque se ha conseguido una solución provisional, el futuro del convenio con Accem sigue siendo incierto. El PSOE ha dejado claro que continuará presionando para garantizar que el centro pueda seguir operando con normalidad más allá del plazo fijado en diciembre. “No pararemos hasta que el convenio con Accem se prorrogue”, reafirmó Torres.

Reacciones de la sociedad civil

Diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han mostrado su apoyo al mantenimiento de la residencia de la calle Caballero. Para muchos, el centro es un símbolo de la solidaridad de Cartagena y su compromiso con los derechos humanos. La posibilidad de su cierre ha generado preocupación entre vecinos y activistas, que temen que decisiones como esta afecten negativamente la imagen del municipio.

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