Más de 9.700 murcianos en el limbo de la dependencia y 5.000 fallecidos sin recibir ayuda reflejan el colapso del sistema
La Ley de Dependencia, aprobada hace 18 años, prometía ser un hito en la atención a las personas más vulnerables. Sin embargo, los datos más recientes reflejan que en la Región de Murcia la situación está lejos de ser ideal, con problemas estructurales que continúan afectando a miles de ciudadanos en situación de dependencia.
Una región con retrasos crónicos
La Región de Murcia destaca negativamente en varios indicadores clave del sistema de atención a la dependencia. Según el último informe del Observatorio de la Dependencia, el tiempo medio para resolver un expediente de dependencia en Murcia se sitúa en 514 días, casi tres veces más que el plazo legal establecido de 180 días. Aunque la cifra ha mejorado ligeramente respecto a años anteriores, el retraso sigue siendo inaceptable y refleja una administración incapaz de responder a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables.
El limbo de la dependencia, que incluye a las personas con derecho reconocido pero que no reciben prestación, afecta a más de 9.700 personas en la Región. Este dato sitúa a Murcia como una de las comunidades con mayores tasas de desatención, siendo superada únicamente por regiones con una población significativamente mayor.
Fallecimientos en la lista de espera
Uno de los datos más alarmantes es el número de personas que fallecen sin haber recibido las prestaciones a las que tienen derecho. En la Región de Murcia, más de 5.000 personas han muerto desde 2017 mientras esperaban una resolución de su grado de dependencia. Este hecho evidencia la lentitud de los trámites y la falta de recursos destinados a agilizar el sistema.
Además, más de 4.500 murcianos con el grado ya reconocido fallecieron antes de que se hiciera efectivo su Plan Individual de Atención (PIA), lo que refleja una administración paralizada frente a las urgencias de los ciudadanos.
Escasa inversión y desigualdades del gobierno de López Miras
El gasto público por persona dependiente atendida en la Región de Murcia es inferior al promedio nacional, con un sistema que apuesta mayoritariamente por prestaciones económicas de bajo coste en lugar de servicios directos como centros de día o residencias. Esto no solo precariza la calidad de vida de las personas dependientes, sino que también descarga el peso del cuidado sobre las familias, perpetuando desigualdades estructurales, especialmente de género.
El informe también señala que mientras la Administración General del Estado ha incrementado su aportación al sistema de dependencia en los últimos años, la Región de Murcia ha reducido su esfuerzo financiero, situándose en el grupo de comunidades que menos invierten en proporción a su población dependiente.
Medidas urgentes para un sistema en crisis
El Plan de Choque aprobado a nivel nacional ha permitido reducir las listas de espera en varias comunidades autónomas, pero su impacto en Murcia ha sido limitado debido a la falta de implementación efectiva por parte del Gobierno regional. Organizaciones sociales y sindicatos han criticado repetidamente la falta de voluntad política para priorizar la atención a la dependencia.
La Región necesita urgentemente una reestructuración del sistema de gestión de la dependencia, que pase por un incremento de la financiación autonómica, la simplificación de los trámites burocráticos y un enfoque más humano en la atención a las personas dependientes.
El derecho a una vida digna
La situación en la Región de Murcia no es solo un problema administrativo; es una cuestión de derechos humanos. Las cifras reflejan un sistema incapaz de garantizar una vida digna a miles de personas que han contribuido a la sociedad y ahora se encuentran abandonadas en un laberinto burocrático.
Es hora de que el Gobierno regional asuma su responsabilidad y adopte medidas concretas para mejorar la atención a la dependencia, garantizando que ningún ciudadano más fallezca esperando una ayuda que nunca llega.
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