El Consejo Jurídico de la Región anula una ampliación más y se acumulan las críticas por la gestión ambiental del Gobierno regional
El Gobierno regional de Murcia vuelve a estar en el punto de mira tras conocerse un nuevo dictamen del Consejo Jurídico que anula la ampliación de una granja porcina en Cartagena debido a la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este es el último de una serie de casos que sacan a la luz las irregularidades en la concesión de permisos para explotaciones ganaderas, un problema que ha puesto en jaque la política ambiental de Fernando López Miras.
El dictamen, emitido recientemente, señala que la ampliación no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley 21/2013, que obliga a realizar una evaluación de impacto ambiental para proyectos que superen ciertos umbrales de actividad, como es el caso de esta explotación que alberga miles de cerdos de engorde. Este fallo se suma a una lista creciente de autorizaciones similares concedidas por la Consejería de Agricultura y Ganadería que, según el propio Consejo Jurídico, vulneran la normativa ambiental vigente.
Una práctica repetida: autorizaciones sin DIA
Este nuevo caso no es un hecho aislado. Según un informe reciente, el Gobierno regional autorizó ampliaciones en al menos 70 granjas porcinas durante los últimos años sin realizar los preceptivos estudios de impacto ambiental ni otorgar las autorizaciones ambientales integradas necesarias. Estas explotaciones, que incrementaron su capacidad de manera significativa, han estado operando fuera de la legalidad, lo que podría haber generado graves daños medioambientales.
Organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción anunciaron que llevaría esta situación ante la Fiscalía, acusando al Ejecutivo murciano de negligencia y presunta prevaricación. Desde el colectivo, subrayan que la falta de controles ambientales adecuados está afectando a los recursos hídricos y a la calidad del aire en la Región, agravando problemas ya existentes como la contaminación de acuíferos.
La CHS y la normativa hidráulica
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) también ha expresado su preocupación por el aumento descontrolado de las explotaciones ganaderas sin regulación adecuada. Su presidente, Mario Urrea, recordó recientemente que las normativas vigentes impiden la ampliación de instalaciones ganaderas si no se garantiza la trazabilidad de los purines y su impacto en el dominio público hidráulico.
La postura del Gobierno regional
El exconsejero de Agricultura y Ganadería ahora senador del PP, Antonio Luengo, reconoció que se están revisando las autorizaciones para intentar regularizarlas, pero las explicaciones no han calmado a los sectores críticos. La oposición política ha exigido responsabilidades al Ejecutivo de López Miras por lo que consideran una gestión «desastrosa» que prioriza intereses económicos sobre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la legalidad.
Además, el nuevo dictamen del Consejo Jurídico subraya la urgencia de abordar estas irregularidades. Según se detalla, la ampliación de la granja de Cartagena fue autorizada sin los informes pertinentes, perpetuando una situación de irregularidad que pone en entredicho la capacidad del Gobierno regional para gestionar de manera sostenible el sector ganadero.
El impacto en el medio ambiente y la legalidad
La ausencia de evaluaciones de impacto ambiental en proyectos de esta magnitud tiene consecuencias graves para el entorno. Las explotaciones porcinas generan grandes volúmenes de residuos que, sin los controles adecuados, pueden contaminar acuíferos y suelos, además de emitir gases de efecto invernadero. Estas prácticas están en el foco de la Unión Europea, que ha advertido sobre posibles sanciones a España por incumplimientos en la gestión ambiental.
Mientras tanto, ganaderos afectados temen que la falta de regularización pueda derivar en el cierre de instalaciones que, a pesar de haber operado con permisos deficientes, son su principal sustento económico. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha solicitado soluciones rápidas para evitar un impacto económico negativo en el sector.
Un modelo de gestión bajo sospecha
Este último caso conocido, añadido a los múltiples precedentes, evidencia un patrón de infragestión ambiental que refleja la falta de control y transparencia en el manejo de proyectos ganaderos en la Región de Murcia. La acumulación de dictámenes en contra y las denuncias de organizaciones ecologistas y sociales ponen de relieve la necesidad de una revisión profunda de las políticas ambientales del Gobierno de López Miras.
La incapacidad para cumplir con las normativas nacionales y europeas no solo amenaza el medio ambiente, sino también la reputación de la Región como modelo de gestión sostenible. Mientras tanto, el debate sobre la viabilidad y el impacto del sector ganadero en Murcia sigue abierto y cada vez más polarizado.
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