La alcaldesa Noelia Arroyo cede ante la presión de Vox y retira acuerdos clave en la Junta de Gobierno
El Ayuntamiento de Cartagena, en su última Junta de Gobierno celebrada el pasado 5 de diciembre, decidió retirar del orden del día dos puntos cruciales: los convenios de colaboración para el programa “Una Escuela abierta a otras Culturas” y la aceptación de una subvención autonómica destinada al Programa de Atención a la Diversidad de Género. La medida responde a las presiones ejercidas por Vox, socio del gobierno municipal.
Manolo Torres, portavoz del Grupo Municipal Socialista, criticó duramente esta decisión. “Los cartageneros estamos perdiendo derechos que han costado años conseguir porque la alcaldesa se deja intimidar por cuatro votos”, afirmó Torres, señalando que estas acciones están imponiendo “criterios xenófobos, racistas y homófobos” en las políticas municipales.
Impacto en ONGs y programas sociales
La paralización afecta directamente a los convenios de colaboración con siete organizaciones de acción social: Fundación CEPAIM, Asociación Columbares, Fundación Fisat Salesianos Social, Asociación Murcia Acoge, Asociación Proyecto Abraham, Asociación Rascasa y la Comunidad Bahá’í de Cartagena. Estas entidades desempeñan un papel fundamental en la integración de escolares inmigrantes en los centros educativos del municipio.
Además, el Ayuntamiento ha rechazado aceptar una subvención de la Consejería de Política Social destinada a financiar programas de atención a la diversidad de género, lo que impacta negativamente en iniciativas dirigidas a colectivos LGTBIQ+ y a la promoción de la inclusión en Cartagena.
Un patrón de influencia de Vox
Este episodio en Cartagena se suma a otras decisiones similares adoptadas en diferentes municipios donde Vox ha condicionado políticas públicas. Un ejemplo reciente es Burgos, donde el Partido Popular eliminó ayudas a ONGs que asisten a migrantes como resultado de las demandas de Vox.
La situación en Cartagena genera alarma entre colectivos sociales y sectores políticos, que advierten del retroceso en derechos fundamentales y en la cohesión social del municipio. Desde el PSOE, Torres hizo un llamado a la alcaldesa Arroyo para que «recupere la valentía política y defienda los intereses de todos los cartageneros, no solo de una minoría que impone su agenda excluyente».
La retirada de estos puntos en la Junta de Gobierno representa, según los críticos, un preocupante giro hacia la exclusión y la discriminación en las políticas municipales, en detrimento de los programas de apoyo a la integración y diversidad que contribuyen al desarrollo social de Cartagena.
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