Se cumplen 20 años de la paralización de las obras en La Manga por activistas ambientales
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a agilizar la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de restauración de Puerto Mayor en La Manga, tras confirmarse la insolvencia de la empresa promotora.
La Sala nº 1 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia archivó recientemente la ejecución de sentencia contra Puerto Mayor S.A., al comprobarse que la empresa carece de fondos para asumir los costos de restauración de la dársena, así como el pago de costas procesales.
Un largo proceso judicial y administrativo
Desde que en 2005 activistas de ANSE y Greenpeace paralizaran las obras de Puerto Mayor, la entidad ha impulsado distintas acciones legales para la restauración ambiental de la zona. En 2022, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la promotora, ratificando la caducidad de la concesión y su obligación de devolver la zona a su estado original.
El director de ANSE, Pedro García, ha afirmado que la insolvencia de la empresa deja la carga de la restauración en manos del Estado, salvo que se logre embargar bienes de los propietarios. “Era previsible que la empresa no pagara los costos de restauración, como también lo era que nadie asumiera su responsabilidad política por este atropello ambiental”, ha declarado.
Presión para la restauración ambiental
ANSE ha urgido al Ministerio a acelerar la aprobación del proyecto de restauración, que contempla una inversión de aproximadamente 22 millones de euros. La asociación ha coordinado diversas iniciativas para la recuperación de los arenales de la Caleta del Estacio, con el objetivo de restituir el ecosistema afectado y fomentar un uso público responsable del área.
En los últimos años, la Demarcación de Costas en Murcia ha autorizado proyectos piloto de restauración en la zona, enmarcados dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor. Sin embargo, ANSE insiste en que es necesario avanzar con mayor celeridad en la ejecución de la restauración definitiva.
A 20 años de la paralización de las obras, ANSE y Greenpeace recuerdan que Puerto Mayor fue un proyecto declarado ilegal y que la comunidad ambiental seguirá vigilante para garantizar la recuperación de este valioso entorno natural.
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