El dictamen señala incumplimientos legales en la renovación urbana del barrio de San Antonio en Lorca
La gestión de la Consejería de Fomento e Infraestructuras vuelve a quedar en entredicho tras la publicación de un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia que evidencia graves irregularidades en un contrato de renovación urbana en Lorca. Según el documento, el contrato presenta incumplimientos normativos que afectan la legalidad de su tramitación y la correcta fiscalización de los pagos.
El dictamen advierte de que «no consta la fiscalización previa del gasto por parte de la Intervención Delegada en la Consejería» y que la tramitación del expediente se realizó con órdenes de convalidación, una práctica que, según el Consejo, «contraviene lo dispuesto en la Ley de Hacienda Regional».
Pagos irregulares y falta de control
Uno de los puntos más críticos del dictamen es la gestión de las anualidades correspondientes al contrato, que fueron abonadas sin cumplir los procedimientos legales. El Consejo Jurídico resalta que esta irregularidad «podría haber sido solventada con una tramitación adecuada, lo que habría evitado la necesidad de recurrir a órdenes de convalidación».
Además, el dictamen señala que las convalidaciones no pueden considerarse una solución ordinaria y recuerda que «es responsabilidad de la administración garantizar que los gastos se ajusten a la legalidad vigente desde el inicio».
La sombra de la improvisación en Fomento
El caso del barrio de San Antonio no es un hecho aislado en la gestión de la Consejería. La opacidad y la improvisación en la ejecución de proyectos de infraestructura han generado desconfianza tanto en la ciudadanía como en los órganos de control.
La situación en Lorca, donde los vecinos han expresado reiteradamente su descontento por los retrasos y problemas derivados de las obras, es un reflejo de una gestión que prioriza la apariencia de cumplimiento sobre el rigor administrativo.
¿Qué hará el Gobierno regional?
El dictamen del Consejo Jurídico no solo denuncia las irregularidades, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas correctivas para evitar que estas prácticas se perpetúen. Sin embargo, el silencio del Gobierno regional ante este informe deja en el aire preguntas clave: ¿se depurarán responsabilidades? ¿Se corregirán los errores para garantizar que no se repitan?
La ciudadanía merece respuestas claras y una administración que actúe con transparencia y eficiencia. La falta de control y planificación en la Consejería de Fomento no solo afecta a los recursos públicos, sino también a la confianza en las instituciones que gestionan el dinero de todos.
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