Las últimas cuentas anuales revelan unas pérdidas de 30,68 millones de euros en 2022, superando los 26,77 millones de 2021
La Desaladora de Escombreras, S.A.U., continúa siendo un ejemplo de mala gestión y un agujero negro financiero para la Región de Murcia. Las recientes cuentas anuales reformuladas correspondientes al ejercicio 2022 confirman una nueva escalada en las pérdidas, que se sitúan en 30,68 millones de euros, superando los 26,77 millones de 2021. En total, las pérdidas acumuladas ya superan los 200 millones de euros, reflejando un modelo insostenible que sigue drenando recursos públicos sin generar resultados tangibles.
El patrimonio neto de la empresa es negativo, con -19,61 millones de euros, y su fondo de maniobra tiene un déficit superior a 32,8 millones de euros, colocándola en causa de disolución, según lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital. A esto se suma una deuda acumulada que pone en jaque la viabilidad de la empresa: 11,2 millones de euros con la Comunidad Autónoma de Murcia (CARM), 16,93 millones de euros con TEDAGUA y 4,06 millones de euros con Hydro Management, además de una obligación con la Agencia Tributaria de 16,77 millones de euros por IVA soportado no devuelto desde 2014. Estos números dejan claro que las aportaciones del Gobierno regional, aunque constantes, resultan insuficientes para solventar la crisis estructural.
Aportaciones públicas incapaces de revertir la situación
Desde su creación, la Desaladora de Escombreras ha dependido de las transferencias del Gobierno regional, que en 2023 aprobó la extinción parcial de 6,89 millones de euros de deuda. Sin embargo, esta medida no representa una solución a largo plazo. La incapacidad de la infraestructura para generar ingresos suficientes, combinada con una gestión deficiente, perpetúa un círculo vicioso de dependencia financiera y deuda creciente.
En 2022, los ingresos apenas alcanzaron los 1,03 millones de euros, mientras que los gastos de explotación se situaron en 12,88 millones de euros, sin contar los costes financieros. A pesar de que las ventas de agua en 2023 crecieron hasta los 1,96 millones de m³, esta cifra sigue siendo ínfima en comparación con su capacidad. La falta de autorizaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura para incorporar nuevos usuarios ha limitado la actividad de la planta, acentuando su infrautilización.
Un coste desmesurado para las arcas públicas
Uno de los aspectos más controvertidos de la Desaladora de Escombreras es el abrumador coste que supone para las arcas públicas. Aunque su construcción tuvo un coste inicial estimado entre 114 y 130 millones de euros, el modelo de arrendamiento financiero y los contratos asociados elevan el compromiso financiero total para la Comunidad Autónoma a más de 700 millones de euros. Este desfase entre el coste real de la infraestructura y la carga económica generada refleja una mala planificación y gestión.
La desproporción entre el coste real y los compromisos financieros es motivo de constantes críticas. Mientras que la planta fue concebida para garantizar el suministro de agua en la región, sus cifras operativas y los ingresos obtenidos no justifican ni remotamente la inversión inicial ni los pagos anuales que asume la región. En 2024, por ejemplo, la desaladora ingresó apenas 2,3 millones de euros, mientras que sus gastos superaron los 37 millones de euros, una realidad que la sitúa como un claro ejemplo de despilfarro público.
Modelo económico fallido y conflictos operativos
El modelo de arrendamiento financiero bajo el cual opera la desaladora ha demostrado ser un lastre económico. Los altos costes fijos y las disputas contractuales con TEDAGUA han complicado aún más su operatividad. Las discrepancias en los precios acordados para la operación y mantenimiento de la planta han generado tensiones legales que no solo afectan la relación con el proveedor, sino que también dificultan la implementación de mejoras operativas.
Además, la falta de visión estratégica en la gestión de esta infraestructura se traduce en una huella ambiental significativa y en el desperdicio de recursos energéticos. Sin una planificación adecuada para optimizar su uso, la desaladora no solo es un fracaso financiero, sino también un desafío para la sostenibilidad ambiental de la región.
¿Cuál es el futuro de la Desaladora de Escombreras?
Las cuentas anuales reformuladas evidencian que la Desaladora de Escombreras enfrenta un panorama financiero insostenible. Con un patrimonio neto negativo y un déficit operativo continuo, su futuro depende de decisiones que aborden directamente los datos reflejados en estos informes. Los problemas estructurales, como las deudas con proveedores, que incluyen 16,93 millones de euros con TEDAGUA, y el elevado gasto operativo frente a ingresos insuficientes, hacen urgente una reestructuración financiera profunda.
Las ventas de agua, aunque han mejorado ligeramente en 2023, no alcanzan niveles que permitan compensar el enorme coste de funcionamiento de la planta. Además, las autorizaciones limitadas para incorporar nuevos usuarios por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura siguen siendo un obstáculo clave. La deuda pendiente con la Agencia Tributaria por el IVA no devuelto desde 2014, cifrada en 16,77 millones de euros, añade una presión fiscal considerable.
El Gobierno regional ha realizado aportaciones económicas para aliviar la situación, como la extinción parcial de 6,89 millones de euros de deuda en 2023, pero estas medidas son insuficientes frente a las pérdidas anuales recurrentes que superan los 30 millones de euros. Las cuentas demuestran que la sostenibilidad financiera de la desaladora no se logrará sin una reforma integral de su modelo de gestión, la renegociación de contratos clave y un plan claro para maximizar su capacidad productiva y operativa.
Un símbolo del despilfarro público
La Desaladora de Escombreras es un caso paradigmático de cómo la falta de planificación y la gestión ineficiente pueden transformar una infraestructura crítica en un lastre económico. Desde su construcción, esta planta ha acumulado deudas y pérdidas que han drenado recursos públicos, afectando tanto a las finanzas regionales como a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Con pérdidas acumuladas que superan los 200 millones de euros y un coste real para las arcas públicas que podría superar los 700 millones, la desaladora se ha convertido en un símbolo del despilfarro público. Es urgente que el Gobierno regional tome medidas decisivas para abordar este problema y garantizar que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y responsable. El tiempo corre, y cada día que pasa sin una solución concreta solo incrementa la carga económica y social que representa esta infraestructura fallida para la Región de Murcia.
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