► Proformas presentadas antes de justificar la necesidad del contrato menor, servicios cruzados y facturas emitidas antes de finalizar el evento ponen en cuestión la gestión del Ayuntamiento de Cartagena
LasNoticiasRM ha tenido acceso a la documentación obrante en los dos expedientes de contratación que han dado lugar a una denuncia ante la Fiscalía ante las sospechas de un posible fraccionamiento para evitar superar los límites del contrato menor, permitiendo de esta manera que no se sacara una licitación de un contrato mayor que hubiera aportado mayor transparencia y seguridad jurídica a todo el procedimiento y que facultó al consistorio cartagenero a adjudicar los servicios a quienes ellos decidieron omitiendo la libre concurrencia.
Del análisis de los documentos se puede decir que el Ayuntamiento de Cartagena vuelve a estar en el centro de la polémica por la contratación de servicios para La Mar de Arte 2024. Los documentos oficiales revelan una serie de posibles irregularidades que cuestionan la transparencia del proceso de adjudicación. Entre los hechos detectados destacan memorias técnicas prácticamente idénticas, presupuestos presentados antes de la justificación de necesidad, coincidencias en servicios incluidos en distintas proformas y facturación adelantada antes de finalizar el evento.
Responsables del proceso de contratación
Los contratos menores fueron autorizados por el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, y el director general de Cultura, Eugenio González. Ambos responsables municipales dieron luz verde a unos expedientes que ahora están bajo sospecha por un posible fraccionamiento indebido. La falta de controles y la aparente fragmentación de los contratos suscitan dudas sobre el cumplimiento de los principios de transparencia y libre concurrencia.
Este periódico se dirigió a ambos para que pudieran aportar alguna explicación que pudiera aclarar las sospechosas circunstancias en las que se desarrolló la adjudicación de los contratos pero ninguno atendió las preguntas de este medio.
Documentación duplicada y presupuestos sospechosos
Las memorias técnicas de los contratos adjudicados a Juan Ignacio Ruiz López y Carolina Parra Pérez presentan una redacción casi idéntica. Ambos documentos justifican la externalización de los servicios con los mismos argumentos y asignan tareas similares a los contratistas, solo diferenciándose en el reparto de artistas. Además, las proformas realizados por Carolina Parra e Ignacio Ruiz fueron emitidos antes de la redacción de los informes de necesidad, cuando, en teoría, estos últimos deberían justificar la contratación. Este orden anómalo refuerza la hipótesis de que las adjudicaciones pudieran haber estado decididas antes de su justificación oficial.
Los metadatos de esas proformas revelan que ambos documentos fueron creados el mismo día, con solo dos minutos y treinta segundos de diferencia. Esto sugiere una clara coordinación entre ambos, eliminando la apariencia de independencia en sus propuestas.
Servicios compartidos y un mismo contacto
Otra evidencia que pone en duda la independencia de los adjudicatarios es la aparición de servicios similares en ambas proformas de presupuesto. Mientras que Carolina Parra incluye la producción de la exposición de Daniel García Andújar, Ignacio Ruiz menciona servicios relacionados con el mismo artista tales como el comisariado o el transporte de sus obras.
Lo mismo sucede en el caso de la exposición de la artista Sonia Navarro donde Parra factura por el comisariado de su exposición y Ruiz lo hace por la producción y la intervención urbana.
Como detalle significativo es que las memorias técnicas de ambos contratos presentan el mismo número de teléfono de contacto y el email utilizado por ambos corresponde al de la Galería T20 de la que son responsables tanto Carolina como Ignacio, lo que puede sugerir una vinculación entre los adjudicatarios. La existencia de este dato refuerza la hipótesis de que, en lugar de tratarse de propuestas independientes, podrían haber sido coordinadas para simular una concurrencia inexistente.
Facturación antes de finalizar el evento
El festival La Mar de Músicas 2024 se celebró del 19 al 27 de julio, sin embargo, las facturas fueron emitidas el 22 de julio, cinco días antes de la finalización del evento. Este dato no solo plantea dudas sobre la gestión financiera del proceso, sino que abre interrogantes sobre la posibilidad de que se facturaran servicios que aún no se habían prestado.
Este adelanto en la facturación podría ser indicativo de un acuerdo previo para garantizar el cobro sin necesidad de certificar la ejecución total del contrato, algo inusual dado que lo habitual es que se facturen los servicios una vez se hayan prestado. Procedimientos como este comprometen la credibilidad en la administración de los recursos públicos y podrían derivar en sanciones administrativas o judiciales.
Contratos adicionales que refuerzan la sospecha de fraccionamiento
Además de estos contratos, se han detectado otros dos adjudicados a artistas propuestos por los mismos gestores culturales. Estos contratos se destinaron al pago de honorarios de exposiciones y, sumados a los contratos principales, podrían haber superado el límite legal del contrato menor, haciendo inviable que estos se pudieran haber adjudicado utilizando esta vía.
También se encontró un quinto contrato específico para el transporte de las obras de arte de los artistas vinculados a estas exposiciones. La suma de estos contratos sugiere un posible fraccionamiento para evitar un proceso de licitación más riguroso.
En lugar de haber sido tratado el evento como una sola adjudicación, teniendo que ser sacada a licitación a través del procedimiento de contratación mayor, se fraccionaron los servicios en múltiples contratos menores, cada uno por debajo del umbral que exige una licitación pública.
Falta de transparencia y posibles implicaciones legales
Según el escrito de denuncia presentado ante la Fiscalía Provincial de Murcia, estos hechos podrían constituir un caso de fraccionamiento indebido de contratos menores, vulneración de los principios de transparencia y libre concurrencia, e incluso podrían derivar en posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
De confirmarse las irregularidades, la responsabilidad recaería sobre quienes autorizaron los contratos, en este caso el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, y el director general de Cultura, Eugenio González. Además, en caso de confirmarse los hechos, la alcaldesa Noelia Arroyo tendría que manifestar si conocía los hechos y por qué no hizo nada para evitarlo. La Fiscalía tendrá que determinar si se ha producido un uso indebido de los fondos públicos y si se ha incurrido en delitos administrativos o penales.
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