► La denuncia presentada ante la Fiscalía expone que se podrían haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la adjudicación de contratos
La Fiscalía de Cartagena ha recibido una denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva LasNoticiasRM, en la que se señalan posibles irregularidades en la adjudicación de contratos menores para la organización del evento cultural «La Mar de Arte 2024», promovido por el Ayuntamiento de Cartagena. Según el escrito, la alcaldesa Noelia Arroyo y el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, habrían autorizado y supervisado la concesión de estos contratos, los cuales presentan indicios de fraccionamiento indebido, posibles acuerdos colusorios entre adjudicatarios y vulneración de los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia.
Contratos en el punto de mira
Durante la organización del evento, se adjudicaron cuatro contratos menores, dos de ellos vinculados a la coordinación, producción y comisariado del festival, mientras que el tercero y el cuarto correspondían a la contratación de dos artistas. La denuncia sostiene que los contratos otorgados a los adjudicatarios Carolina Parra Pérez y Juan Ignacio Ruiz López están interrelacionados y que, en conjunto, deberían haber sido licitados mediante un procedimiento abierto en lugar de dividirse en contratos menores.
Además, se destaca en el escrito que las proformas presentadas por Carolina Parra e Ignacio Ruiz fueron generadas con una diferencia de apenas dos minutos, lo que refuerza la sospecha de una coordinación previa entre los beneficiarios. También se apunta a la relación personal y profesional entre los adjudicatarios, quienes, según el escrito, dirigen conjuntamente la galería de arte T20 y habrían presentado propuestas supuestamente independientes.
La denuncia aporta capturas de redes sociales en las que se evidencia la vinculación entre Carolina Parra Pérez y Juan Ignacio Ruiz López, mostrando publicaciones en las que ambos participan conjuntamente en actividades de la galería T20. Estas pruebas, según asegura el escrito dirigido a la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de que los adjudicatarios no actuaron de manera independiente, sino que mantuvieron una relación profesional estrecha que debería haber sido considerada a la hora de evaluar la libre concurrencia en la adjudicación de los contratos, siempre según la versión de los denunciantes.
La denuncia subraya que «el fraccionamiento indebido de contratos ha sido una estrategia recurrente en este procedimiento, con el objetivo de evitar los controles y exigencias de transparencia que impone la ley en procedimientos de mayor cuantía». Asimismo, se indica que «la relación entre los adjudicatarios, sumada a la escasa diferencia temporal entre las adjudicaciones, demuestra una posible connivencia para eludir el proceso de libre concurrencia y favorecer intereses particulares».
Posibles delitos en la gestión del evento
La denuncia plantea que los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos recogidos en el Código Penal, entre ellos:
- Prevaricación administrativa (artículo 404), por la posible aprobación de resoluciones arbitrarias en la adjudicación de los contratos.
- Malversación de caudales públicos (artículo 432), en caso de que se confirme un uso indebido de fondos públicos.
- Fraude a la administración pública (artículo 436), si se demuestra que hubo un perjuicio económico para el patrimonio público.
- Prácticas restrictivas de la competencia (artículo 262), por una posible concertación entre los adjudicatarios para obtener contratos.
Reclamaciones ante la Fiscalía
Ante estos hechos, la denuncia solicita a la Fiscalía que inicie diligencias de investigación y requiera al Ayuntamiento de Cartagena la documentación relativa a los contratos de «La Mar de Arte 2024». Asimismo, se insta a tomar declaración a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y al concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, quienes presuntamente estarían implicados en la gestión y adjudicación de estos contratos. También se solicita la comparecencia de los adjudicatarios Carolina Parra Pérez y Juan Ignacio Ruiz López, así como de otros responsables municipales, y la elaboración de un informe del Tribunal de Cuentas para evaluar el impacto en el patrimonio público.
La investigación determinará si estas adjudicaciones se ajustaron a la legalidad o si existieron irregularidades en la gestión de los fondos destinados al evento cultural.
Los contratistas no hacen declaraciones, el ayuntamiento tampoco
LasNoticiasRM se ha puesto en contacto con Carolina Parra e Ignacio Ruiz para conocer sus impresiones acerca de los hechos relatados en la denuncia presentada en Fiscalía. El señor Ruiz, hablando en su nombre y el de la señora Parra, nos ha indicado amablemente que sobre este asunto «se deben remitir al Ayuntamiento. Nosotros no hacemos declaraciones acerca de este tipo de cosas», negándose a contestar cualquier pregunta planteada por este medio.
También nos pusimos en contacto con el Director General de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González Cremades, para trasladarle una serie de preguntas encaminadas a aclarar el proceso de contratación y los indicios planteados en la denuncia vía telefónica, quien nos indicó que le hiciéramos llegar las preguntas por mail, algo que hemos hecho y reiterado en el día de hoy sin que al cierre de esta información se haya recibido respuesta alguna.
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