Un contrato de 1,8 millones de euros agotado en solo ocho meses y una reclamación de casi 600.000 euros podrían constituir prevaricación y malversación de fondos públicos, según los denunciantes
El contrato para la «Retirada de biomasa vegetal y limpieza de áreas marítimas del Mar Menor», adjudicado en 2021 a la empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente S.L., se encuentra bajo sospecha tras haberse agotado su presupuesto en solo ocho meses, pese a que debía ejecutarse en un plazo de 15 meses. Una denuncia presentada por los socialistas de la Región de Murcia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia solicita la apertura de diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Informes oficiales cuestionan la gestión del contrato
Según informes de la Intervención Delegada de la Consejería de Medio Ambiente, en marzo de 2022 ya se había consumido la totalidad del crédito previsto para la duración completa del contrato. La certificación número 8, correspondiente a trabajos del 1 al 11 de marzo de 2022, ya reflejaba el consumo total de los fondos. «Estamos ante un intento de ampliación de contrato por la vía de hecho, sin que se haya producido el procedimiento legal establecido para ello», se puede leer en la noticia remitida a la Fiscalía.
Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma también alertaron de irregularidades en la gestión del contrato y señalaron que «resulta evidente que se tendría que haber tramitado un modificado, al haberse agotado la totalidad del crédito comprometido para este contrato, no pudiéndose dar por finalizado sin más, dado que las necesidades objeto del mismo no habían sido satisfechas aún».
El informe de la Intervención Delegada recalca que «sin embargo, esta propuesta no dio lugar a la aprobación del correspondiente modificado». Además, se detectó que «no sólo se produjo una omisión de fiscalización (que es la que da origen al presente informe) sino que se produjo una omisión de la totalidad de procedimiento de modificación del contrato».
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, por su parte, rechazó la validación de pagos adicionales y determinó que debía iniciarse un procedimiento de revisión de oficio.
Contratos de emergencia firmados tras el agotamiento del presupuesto inicial
Pese a que el contrato debía ejecutarse hasta octubre de 2022, la Intervención Delegada detectó que la Consejería de Medio Ambiente formalizó contratos de emergencia para la misma labor en las fechas en que la concesionaria original aún debería haber estado prestando servicio. Se firmaron tres nuevos contratos:
- Uno por emergencia desde abril hasta junio de 2022.
- Otro desde julio hasta agosto de 2022, que finalizó anticipadamente.
- Un encargo a la empresa pública TRAGSA de septiembre a noviembre de 2022.
Los informes oficiales reflejan que estos contratos fueron otorgados de forma urgente y sin justificar por qué se recurrió a nuevas adjudicaciones en lugar de exigir el cumplimiento del contrato original. «Además, cuando dichos responsables se encuentran con los reparos realizados por la intervención, se propone la omisión de la fiscalización», explican los denunciantes. Además, se señala que «el gestor se ha visto abocado a concentrar las prestaciones en los meses en que aumentaron sus necesidades y dejar sin prestación más de siete meses del contrato».
Sospechas de trato de favor a la empresa adjudicataria
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la empresa adjudicataria del contrato inicial siguió prestando servicios a través de contratos de emergencia posteriores, a pesar de que el presupuesto inicial ya se había agotado. La Intervención Delegada advierte que «se han abonado facturas por trabajos que no estaban previstos en el objeto inicial de la adjudicación, sin que exista justificación documental de la necesidad sobrevenida de dichas tareas».
La Fiscalía deberá determinar si la Consejería de Medio Ambiente permitió a la empresa adjudicataria beneficiarse de una situación irregular al no tramitar una ampliación formal del contrato inicial y, en su lugar, recurrir a sucesivas contrataciones de emergencia. «Las autoridades responsables sabían que el contrato había alcanzado su límite presupuestario, pero permitieron que la empresa siguiera trabajando sin respaldo legal, asegurando así el cobro de sus servicios», sostiene el escrito presentado.
Asimismo, el informe de la Intervención concluye que «las actuaciones administrativas no garantizan la correcta aplicación de los principios de eficiencia y economía en la gestión del gasto público, al haberse generado un sobrecoste derivado de la tramitación de contratos sucesivos para el mismo objeto».
Se ha solicitado que se investigue si la actuación de la Consejería incurrió en delitos de prevaricación y malversación, y si hubo un uso indebido de fondos europeos del FEDER en la gestión de la retirada de biomasa en el Mar Menor.
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