El nuevo Programa de Inspección Ambiental de 2025 confirma la reducción de controles en industrias, residuos y denuncias ciudadanas
El Programa de Inspección Ambiental de la Región de Murcia para 2025 fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) este martes 25 de febrero, lo que ha permitido analizar y comparar su contenido con los programas de los últimos años. El resultado de este estudio es alarmante: el Gobierno regional ha recortado progresivamente el número de inspecciones ambientales en los últimos cuatro años, reduciendo su capacidad de supervisión y control sobre industrias contaminantes, traslados de residuos y denuncias ambientales.
Los datos reflejan una tendencia preocupante: mientras la normativa ambiental se endurece a nivel nacional y europeo, la administración murciana disminuye su capacidad de vigilancia y sanción, dejando la puerta abierta a un incremento del riesgo ecológico y la impunidad de actividades contaminantes.
Un descenso continuo en las inspecciones: 2022-2025
El análisis comparativo de los Programas de Inspección Ambiental entre 2022 y 2025 evidencia una reducción estructural en casi todas las áreas de control ambiental, lo que supone un debilitamiento progresivo del sistema de supervisión en la comunidad.
| Categoría de Inspección | Reducción en 2025 vs 2022 (%) |
|---|---|
| Autorización Ambiental Integrada (AAI) | -15% |
| Traslados transfronterizos de residuos | -50% |
| Autorización Ambiental Sectorial (AAS/AAU/APCA) | -20% |
| Instalaciones no adecuadas ambientalmente | -14.3% |
| Entidades de Control Ambiental (ECAS) | -20% |
| Denuncias, accidentes e incidentes | -14.3% |
📌 El mayor recorte se ha producido en las inspecciones de traslados de residuos, con una caída del 50% en 2024 y 2025.
📌 Las inspecciones a ECAS y a instalaciones industriales han sufrido descensos significativos del 20%.
📌 Las denuncias ambientales recibirán menos atención, reduciendo la capacidad de respuesta ante infracciones.
La tendencia es clara: cada año se inspecciona menos, lo que se traduce en menos sanciones, menos control sobre la contaminación y más riesgo de impunidad para las actividades contaminantes.
Industria contaminante y residuos: los grandes beneficiados
Uno de los datos más preocupantes del informe es la reducción del 15% en las inspecciones de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que afectan a las grandes industrias con mayor impacto ecológico. Esto significa que menos fábricas, refinerías y plantas químicas están siendo auditadas, aumentando el riesgo de vertidos ilegales, emisiones tóxicas y contaminación de suelos.
El descenso del 50% en las inspecciones de traslados de residuos también es alarmante. La Región de Murcia es un punto estratégico en la gestión y exportación de residuos industriales y peligrosos, y el hecho de que se reduzcan las inspecciones implica menos controles sobre posibles traslados ilegales de residuos contaminantes a otros países o vertidos incontrolados en territorio murciano.
Menos control sobre actividades ilegales
El informe muestra un descenso del 14.3% en las inspecciones a instalaciones no adecuadas ambientalmente, lo que significa que hay menos controles sobre actividades contaminantes sin permisos. Esto afecta a sectores como la agricultura intensiva, vertederos ilegales y canteras, donde las malas prácticas pueden derivar en contaminación del agua, destrucción de suelos y afectación a espacios protegidos.
Asimismo, el 20% menos de inspecciones a Entidades de Control Ambiental (ECAS) deja abierta la posibilidad de que se relajen los controles y auditorías en industrias que requieren certificaciones ambientales. Esto puede afectar a la transparencia y calidad de los informes ambientales, reduciendo la fiabilidad de las autorizaciones concedidas a proyectos potencialmente contaminantes.
Las denuncias ciudadanas, cada vez con menos respuesta
El nuevo Programa de Inspección Ambiental también reduce el seguimiento de denuncias y accidentes ambientales en un 14.3%. Esto significa que, aunque los ciudadanos detecten y reporten irregularidades, el Gobierno regional responderá con menos inspecciones y menos sanciones, lo que desincentiva la denuncia ciudadana y fomenta la impunidad de las empresas infractoras.
Casos recientes como los vertidos en el Mar Menor, la contaminación de acuíferos en el Campo de Cartagena y las emisiones de la industria química en Escombreras son ejemplos de cómo la falta de inspección y control contribuye a que los delitos ambientales queden impunes durante años sin consecuencias reales para los responsables.
Falta de medios y personal: un sistema colapsado
Uno de los principales motivos que explican este descenso en las inspecciones es la falta de recursos humanos y técnicos. Informes internos de la Consejería de Medio Ambiente revelan que más de 2.000 expedientes ambientales están sin resolver debido a la falta de personal.
Las inspecciones requieren técnicos especializados, equipos de medición y seguimiento, pero la plantilla actual no ha crecido al ritmo necesario. Mientras tanto, el Gobierno regional sigue sin aumentar el presupuesto destinado a la supervisión ambiental, dejando al sistema de control en una situación de colapso.
Organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y Greenpeace han denunciado repetidamente que la Región de Murcia tiene una de las tasas de inspectores ambientales más bajas del país, lo que impide una vigilancia eficaz de la actividad industrial y agrícola.
Una contradicción con la normativa ambiental europea
Lo más llamativo de esta reducción en las inspecciones es que contradice la legislación ambiental vigente. Mientras que la Unión Europea y el Gobierno de España han endurecido las normativas de control ambiental, la Región de Murcia ha reducido su capacidad de vigilancia.
- El Reglamento (UE) 2024/1157 sobre residuos exige más controles sobre el traslado de residuos peligrosos, pero Murcia ha reducido un 50% estas inspecciones.
- La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados impone una mayor vigilancia sobre industrias y vertederos, pero la comunidad ha recortado el control sobre instalaciones industriales.
- La Ley del Mar Menor establece controles más estrictos para evitar vertidos agrícolas y contaminación del acuífero, pero la caída en las inspecciones reduce su eficacia.
Un retroceso ambiental sin justificación
La publicación del Programa de Inspección Ambiental de 2025 confirma lo que ecologistas y expertos llevaban años denunciando: el Gobierno regional está desmantelando progresivamente el sistema de control ambiental.
Mientras los problemas ecológicos de la comunidad se agravan año tras año, el Gobierno de López Miras reduce inspecciones, recorta personal y deja sin vigilancia sectores clave, favoreciendo la impunidad de quienes contaminan.
Con menos inspecciones, el Mar Menor seguirá en crisis, los vertidos ilegales aumentarán y la industria contaminante tendrá menos presión para cumplir la normativa. La pregunta es clara: ¿quién se beneficia realmente de estos recortes en la vigilancia ambiental? Porque los ciudadanos de Murcia, desde luego, no.
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