María Ángeles Túnez se enfrenta a una posible inhabilitación de 12 años por su implicación en la autorización irregular de una macrogranja porcina
La Audiencia Provincial de Murcia ha dictado la apertura de juicio oral contra la alcaldesa del PP de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez García, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La causa se centra en la autorización y funcionamiento de una macrogranja porcina en el paraje de El Campillo, que operaba sin los permisos legales necesarios. Junto a la alcaldesa, también está acusado el empresario ganadero Juan Jiménez Sau.
El caso, que ha sido impulsado por una denuncia de Ecologistas en Acción, ha revelado que la explotación, con una capacidad de 1.888 cerdas reproductoras, carece de licencia urbanística, Declaración Ambiental Integrada y licencia de actividad, además de no disponer de recursos hídricos legales según informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Un caso con repercusiones políticas y ambientales
El escándalo que rodea a esta macrogranja ha generado un intenso debate en el ámbito político y medioambiental. Las irregularidades detectadas ponen de manifiesto una gestión negligente del suelo y los recursos naturales, lo que ha derivado en una investigación judicial que ahora alcanza su fase final.
El Ministerio Fiscal ha solicitado para el empresario Juan Jiménez una multa de 600.000 euros, la suspensión de su actividad durante dos años y el pago de costas, al considerar que su empresa ha incurrido en un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha pedido para la alcaldesa una pena de 12 años de inhabilitación especial para cargo público, lo que implicaría su salida inmediata del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en caso de condena. Además, la acusación solicita la imposibilidad de ejercer el derecho de sufragio pasivo, lo que impediría su candidatura a futuras elecciones.
El respaldo de López Miras a la alcaldesa
A pesar de las graves acusaciones que enfrenta María Ángeles Túnez, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, defendió su continuidad en el cargo. Durante un acto de campaña, afirmó que la alcaldesa debía seguir al frente del consistorio “porque está haciendo bien las cosas y debe defender su gestión y aplicar las políticas que benefician a este municipio”.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se suma a la acusación
En un giro inesperado, el propio Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se ha adherido a la acusación del Ministerio Fiscal. Según documentos presentados el 10 de mayo de 2024 y ratificados el 11 de febrero de 2025, la corporación municipal considera que las decisiones adoptadas por Túnez y su equipo han generado graves perjuicios para la administración local y para el interés general del municipio.
Esta decisión deja a la alcaldesa en una posición aún más comprometida, ya que su propio consistorio ha avalado la tesis de la Fiscalía, lo que podría facilitar una condena en su contra.
Las medidas cautelares y la gravedad de los delitos
El auto judicial mantiene las medidas cautelares previamente impuestas, incluyendo el embargo de bienes de los acusados para garantizar el pago de responsabilidades pecuniarias en caso de una condena firme. La decisión de la Audiencia Provincial de llevar el caso a juicio refuerza la tesis de que los delitos imputados tienen suficiente peso probatorio como para justificar la apertura de un proceso oral.
La prevaricación administrativa continuada es uno de los delitos más graves en el ámbito de la corrupción política, ya que implica el uso indebido del cargo público para tomar decisiones injustas a sabiendas de su ilegalidad. En caso de ser condenada, María Ángeles Túnez no solo perdería su puesto como alcaldesa, sino que quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante más de una década.
El contexto político: un municipio marcado por la corrupción
El caso de la macrogranja porcina no es el primer escándalo de corrupción que sacude a Puerto Lumbreras. Este municipio murciano ha estado en el ojo del huracán desde hace años, especialmente tras el Caso Auditorio, que acabó con la condena del exalcalde Pedro Antonio Sánchez, también del Partido Popular. En marzo de 2023, el que fuera presidente de la Región de Murcia fue condenado a tres años de prisión y 17 años y tres meses de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en relación con la construcción de un auditorio en la localidad.
Este nuevo escándalo confirma a Puerto Lumbreras como un epicentro de la corrupción en la política municipal de la Región de Murcia. La falta de transparencia en la gestión del urbanismo y la permisividad con proyectos que incumplen la normativa han sido una constante en las últimas décadas.
¿Qué puede pasar ahora?
Con la apertura de juicio oral, el proceso entra en su fase más decisiva. En las próximas semanas, la Audiencia Provincial de Murcia establecerá el calendario de las vistas, en las que se determinará si la alcaldesa y los otros acusados son culpables o inocentes de los delitos que se les imputan.
Si el tribunal considera que hay pruebas suficientes para una condena, María Ángeles Túnez podría enfrentarse a 12 años de inhabilitación, lo que supondría el fin de su carrera política. Además, el empresario Juan Jiménez se expone a una multa de 600.000 euros y a la suspensión de su actividad ganadera por dos años.
El juicio será seguido con gran atención tanto a nivel político como social, ya que representa un nuevo episodio en la larga lista de casos de corrupción urbanística en la Región de Murcia.
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