La Administración regional autorizó un pago millonario a Interurbana de Autobuses sin cumplir los trámites obligatorios de fiscalización previa
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha paralizado una indemnización de más de medio millón de euros solicitada por la empresa Interurbana de Autobuses, S.A., tras detectar graves irregularidades cometidas por la Consejería de Fomento e Infraestructuras en la gestión del expediente. En concreto, la institución jurídica reprocha al Gobierno regional no haber cumplido con el requisito legal de someter el expediente a fiscalización previa por parte de la Intervención General, un trámite esencial para garantizar la transparencia y legalidad del uso de fondos públicos.
La indemnización solicitada inicialmente ascendía a 646.817 euros, aunque posteriormente se ajustó a 589.155 euros, correspondiente a los servicios prestados por la compañía entre junio de 2022 y marzo de 2023, período durante el cual operó sin contrato vigente pero con consentimiento tácito de la administración autonómica.
Un pago autorizado sin cumplir requisitos legales
Según el dictamen emitido por el Consejo Jurídico el pasado 14 de enero de 2025, la Consejería de Fomento e Infraestructuras autorizó el pago a Interurbana de Autobuses sin haber sometido previamente el expediente al control necesario de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Esta omisión vulnera claramente lo establecido en la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, que obliga a que cualquier obligación económica superior a 50.000 euros sea sometida a fiscalización previa obligatoria para evitar posibles irregularidades.
En su dictamen, el Consejo Jurídico considera imprescindible la fiscalización previa porque garantiza que la administración gestione correctamente los fondos públicos, evitando así prácticas discrecionales o arbitrarias en las adjudicaciones económicas a empresas privadas.
Más de nueve meses prestando un servicio sin contrato
La empresa Interurbana de Autobuses S.A. continuó prestando servicios públicos de transporte sin contrato oficial desde junio de 2022 hasta febrero de 2023, lo que generó esta reclamación económica. El Consejo Jurídico recalca en su dictamen que esta prestación se realizó con conocimiento expreso y aceptación tácita por parte de la Administración regional, creando una situación irregular que debería haber sido corregida con mayor diligencia.
La resolución del Consejo Jurídico obliga ahora al Gobierno regional a rehacer todo el procedimiento administrativo para que se ajuste a la normativa vigente y se garantice así la transparencia en la gestión económica.
Consecuencias del error administrativo
El dictamen especifica claramente que los responsables de la Consejería de Fomento e Infraestructuras deben reiniciar el procedimiento cumpliendo con el requisito de fiscalización previa obligatoria. Esto implica elaborar de nuevo el expediente de gasto, someterlo al control efectivo de la Intervención General y justificar adecuadamente todas las decisiones tomadas en relación con esta indemnización.
Esta decisión subraya la necesidad urgente de corregir las prácticas administrativas que puedan permitir pagos millonarios sin la supervisión legal obligatoria, evitando así situaciones que ponen en riesgo la credibilidad y transparencia de la administración pública regional.
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