María Marín y el abogado Juan Rigabert están acusados de desviar 250.000 euros en su gestión de la sociedad pública Caravaca Jubilar S.A.
La Fiscalía ha imputado a la presidenta y portavoz del PP de Calasparra, María Marín, por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental durante su etapa como jefa de contabilidad de la sociedad Caravaca Jubilar S.A. Junto a ella, el abogado Juan Rigabert, quien fue gerente de la empresa y candidato a concejal en las pasadas elecciones municipales, enfrenta las mismas acusaciones.
El Ministerio Público ha concretado la imputación en una sesión celebrada el 25 de febrero, en la que también ha solicitado nuevas diligencias, sobre las cuales tendrá que decidir la jueza que instruye el caso. Entre las peticiones, se encuentra la de volver a citar a María Marín, quien en su día se acogió a su derecho a no declarar.
Un caso que comenzó en 2016 y que apunta a una malversación de 250.000 euros
El procedimiento judicial se inició en 2016, tras una denuncia de la propia Fiscalía. Sin embargo, la alerta inicial la dio el entonces alcalde de Caravaca, Domingo Aranda (PP), en 2015, tras recibir un informe del contable Miguel Martínez que detectó graves irregularidades en la contabilidad de Caravaca Jubilar S.A..
Desde entonces, el caso ha sufrido varios aplazamientos e interrupciones, pero los informes policiales han evidenciado que Marín y Rigabert pudieron haber desviado 250.000 euros.
Pagos a proveedores que nunca se realizaron
El informe del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, emitido en abril de 2017, señala graves irregularidades en la gestión de Caravaca Jubilar S.A. durante el tiempo en que María Marín y Juan Rigabert estuvieron al frente de la empresa.
Según la Policía, se anotaron pagos a proveedores que realmente no se realizaron y se registraron manipulaciones contables que ocultaban el destino real del dinero.
Entre los ejemplos más destacados del informe, se encuentran:
- Dos pagos, de 8.000 y 22.000 euros, registrados a nombre del Fútbol Club Caravaca, cuando en realidad el dinero fue ingresado en la cuenta de Mariano Rigabert Montiel, hermano del entonces gerente de la empresa, Juan Rigabert.
- Una transferencia bancaria supuestamente realizada al proveedor Artipack S.L., que nunca llegó a dicha empresa, sino que fue ingresada en la cuenta personal de Juan Rigabert.
Además de la investigación policial, el Ayuntamiento de Caravaca ordenó dos auditorías y un informe de fiscalización de la Intervención Municipal, que confirmaron la existencia de gravísimas irregularidades contables durante la gestión de Marín y Rigabert.
Una empresa pública con fondos desviados
Caravaca Jubilar S.A. fue creada en 1999 como una sociedad anónima unipersonal con un capital de 60.000 euros, suscrito íntegramente por el Consorcio Agencia para el Desarrollo de la Comarca del Noroeste, entidad pública dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Caravaca adquirió la totalidad de las acciones de la empresa, que tenía como objetivo la gestión de museos y patrimonio cultural de la ciudad. Sin embargo, la gestión de María Marín y Juan Rigabert dejó un rastro de irregularidades que ahora la Fiscalía considera constitutivas de delito.
El PP de López Miras apoya a María Marín pese a su imputación
A pesar de la gravedad del caso, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha respaldado públicamente a María Marín, definiéndola como una «gran gestora» y afirmando que es la persona adecuada para liderar el PP en Calasparra.
«María reúne todas las cualidades para ser una gran alcaldesa: profesional, trabajadora y con templanza. Con ella, se pondrá fin a las carencias que sufre Calasparra por la pésima gestión del PSOE», declaró López Miras en un acto del PP local.
Sin embargo, la Audiencia Provincial confirmó en 2023 que un jurado popular juzgará a María Marín y Juan Rigabert por los presuntos delitos de malversación y falsedad documental. Ambos siguen ejerciendo como socios en el mismo despacho de abogados, mientras la investigación sigue su curso.
La jueza que instruye el caso deberá decidir ahora si acepta o rechaza las nuevas diligencias solicitadas por la defensa de los imputados, quienes han intentado retrasar el proceso pidiendo una pericial contradictoria de la contabilidad de Caravaca Jubilar.
Con estos últimos avances, se acerca la posibilidad de que María Marín y Juan Rigabert sean juzgados por los graves delitos económicos que se les imputan, en un caso que pone en entredicho la gestión del Partido Popular en Caravaca y Calasparra.
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