Alfonso Martínez denuncia la falta de control, el auge de la corrupción y la inacción del Ejecutivo murciano ante un servicio público clave
El diputado regional del PSOE, Alfonso Martínez, ha lanzado una dura crítica al Gobierno de la Región de Murcia por su gestión del sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), al que ha calificado de “abandonado a su suerte” y convertido en un foco de corrupción, irregularidades y falta de seguridad para la ciudadanía. “La culpa de lo que está pasando en las ITV la tiene el Gobierno regional, que es un pésimo gestor y va a destrozar la Región a trozos”, ha afirmado con rotundidad durante su intervención en el pleno de la Asamblea Regional.
Martínez ha recordado que las ITV son un servicio público cuya competencia recae en las comunidades autónomas, y ha subrayado que en la Región ya son cinco las estaciones investigadas por la Guardia Civil, con decenas de detenidos por presuntos delitos de corrupción, fraude y falsedad documental. Además, ha lamentado que uno de estos casos haya tenido como consecuencia la muerte de un bebé, lo que evidencia —ha dicho— la gravedad del deterioro del servicio.
Propuesta de ley rechazada por PP y Vox
En el debate parlamentario, el Grupo Socialista defendió una moción que instaba al Gobierno regional a impulsar una ley autonómica que regule el funcionamiento de las estaciones de ITV, limite la proliferación descontrolada de concesiones y cree un cuerpo de inspección con suficientes recursos humanos y materiales. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los votos en contra de PP y Vox.
Martínez ha advertido que la falta de regulación y control ha sido el caldo de cultivo para la corrupción, y ha criticado que la Comunidad Autónoma haya renunciado a la gestión directa del servicio, cerrando la única estación pública —la de Alcantarilla— y cediendo todo el control a empresas concesionarias. “El Gobierno regional ha permitido, de forma anómala, el uso privativo de bienes públicos por parte de estas empresas, que gestionan nueve estaciones con un volumen de negocio de 9,3 millones de euros y pagan un canon ridículo del 2,7%”, ha detallado.
El parlamentario socialista ha subrayado que en los últimos cinco años apenas se han abierto nueve expedientes sancionadores, lo que a su juicio demuestra la pasividad del Ejecutivo regional. “Y cada vez que la Guardia Civil interviene, corren a decir que colaboran con ellos. Faltaría más. Lo que tienen que hacer es prevenir, no esconderse cuando todo estalla”, ha reprochado.
Una amenaza para la seguridad y la salud
Martínez ha vinculado directamente la dejadez del Gobierno regional con los riesgos que esta situación implica para la seguridad vial y la salud pública. “No estamos hablando solo de corrupción. Estamos hablando de vidas. Una ITV que no cumple su función puede suponer un coche inseguro circulando por nuestras carreteras. Y eso puede tener consecuencias fatales”, ha advertido.
El diputado ha recordado que su grupo ya alertó en 2018 de los peligros derivados de la falta de regulación y del crecimiento desmedido del número de estaciones. “El tiempo nos ha dado la razón. La realidad es que el Gobierno regional ha mirado hacia otro lado mientras se montaba un negocio descontrolado a costa de la seguridad de todos”, ha afirmado.
Llamamiento a asumir responsabilidades
Frente a esta situación, Martínez ha exigido al Gobierno de López Miras que asuma su responsabilidad política y actúe con contundencia. “La Región de Murcia necesita una ley que ponga orden, que impida que esto siga siendo un negocio opaco y sin control, y que garantice que las ITV cumplen su función de proteger a la ciudadanía”, ha insistido.
También ha defendido la necesidad de crear un cuerpo específico de inspectores bien formados, con medios técnicos y capacidad para supervisar de forma rigurosa las estaciones. “No basta con decir que se colabora cuando todo explota. Hay que prevenir, inspeccionar, controlar. Solo así podremos evitar que esto vuelva a ocurrir. Solo así podremos salvar vidas”, ha concluido.
El PSOE ha anunciado que continuará reclamando en la Asamblea Regional la aprobación de esta normativa y que trasladará la problemática al Congreso de los Diputados si el Gobierno murciano persiste en su negativa a legislar. Mientras tanto, aseguran que seguirán fiscalizando cada caso que afecte a las ITV de la Región y exigiendo justicia y transparencia en un servicio que debería estar al servicio del interés general y no de los intereses privados.
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