La diputada socialista Marisol Sánchez alerta del riesgo de que se institucionalicen prácticas discrecionales tras la publicación en el BORM del nuevo procedimiento
El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aprobado recientemente una controvertida resolución que modifica los procedimientos contables y de contratación, lo que ha generado alarma por la posibilidad de favorecer prácticas opacas o adjudicaciones discrecionales en contratos con empresas privadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), establece la posibilidad de realizar contrataciones excepcionales sin necesidad de licitación pública durante un periodo de hasta doce meses, bajo la denominación técnica de «Autorización Sanitaria de Suministros y Servicios en Espera de Licitación (ASSEL)».
La resolución, fechada el pasado 7 de marzo de 2025, establece literalmente que estos contratos excepcionales solo podrán utilizarse «en aquellos supuestos en los que resulte necesario mantener el suministro o servicio por resultar indispensable para la protección de la salud pública». Sin embargo, esta medida ha despertado críticas por la posibilidad de que se generen procedimientos poco transparentes y carentes de suficiente control administrativo.
Adjudicaciones sin concurso previo y escasa supervisión
Según el texto publicado en el BORM, estos contratos excepcionales deberán contar con documentación justificativa sobre la necesidad urgente o extraordinaria que los motiva, además de establecer que se deberá emitir un informe de evaluación a los cuatro meses. No obstante, no se especifica con claridad cuáles serán los mecanismos de control efectivos para impedir posibles abusos o arbitrariedades en la adjudicación de contratos.
La diputada del PSOE en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha manifestado su profunda preocupación por esta normativa, asegurando que con ella el Gobierno regional «pretende institucionalizar la opacidad, facilitando la adjudicación arbitraria de contratos a empresas privadas». La parlamentaria ha alertado especialmente sobre el riesgo de que «se incumplan principios fundamentales de transparencia y libre concurrencia, vulnerando los derechos de la ciudadanía a una sanidad pública justa y equitativa».
Millones en juego y antecedentes preocupantes
La diputada socialista recordó, además, que esta resolución aparece justo cuando se investiga en la Asamblea Regional la derivación irregular de servicios sanitarios del SMS al sector privado, cuyo importe supera ya los 23 millones de euros según un reciente informe del Tribunal de Cuentas. En este contexto, Sánchez insiste en que esta normativa podría agravar aún más las malas prácticas detectadas en los últimos años en materia de contratación sanitaria en la Región de Murcia.
La diputada socialista ha solicitado, por ello, una auditoría específica sobre estos nuevos procedimientos y ha exigido explicaciones claras por parte de la directora gerente del SMS, Isabel Ayala Vigueras, ante la Asamblea Regional.
Críticas por falta de transparencia en plena crisis sanitaria
La entrada en vigor de esta normativa coincide con un momento crítico para la sanidad pública en Murcia, marcado por saturación de los hospitales, listas de espera en aumento y críticas constantes por parte de profesionales y usuarios sobre el deterioro del sistema público regional.
La nueva resolución podría significar un retroceso en los esfuerzos por garantizar una gestión pública transparente y eficiente. Frente a esta situación, la diputada Marisol Sánchez ha anunciado que el PSOE mantendrá una posición vigilante para evitar «que el dinero destinado a la sanidad murciana se gestione desde la discrecionalidad y la falta de transparencia».
La preocupación crece ante la posibilidad de que esta normativa se convierta en un mecanismo habitual y no excepcional, poniendo en jaque una vez más la confianza de los ciudadanos en la gestión sanitaria del Gobierno de López Miras.
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