La socialista denuncia décadas de permisividad con empresas contaminantes y exige proteger la salud pública y el medio ambiente
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha reclamado al Gobierno de la Región de Murcia y en especial al consejero de Medio Ambiente que depuren responsabilidades ante la grave situación de contaminación industrial que afecta a varios terrenos de Cartagena y su entorno, y que está poniendo en peligro tanto el medio ambiente como la salud de la población.
“El Gobierno regional no ha protegido la salud de las personas, y por tanto, debe dar cuenta de ello y asumir su responsabilidad”, ha afirmado Fernández tras la comparecencia del consejero en la Asamblea Regional. La diputada ha cargado contra lo que considera una actitud permisiva e inoperante de la administración autonómica, que lleva décadas sin actuar ni exigir responsabilidades a los propietarios de terrenos contaminados.
Cartagena y la Sierra Minera: décadas de contaminación y abandono
Carmina Fernández ha recordado que el desarrollo industrial y minero de Cartagena y la Sierra Minera ha dejado una herencia tóxica, con suelos, aire y acuíferos contaminados, afectando incluso a zonas tan sensibles como el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. A pesar del cierre de muchas industrias químicas, el problema persiste por la gestión inadecuada de los residuos y la falta de actuaciones correctoras.
En este contexto, ha denunciado que los propietarios actuales de estos terrenos, en su mayoría empresas que adquirieron los suelos a bajo coste, se han desentendido de la descontaminación, a la espera de operaciones urbanísticas que hagan rentable su inversión. Un caso concreto señalado es el de la antigua planta de ZINSA, propiedad de la empresa Cartagena Parque S.A., que compró los terrenos en 2018 a precio de ganga, plenamente consciente del pasivo ambiental que conllevaban.
“Compraron sabiendo que tendrían que descontaminar y lo único que han hecho es esperar a hacer negocio, mientras la contaminación sigue afectando a los vecinos”, ha lamentado Fernández.
El Gobierno regional, “cómplice por inacción”
La dirigente socialista ha sido especialmente crítica con la pasividad de la Comunidad Autónoma, a la que acusa de haber sido permisiva y tolerante con los contaminadores. “La administración regional no ha sido capaz ni de exigir a los propietarios que cumplan con sus obligaciones ni de proteger la salud pública”, ha denunciado.
Entre los casos que reflejan esta inacción institucional, ha enumerado los retrasos inadmisibles en los trabajos de descontaminación:
- 30 años en la Sierra Minera
- 27 años en Peñarroya
- 24 años en Potasas y Derivados
- 17 años en ZINSA
“El Gobierno regional tiene las herramientas legales para actuar de forma subsidiaria, descontaminar y reclamar los costes a los responsables. Pero prefiere no hacer nada. Prefiere seguir mirando hacia otro lado”, ha sentenciado.
Contaminación que afecta directamente a la salud de la ciudadanía
Fernández ha subrayado que la contaminación de estos suelos no es solo un problema ambiental, sino un problema de salud pública. “Por cada vecino con cáncer, problemas respiratorios, cardiacos o alergias graves; por cada niño con plomo en sangre, el Gobierno regional debería pedir perdón y asumir su responsabilidad por no haber actuado a tiempo”, ha remarcado.
En el caso del terreno de ZINSA, ha advertido que además del material contaminante visible, existen balsas con alto contenido de sustancias tóxicas como ácido sulfúrico, cuya peligrosidad es extrema tanto por riesgo químico como por la posibilidad de filtraciones al subsuelo.
El problema, además, ya ha llegado a los tribunales, tras las denuncias de los vecinos afectados, del SEPRONA, de la Fiscalía y de distintas organizaciones ecologistas y sociales. “Estamos ante una situación judicializada, con argumentos sobrados. No se puede seguir aplazando la respuesta”, ha insistido.
Una política ambiental basada en la dilación y el “vuelva usted mañana”
Fernández ha ironizado con la actitud del consejero, asegurando que su única respuesta es plantear más aplazamientos y pedir más tiempo, mientras las familias siguen expuestas a la contaminación.
“El consejero no ofrece soluciones, solo propone esperar. Lo que ofrece a los vecinos es un cartel de vuelva usted mañana. Pero ya han esperado demasiado. Esto no es nuevo, y los riesgos se conocen desde hace años. Lo que falta es voluntad política”, ha criticado.
Para la diputada socialista, la situación demuestra que el Gobierno regional, en manos del Partido Popular, es incapaz de ejercer sus responsabilidades básicas en protección ambiental. “Un gobierno que no protege la salud de sus ciudadanos, no puede considerarse responsable. Es un gobierno negligente, ineficaz e insensible”, ha concluido.
Exigen acciones urgentes y responsabilidades políticas
Desde el PSOE reclaman que se ponga en marcha un plan urgente de descontaminación, que se asuman responsabilidades políticas y que se actúe conforme a la ley, haciendo cumplir el principio de “quien contamina, paga”.
“La salud pública no puede depender de especuladores ni de gobiernos cómplices. Exigimos acciones ya. Los vecinos de Cartagena no pueden seguir esperando más”, ha zanjado Carmina Fernández.
Con esta nueva denuncia, el Grupo Parlamentario Socialista pone el foco en uno de los problemas ambientales más graves y antiguos de la Región de Murcia, reclamando al Ejecutivo autonómico que abandone la inacción y actúe por fin en defensa del interés general y la salud de la población.
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