► La entidad pública pierde 37 millones por la caída del valor de su participación en la planta, con un juicio millonario aún pendiente
► El modelo ruinoso de la desaladora sigue drenando dinero público mientras apenas produce agua y arrastra causas por corrupción
La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR) ha cerrado el ejercicio 2023 con unas pérdidas millonarias que ascienden a 37,2 millones de euros, un resultado negativo que, tal como se recoge en sus cuentas anuales, se debe casi íntegramente al deterioro del valor de su participación en la mercantil Desaladora de Escombreras (DESAU).
El impacto contable deriva de la drástica depreciación de las acciones que posee ESAMUR en esta sociedad, lo que ha obligado a la entidad pública a aplicar una corrección de valor de más de 38 millones de euros, provocando una pérdida contable equivalente. La entidad ha tenido que reexpresar también sus cuentas de 2022 para hacer comparables ambos ejercicios tras el cambio de criterio contable aplicado.
Una infraestructura infrautilizada que cuesta millones a las arcas regionales
A pesar de que la planta tiene una capacidad de producción de 22,8 hectómetros cúbicos, en el año hidrológico cerrado a 30 de septiembre de 2023 solo produjo 1,9 hectómetros cúbicos, apenas un 8,6 % de su capacidad.
El Gobierno regional, sin embargo, está obligado por contrato a pagar alrededor de 32 millones de euros anuales a la empresa propietaria de la planta, independientemente de la producción real. La infrautilización de la desaladora se debe, entre otras causas, a las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura a los regantes que adquieren agua a través de la Comunidad Autónoma, lo que ha limitado la venta de caudales producidos en Escombreras.
Mientras tanto, el deterioro acumulado de la planta sigue aumentando: solo en los ejercicios 2021 y 2022, la sociedad acumuló pérdidas por más de 57 millones, y la cifra total de pérdidas acumuladas supera los 200 millones de euros desde su creación.
Una desaladora envuelta en un escándalo judicial sin resolver
El proyecto de la desaladora de Escombreras, impulsado por el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel en 2006, lleva años bajo la lupa judicial. En noviembre de 2024, la jueza de instrucción número 5 de Murcia ordenó la apertura de juicio oral contra 15 investigados, entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.
Los delitos que se les imputan son prevaricación continuada, fraude y malversación de caudales públicos, todos relacionados con el contrato de arrendamiento de la infraestructura, por el que la Comunidad Autónoma se comprometía a pagar durante 25 años una renta a cambio de quedarse con la planta al final del periodo.
La Fiscalía solicita para algunos de los acusados penas de hasta 8 años de prisión y 20 de inhabilitación, así como una indemnización de 70 millones de euros a favor de las arcas públicas por el perjuicio causado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El coste real de un modelo financiero ruinoso
La fórmula de financiación elegida por el Gobierno del Partido Popular para levantar esta desaladora ha sido calificada como ruinosa y lesiva para el interés público. En lugar de financiarse con fondos europeos, como ocurrió con otras desaladoras estatales, Escombreras se levantó con un complejo contrato de arrendamiento financiero a través de una sociedad participada.
Este modelo ha provocado que la Región de Murcia no solo no haya amortizado la inversión inicial, sino que tenga que seguir pagando decenas de millones anuales por una infraestructura que no se utiliza plenamente y que genera pérdidas. A esto se suma la depreciación contable de las participaciones públicas, como ha ocurrido en el caso de ESAMUR.
El resultado es una doble factura para las arcas públicas: por un lado, los pagos comprometidos con la empresa propietaria de la planta; por otro, las pérdidas registradas por entidades como ESAMUR, que afectan a su patrimonio neto y a su sostenibilidad futura.
La Región de Murcia paga cada año millones por una desaladora infrautilizada, sin que hasta la fecha haya asumido responsabilidades políticas por este despropósito financiero y jurídico, cuya única esperanza de resarcimiento pasa por una eventual condena judicial.
Mientras tanto, ESAMUR continúa acumulando pérdidas derivadas de una infraestructura fallida, y la ciudadanía sigue pagando el precio de una gestión opaca y dañina para el interés público.
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