Los contratos fueron firmados por la propia Virginia Martí Bravo en favor de su socio en la revista Conecta
La exalcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas López, del Partido Popular, adjudicó de manera directa más de 50.000 euros en contratos públicos a Ismael Martínez Cánovas, socio profesional de su entonces jefa de gabinete, Virginia Martí Bravo, durante su mandato al frente del Ayuntamiento.
Los contratos, otorgados sin concurso público, fueron firmados en su mayoría por la propia Virginia Martí en representación del Consistorio, beneficiando directamente a su pareja profesional y codirector de la revista local Conecta. Estos hechos están documentados en informes oficiales del propio Ayuntamiento, a los que ha tenido acceso este medio.
Contratos reiterados y adjudicación directa
La documentación revela que entre los años 2023 y 2025, Martínez Cánovas recibió adjudicaciones por importe superior a los 50.000 euros, distribuidas en contratos para gestión de redes sociales, publicidad institucional, producción de vídeos turísticos y difusión de actividades culturales. Todos estos contratos fueron formalizados por procedimiento directo, sin mediar licitación pública ni concurrencia competitiva.
Entre los contratos destacados figuran:
- Gestión de redes sociales turísticas: 6.171 euros.
- Producción de hasta 60 vídeos turísticos: 5.082 euros.
- Difusión de contenido cultural y festivo en revista Conecta y redes sociales: más de 15.000 euros acumulados en varias anualidades.
- Agenda semanal audiovisual de actos municipales: 5.445 euros.
- Creación de contenido institucional y diseño gráfico: alrededor de 4.000 euros.
La mayoría de estos contratos fueron firmados directamente por Virginia Martí Bravo, en calidad de jefa de gabinete o responsable del área, actuando como representante del Ayuntamiento.
Vínculo profesional con el adjudicatario
Ismael Martínez y Virginia Martí figuran como codirectores de la revista Conecta, según se puede comprobar en la segunda página de su edición número 66 (año 2024). Esta publicación ha sido receptora directa de varios de los contratos formalizados desde el Ayuntamiento durante el mandato de Cánovas.
La dualidad del papel de Martí Bravo —firmando contratos como representante municipal que beneficiaban a su socio profesional— plantea un evidente conflicto de interés que, aunque no se traduce por sí mismo en ilegalidad, sí compromete los principios de imparcialidad y transparencia recogidos en la legislación sobre contratación pública.
Sin procesos abiertos ni concurrencia
Ninguno de los contratos examinados fue objeto de licitación pública o concurso abierto. Todos ellos fueron adjudicados por procedimiento directo, mecanismo previsto legalmente para importes menores, pero cuya reiteración con un mismo proveedor resulta cuanto menos controvertida cuando no se justifica una necesidad objetiva.
Tampoco consta en los documentos revisados ningún informe técnico que evalúe alternativas de proveedores ni criterios de idoneidad distintos al vínculo previo del adjudicatario con los responsables políticos del Ayuntamiento.
Polémicas previas de la exalcaldesa
Este nuevo episodio vuelve a situar en el centro del debate público la figura de María Cánovas, cuya etapa al frente del Ayuntamiento ya estuvo marcada por otras controversias. La más conocida fue su declaración durante el pleno municipal del 1 de septiembre de 2024, cuando acusó públicamente a la oposición de preferir destinar el dinero público a “cocaína y putas”, en lugar de a inversiones municipales, una frase que quedó registrada en acta y que generó una oleada de críticas en medios y redes sociales.
Aquella intervención causó un fuerte malestar político, incluso dentro de su propio partido, y alimentó el malestar ciudadano hacia una forma de gestión que muchos calificaron de agresiva, populista y ajena a las formas institucionales.
Dimisión y moción de censura
María Cánovas dejó de ser alcaldesa tras una moción de censura presentada por PSOE, IU y Alham@una, que propiciaron un cambio de gobierno tras apenas un año de mandato. La oposición argumentó su decisión en la “incapacidad de diálogo” y la “falta de transparencia” del gobierno del Partido Popular en Alhama.
Los contratos adjudicados a Ismael Martínez, conocidos ahora, se suman al contexto político que condujo a su salida, y podrían reforzar las críticas de falta de control sobre el uso del dinero público durante su mandato.
¿Nepotismo encubierto o descontrol institucional?
La reiteración de adjudicaciones a una persona vinculada profesionalmente a una figura clave del equipo de gobierno y la ausencia de procedimientos abiertos comprometen la imagen de imparcialidad del Ayuntamiento durante el gobierno de Cánovas. El hecho de que la persona que firma los contratos sea también socia del adjudicatario cuestiona seriamente la diligencia con la que se debieron aplicar los principios de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece la obligación de evitar conflictos de interés y de preservar la objetividad de los procedimientos.
Aunque en ninguno de los documentos se ha detectado incumplimiento legal directo, el encadenamiento de contratos de baja cuantía que eluden licitaciones públicas y la ausencia de explicaciones sobre la elección del proveedor alimentan las sospechas de un uso clientelar de los recursos públicos.
Falta de explicaciones y opacidad
Hasta el momento, ni el Partido Popular de Alhama ni los protagonistas implicados han ofrecido explicaciones públicas sobre esta cadena de adjudicaciones. Tampoco se han emitido aclaraciones institucionales sobre si existió algún mecanismo de control o fiscalización interna sobre los contratos firmados.
Este silencio contrasta con la obligación legal y ética de los representantes públicos de rendir cuentas cuando se trata del uso de fondos públicos, especialmente en contextos donde concurren relaciones personales o profesionales que pueden comprometer la objetividad del proceso administrativo.
Conclusión
Los contratos firmados por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia entre 2023 y 2025 durante el mandato de María Cánovas a favor del socio profesional de su jefa de gabinete dibujan un patrón de adjudicación continuada sin concurrencia, sin control y con evidentes vínculos personales entre firmantes y adjudicatario.
Aunque formalmente legales, los hechos revelados abren un debate ético, político y administrativo sobre la utilización del dinero público, la gestión de los recursos en la administración local y la falta de transparencia cuando se confunde lo institucional con lo personal.
Con esta información sobre la mesa, corresponde ahora a la ciudadanía, a los órganos de control y a los grupos municipales valorar si los comportamientos observados deben tener algún tipo de consecuencia política o jurídica. En democracia, los votos dan poder, pero la confianza ciudadana se sostiene con transparencia, ética y responsabilidad.
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