María Cruz Martínez Olmedo recibió dos ayudas del Instituto de Turismo de la Región de Murcia condicionadas al mantenimiento de la actividad turística
En plena legislatura de su marido como alcalde de Caravaca de la Cruz, María Cruz Martínez Olmedo ha decidido poner a la venta el hotel que regenta en la ciudad tras haber recibido más de 117.000 euros en subvenciones públicas para su reforma y modernización. El establecimiento, ubicado en la calle Ingeniero Oñate Sánchez número 5, se anuncia actualmente en Idealista por 849.000 euros como una “inversión segura y rentable”, apenas tres meses después de haber concluido el Año Jubilar 2024, uno de los mayores reclamos turísticos del municipio.
Dos subvenciones públicas y una condición clave: mantener la actividad
La primera de las ayudas otorgadas a María Cruz se enmarca en la convocatoria de 2021 para alojamientos turísticos afectados por la pandemia, regulada por la Orden de 5 de julio de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. En dicha orden se especifica claramente que la finalidad es «incentivar el mantenimiento en su actividad de los alojamientos turísticos reglados de la Región de Murcia». Esta subvención ascendió a 17.708,56 euros.
La segunda ayuda, mucho más cuantiosa, fue otorgada en 2024 dentro del Plan de Revitalización y Sostenibilidad de los Alojamientos Turísticos de la Región de Murcia, financiado por los fondos europeos NextGenerationEU. Según la orden publicada en el BORM, el objetivo era modernizar los alojamientos turísticos y garantizar su continuidad dentro del modelo de sostenibilidad, eficiencia energética y digitalización. En esta ocasión, la subvención ascendió a 99.996,07 euros.
Es decir, el hotel recibió un total de 117.704,63 euros en ayudas públicas, condicionadas explícitamente al mantenimiento de la actividad hotelera en el municipio.
Las bases exigen el mantenimiento de la actividad subvencionada
Ambas órdenes dejan clara la obligatoriedad de mantener la actividad turística subvencionada durante un periodo mínimo, so pena de reintegro de la ayuda. En el caso de la convocatoria de 2021, se detalla que las ayudas tienen por objeto “incentivar el mantenimiento en su actividad” de los alojamientos turísticos, con controles específicos y la obligación de colaborar con el Instituto de Turismo para verificar el impacto de la ayuda.
La orden de 2024, más reciente y exigente, establece que los beneficiarios deben “ejercer legalmente su actividad”, que los establecimientos estén debidamente registrados en el Registro de Empresas Turísticas y que la inversión esté vinculada a una actividad que debe mantenerse en el tiempo, como recoge la Base Sexta y la Base Decimocuarta sobre reintegro.
Además, el cese de actividad sin justificación puede suponer la devolución íntegra de la subvención, algo aplicable también si se incumple la finalidad para la que se concedieron los fondos: revitalizar la actividad turística en la Región de Murcia de forma sostenible y continua.
Un hotel en venta pero aún operativo: ¿se prepara el traspaso tras recibir ayudas?
Aunque el hotel sigue en funcionamiento y así se destaca en el anuncio, la venta del inmueble sin cargas, sin deudas y con opción de entregarlo libre de inquilinos plantea dudas sobre la continuidad real de la actividad subvencionada. El anuncio publicado en Idealista no oculta la posibilidad de una cesión inmediata del negocio, permitiendo al comprador explotarlo directamente o reconvertir su uso, lo cual podría suponer una vulneración de las condiciones impuestas en las ayudas públicas recibidas.
El establecimiento, que funciona como hotel con cafetería, se presenta como una «inversión rentable» con «ocupación del 100% en temporada alta y del 65% el resto del año» -según se indica en el anuncio del portal inmobiliario- pero el hecho de estar en venta pocos meses después de recibir financiación pública destinada a su revitalización cuestiona el verdadero compromiso con la actividad turística.
La disponibilidad del hotel “sin inquilinos” no implica que actualmente esté cerrado, sino que se ofrece con total flexibilidad para quien lo compre, poniendo en entredicho si la actividad actual se mantendrá más allá del traspaso, o si se trata de una operación para capitalizar el dinero público invertido.
Conflicto ético y político en Caravaca
El caso reviste aún mayor gravedad por la condición de María Cruz Martínez Olmedo como esposa del actual alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García (PP). Aunque en ningún momento se cuestiona la legalidad formal de las ayudas, el conflicto ético y político es evidente: se ha destinado dinero público para el fortalecimiento de un negocio turístico que, apenas meses después de aprovechar el tirón del Año Jubilar 2024, se pone en venta en el mercado inmobiliario.
Cabe recordar que las bases de ambas convocatorias incluyen obligaciones específicas para los beneficiarios, como mantener la actividad subvencionada durante un periodo mínimo, no desviar el uso del inmueble a fines distintos y someterse a control e inspección por parte del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. En caso de incumplimiento, se contempla expresamente el reintegro total o parcial de las ayudas públicas.
¿Se fiscalizará el uso del dinero público?
A día de hoy, no consta que se haya iniciado ningún procedimiento de control, ni que se haya producido una inspección por parte del Instituto de Turismo o de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. La puesta en venta del hotel, sin embargo, debería activar al menos una verificación de cumplimiento, especialmente teniendo en cuenta que los fondos proceden de programas europeos como el NextGenerationEU, sujetos a fiscalización rigurosa.
El anuncio de Idealista presenta el negocio como libre de cargas y como oportunidad para inversores interesados en explotar el inmueble o darle un nuevo uso, lo que plantea preguntas sobre la adecuación de este tipo de ayudas públicas cuando no existen garantías reales de continuidad del proyecto subvencionado.
El ITREM decide guardar silencio
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia no ha querido ofrecer explicaciones públicas sobre este caso. LasNoticiasRM se ha dirigido al ITREM para consultarles sobre estas subvenciones pero han declinado facilitar la información. Concretamente les preguntamos si habían practicado algún tipo de inspección al establecimiento hostelero subvencionado en dos ocasiones a nombre de María Cruz Martínez Olmedo por importes de 17.708,56 y 99.996,07 euros respectivamente. También les pedimos que nos explicaran por qué la subvención de 17.708,56 euros no se encuentra publicada en el portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas como marca la ley.
Por otro lado, ante la salida a la venta del establecimiento hotelero y dado que las bases de las subvenciones concedidas incluyen obligaciones en cuanto al mantenimiento de la actividad, preguntamos al ITREM si iban a tomar alguna medida al respecto. A todas nuestras cuestiones nos contestaron desde la dirección de Comunicación y Marketing con un «la información solicitada debe realizarse mediante el procedimiento establecido de acceso de información pública», que nada aclara y, según se interprete, mucho dice.
La opacidad se suma a la falta de transparencia con la que habitualmente se gestionan este tipo de subvenciones, muchas veces adjudicadas a personas con vínculos políticos o familiares relevantes. Este caso reabre el debate sobre la fiscalización del dinero público destinado a particulares en municipios pequeños, donde los vínculos personales pueden cruzar fácilmente la línea entre lo éticamente cuestionable y lo legalmente sancionable.
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