Diez ejemplos que evidencian falta de transparencia en contratos públicos de gran impacto económico
La transparencia no es una virtud que se le presuponga al Gobierno regional de la Región de Murcia, al menos si atendemos al historial de adjudicaciones de los últimos cinco años. Desde contratos millonarios por la vía de emergencia hasta campañas de publicidad institucional contratadas en vísperas de elecciones sin concurrencia pública, la lista de actuaciones opacas es tan larga como variada. A continuación repasamos los diez casos más significativos.
1. El millonario gasto en material sanitario durante la COVID: urgencia sin transparencia
La pandemia justificó muchos procedimientos excepcionales, pero también fue la puerta de entrada para una gestión sin controles. El Servicio Murciano de Salud (SMS) adjudicó contratos por más de 140 millones de euros para la compra de mascarillas, geles, guantes, mamparas y test diagnósticos. Muchos de ellos se firmaron con empresas sin experiencia previa en el sector sanitario, incluyendo firmas del sector inmobiliario o electrónico.
Uno de los contratos más llamativos fue el adjudicado a la empresa Distribuciones Técnicas del Sureste S.L., por valor de 5.479.000 euros, para el suministro de mascarillas FFP2. Esta firma, dedicada previamente a la distribución de componentes eléctricos, fue beneficiaria de uno de los mayores contratos en pleno estado de alarma. Otro contrato de 3.812.000 euros se concedió a Inmoalquile S.L., una empresa inmobiliaria, también para material de protección individual.
También se firmaron acuerdos con Representaciones y Suministros Jipe S.L. por más de 1,2 millones de euros, y con Archer Export S.L. por casi 900.000 euros, a pesar de que esta última había sido creada apenas unos meses antes.
El procedimiento de «emergencia» eximió de publicar licitaciones, lo que provocó que el precio de las mascarillas quirúrgicas se duplicara respecto al valor medio nacional. El propio Tribunal de Cuentas señaló posibles sobrecostes, y varios grupos de la oposición reclamaron auditorías completas. Algunos contratos acabaron en manos de empresas con vínculos personales con antiguos cargos del PP.
2. Una línea telefónica de 1,6 millones € con sabor a favoritismo
En pleno estallido de la pandemia, el Servicio Murciano de Salud adjudicó por 1.600.000 euros la gestión de la línea 900 de información COVID a la empresa Neuronic IT Group, dedicada a soluciones tecnológicas y call center. Lo controvertido no fue solo la cuantía ni la urgencia del contrato, sino que entre los directivos de esta empresa figuraba un ex alto cargo del Gobierno regional, cuya identidad no se llegó a hacer pública oficialmente, pero que había desempeñado funciones directivas en la propia Consejería de Salud en legislaturas anteriores.
Podemos denunció el caso en la Asamblea Regional y pidió explicaciones sobre los criterios de adjudicación, señalando la posible existencia de conflicto de interés. Sin embargo, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, nunca aclaró públicamente la relación entre el adjudicatario y el Gobierno autonómico, y las preguntas parlamentarias quedaron sin respuesta. Un contrato de atención ciudadana convertido en ejemplo paradigmático de opacidad institucional.
3. Plus Asistencia y el rastreo COVID: casi 1,5 millones sin concurso abierto
Otra de las adjudicaciones llamativas fue la del servicio de teleoperación para las citas de vacunación, otorgado a Plus Asistencia S.L. por 1.469.438 €. Se justificó por la necesidad urgente y se tramitó por negociado sin publicidad. Aunque se financió con fondos europeos, el contrato generó sospechas por su carácter verbal previo a la formalización oficial.
Plus Asistencia también estuvo implicada en el rastreo de casos COVID, hasta que fue reemplazada por una UTE formada por Promed Consulting y Esatur. Este nuevo contrato, de más de dos millones, se licitó con poco margen y generó inquietud entre sindicatos y partidos por la precariedad laboral de los rastreadores.
4. Derivaciones quirúrgicas a la privada: 23 millones con irregularidades
Las operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas fueron derivadas a centros privados como Hospital Mesa del Castillo, Clínica Nuestra Señora de Belén, Hospital Virgen del Alcázar en Lorca, y la Clínica San José en Murcia. Estas derivaciones se justificaron bajo el argumento de aliviar las listas de espera, pero se realizaron sin pliegos públicos, sin evaluaciones técnicas documentadas y sin establecer criterios objetivos para la selección de centros concertados.
La oposición llevó el caso ante la Fiscalía Europea por uso de fondos comunitarios sin garantías. Además, denunció que los pagos se hicieron sin un control previo riguroso, vulnerando la normativa de contratación pública. La gestión recayó bajo responsabilidad del consejero Juan José Pedreño, y más tarde de María Ángeles Palacios, quienes firmaron y defendieron la necesidad de estos conciertos como medida «excepcional» frente al colapso del sistema público.
Para organizaciones sindicales y plataformas ciudadanas, lo excepcional ha sido precisamente que se consolidara un modelo estructural de externalización sanitaria en beneficio de clínicas privadas, sin control ni transparencia.
5. Publicidad institucional en vísperas electorales: 500.000 euros sin licitación
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) adjudicó una campaña de imagen por valor de 501.653 € a varios medios de comunicación, entre ellos La Verdad, Cadena SER, COPE y Onda Cero. Lo hizo mediante un procedimiento negociado sin publicidad, lo que impidió la competencia.
La campaña incluía cuñas radiofónicas, anuncios en prensa escrita, banners en portales web y entrevistas patrocinadas en programas de gran audiencia. El contenido giraba en torno a los logros del Gobierno regional en materia de turismo, cultura y economía, con un tono claramente institucional que, sin embargo, coincidía sospechosamente con los ejes discursivos del Partido Popular durante la precampaña.
Los partidos de la oposición acusaron al Ejecutivo de usar recursos públicos para promocionar la acción de gobierno y mejorar su imagen en periodo preelectoral. La responsable del ITREM, dependiente de la consejera Carmen Conesa, tuvo que comparecer para justificar la falta de transparencia en la adjudicación. No se publicaron informes de impacto ni criterios técnicos de reparto entre los medios, lo que alimentó las sospechas de que el contrato fue diseñado para beneficiar a grupos de comunicación afines.
6. El fraccionamiento de obras en el CIFEA de Molina: ¿casualidad o picaresca?
El PSOE denunció en 2023 la adjudicación fraccionada de cuatro contratos menores a una misma empresa (Technozyp SL) para acometer obras en el CIFEA de Molina de Segura. La suma de los contratos superaba el umbral legal para licitar mediante procedimiento abierto.
La denuncia señalaba un intento de «trocear» los contratos para evitar la competencia. Todos los pagos se hicieron con fondos europeos Next Generation, lo que podría agravar la responsabilidad administrativa si se confirman las irregularidades. La Consejería de Agricultura, entonces dirigida por Francisco J. Luengo, fue la responsable del centro.
7. Turismo y deportes: 223 contratos menores para una misma agencia de viajes
El director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez, ha estado en el punto de mira por adjudicar 223 contratos menores a una misma agencia de Cabezo de Torres, su localidad natal: Benytours Vacaciones y Empresas Grupo S.L. En total, el gasto superó los 59.700 euros, justo por debajo del límite legal por contrato.
Lo que resulta especialmente llamativo es que Francisco Javier Sánchez y el administrador único de la agencia, José Benítez, mantienen una relación personal de proximidad, como reconocen diversas fuentes del propio entorno deportivo regional. Ambos han coincidido en actos públicos y actividades locales desde hace años, y la empresa tiene su sede en la misma pedanía murciana en la que reside el director general.
La reiteración de contratos menores —algunos con apenas días de diferencia— ha hecho saltar las alarmas por un posible uso del procedimiento simplificado para evitar la concurrencia pública. La oposición ha acusado al responsable de Deportes de mantener una «red clientelar» con esta agencia y de haber favorecido sistemáticamente su adjudicación, pese a que existen otras agencias con mayor capacidad y experiencia técnica.
El caso ha sido objeto de múltiples peticiones de explicación parlamentaria, aunque la Consejería de Turismo ha evitado abrir investigación alguna. Hasta la fecha, Francisco Javier Sánchez no ha ofrecido explicaciones públicas convincentes sobre por qué todos los contratos se concentraron en una única empresa con la que mantiene un estrecho vínculo geográfico y personal.
8. Publicidad institucional del INFO sin auditoría de impacto
En 2021, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) destinó 219.599 euros a publicidad institucional en medios de comunicación. Aunque en este caso se usó licitación ordinaria, los detalles de la adjudicación nunca se hicieron públicos.
La oposición preguntó por los criterios de selección de los medios y el reparto de fondos, sin obtener una respuesta clara. Se sospecha que se favoreció a medios afines al gobierno regional. El consejero Luis Alberto Marín firmó los contratos como máximo responsable de Hacienda y Economía.
9. Contratos de emergencia sanitaria sin rastro en transparencia
Decenas de contratos adjudicados por el SMS durante 2020 y 2021 no aparecen en los portales de transparencia, pese a haber supuesto millones de euros en gasto público. Podemos exigió una auditoría integral y denuncias públicas señalaron adjudicaciones sin expediente completo.
La opacidad de los contratos menores de emergencia, en especial para desinfección de centros, suministro de respiradores o test rápidos, es uno de los vacíos más graves detectados en estos cinco años. Ningún alto cargo ha asumido responsabilidades.
10. El modelo de contratación directa como norma no como excepción
El conjunto de estos casos muestra un patrón claro: el uso reiterado del contrato menor, del procedimiento negociado sin publicidad y del recurso a la urgencia como vía para adjudicar sin concurrencia ni evaluación objetiva. Lo que debería ser una excepción se ha convertido en norma.
Tanto el Tribunal de Cuentas como el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia han emitido informes en los que advierten de la falta de controles, la ausencia de fiscalización interna y la escasa publicación de datos desglosados sobre la contratación pública.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con su dinero. Y la transparencia no es un eslogan, sino una obligación legal. En la Región de Murcia, la opacidad se ha convertido en una herramienta de gobierno. Una herramienta que debe ser desmontada con información, con investigación periodística y, sobre todo, con rendición de cuentas.
Referencias consultadas
Las evidencias que respaldan este artículo proceden de fuentes contrastadas y accesibles: informes del Tribunal de Cuentas, el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), y medios regionales de referencia como La Verdad, Murcia Plaza, La Opinión de Murcia y otros medios de comunicación además de las investigaciones propias de LasNoticiasRM. A ello se suman respuestas parlamentarias y expedientes administrativos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, lo que permite sostener cada afirmación aquí presentada sobre una base documental sólida.
El reto que queda por delante
La exposición de estos diez casos no solo invita a la reflexión, sino que exige acción. Los mecanismos institucionales de control no pueden limitarse a advertencias; deben ir acompañados de consecuencias. La sociedad civil, los medios de comunicación y los órganos fiscalizadores tienen ante sí la tarea de seguir investigando, exigiendo explicaciones y desenmascarando los intereses que se ocultan tras los expedientes administrativos. Porque solo con transparencia se puede garantizar una democracia plena y un uso justo de los recursos públicos. Y en la Región de Murcia, queda mucho por limpiar.
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