El dictamen detecta errores de procedimiento, insuficiencia en el análisis económico y carencias en las garantías jurídicas del texto propuesto por la Consejería de Empresa
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha emitido un dictamen en el que identifica diversas deficiencias normativas y procedimentales en el proyecto de decreto promovido por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social para regular la marca distintiva “Empresa Comprometida con la Seguridad y Salud Laboral”. Aunque considera que el texto puede seguir adelante si se subsanan los defectos observados, el órgano consultivo recomienda introducir correcciones sustanciales antes de su aprobación.
Falta de ajuste al procedimiento normativo
El dictamen señala que el proyecto no se ha ajustado plenamente al procedimiento legal de elaboración de reglamentos. En particular, la consulta pública previa se realizó cuando ya existía un primer borrador, lo que contradice el objetivo de ese trámite, que debe llevarse a cabo antes de redactar la norma para garantizar una participación efectiva.
Además, se constata que la consulta al Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral se realizó antes de contar con una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) aprobada, lo que compromete la secuencia lógica exigida en el proceso. El Consejo recomienda reanudar estos trámites en el orden correcto si se desea continuar con la tramitación.
Memoria económica insuficiente y sin estudios de impacto preceptivos
En relación con la MAIN, el dictamen advierte que su versión actual no ofrece una evaluación adecuada de los medios necesarios para ejecutar el decreto, ni desde el punto de vista humano ni material. Tampoco se analiza con la profundidad exigida el impacto sobre los sectores económicos afectados, ni se incluyen los estudios preceptivos de impacto por razón de género, infancia o familia.
Asimismo, el Consejo cuestiona la calificación abreviada de la MAIN, al considerar que el proyecto tiene implicaciones institucionales y organizativas suficientes como para requerir una versión ordinaria del análisis, tal y como había señalado previamente la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
Observaciones técnicas al articulado del decreto
El Consejo Jurídico también formula observaciones al contenido normativo del proyecto. Por un lado, recuerda que el uso del logotipo de la Dirección General de Tráfico para uno de los distintivos previstos (“Movilidad Segura en la Empresa”) requiere autorización expresa de dicho organismo, ya que se trata de una marca registrada.
Por otro, cuestiona la legalidad del silencio administrativo negativo previsto para la resolución de las solicitudes de distintivo, dado que la normativa general establece la regla del silencio positivo salvo excepciones justificadas, que en este caso no se han acreditado suficientemente. Además, subraya la necesidad de garantizar el derecho de audiencia a las empresas en los procedimientos de suspensión del distintivo, al no estar debidamente previsto en el borrador.
Sin incentivos claros ni impacto definido para las empresas
Aunque el proyecto busca reconocer públicamente a las empresas que integren medidas destacadas en prevención de riesgos laborales, el dictamen observa que el distintivo no conlleva beneficios económicos, fiscales ni administrativos. Por tanto, su alcance se limitaría a un reconocimiento simbólico, sin establecer incentivos que refuercen su utilidad práctica.
En ese sentido, el Consejo sugiere que el proyecto podría beneficiarse de una mayor conexión con iniciativas ya existentes a nivel estatal o europeo, como la Red Española de Empresas Saludables o la Declaración de Luxemburgo, que cuentan con un marco más consolidado y herramientas técnicas complementarias.
Conclusión condicionada a la subsanación de los defectos observados
El dictamen concluye que el decreto puede considerarse jurídicamente viable, siempre que se subsanen los errores e insuficiencias señalados a lo largo del informe. Para ello, la Consejería deberá completar el expediente normativo, rehacer la MAIN en su versión ordinaria, reordenar los trámites ya iniciados y revisar el contenido del articulado conforme a las recomendaciones formuladas.
Este pronunciamiento del Consejo Jurídico —sin carácter vinculante pero sí preceptivo— introduce una llamada a la cautela sobre un proyecto que, si bien pretende fomentar la cultura preventiva en las empresas, aún no reúne todas las garantías jurídicas y técnicas necesarias para su aprobación sin modificaciones.
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