Más de 63 millones de euros que no se destinarán a servicios públicos, inversiones o mejoras sociales, sino que acabarán en manos de entidades financieras para mantener la operativa básica de la Tesorería regional
Más de 63 millones de euros saldrán de las arcas públicas de la Región de Murcia para sufragar los servicios bancarios y las operaciones de crédito a corto plazo que pretende contratar el Gobierno regional entre 2025 y 2029, tal y como informó LasNoticiasRM en el día de ayer.
Esta cifra, que incluye los tres años iniciales del contrato y los dos de posible prórroga, se deriva directamente del expediente 13004/2025, tramitado por la Consejería de Hacienda para garantizar la operativa financiera del Ejecutivo autonómico y cubrir sus necesidades de liquidez mediante pólizas de crédito.
El contrato, adjudicado mediante procedimiento abierto, se divide en seis lotes y prevé la apertura y gestión de cuentas corrientes, la recepción de ingresos y la ejecución de pagos, así como la disposición de créditos a corto plazo con intereses y comisiones asociadas. En conjunto, representa un compromiso financiero plurianual de gran envergadura que recaerá sobre los recursos públicos.
Un gasto recurrente que supera los 12 millones anuales
La memoria justificativa del contrato cifra el presupuesto base de licitación en 37,8 millones de euros para el periodo inicial 2025–2027, a razón de más de 12,5 millones de euros por ejercicio. Esta cantidad incluye:
- Comisiones por servicios bancarios: desde 149.625 € en 2025 hasta 189.000 € anuales en los siguientes ejercicios.
- Intereses de las pólizas de crédito contratadas: más de 12 millones anuales en cada uno de los años.
- Comisión por no disponibilidad: una penalización fija por parte de las entidades adjudicatarias en caso de no utilizar las pólizas, que asciende a 275.000 € el primer año y 300.000 € en los restantes.
De cumplirse las previsiones y ejecutarse las dos anualidades de prórroga contempladas en el contrato, el coste se prolongará hasta 2029. En ese escenario, el coste global para las finanzas regionales ascendería a 63,03 millones de euros, excluyendo eventuales costes adicionales derivados de incidencias contractuales o revisiones legales.
El coste de la deuda a corto plazo: una hipoteca invisible
La estructura del contrato deja claro que la mayor parte del gasto público comprometido proviene de los intereses derivados de las pólizas de crédito, el instrumento que el Ejecutivo regional utiliza para cubrir los desfases transitorios de tesorería. Es decir, para pedir prestado a los bancos cuando los ingresos no bastan para afrontar los pagos inmediatos.
El recurso a este mecanismo no es nuevo, pero su dimensión y recurrencia sí resultan llamativos: el contrato autoriza a la Comunidad Autónoma a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por hasta 900 millones de euros, según la autorización firmada por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2024. Esas operaciones, de carácter temporal, generan intereses y comisiones que ahora se hacen explícitos en este contrato.
Mientras el presidente Fernando López Miras insiste públicamente en que “la Región no puede vivir hipotecada por el Gobierno de España”, lo cierto es que su Ejecutivo asume compromisos financieros bancarios por decenas de millones cada año, con cargo directo a los presupuestos regionales. Una paradoja que no pasa desapercibida, máxime cuando la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a respetar los límites de sostenibilidad financiera y evitar dependencias estructurales de la deuda.
Sin revisión de precios, pero con tipos variables
Aunque el contrato es de naturaleza privada y no contempla revisión de precios, los intereses de las pólizas se recalcularán periódicamente en función de los tipos de prudencia financiera establecidos por el Ministerio de Hacienda. Es decir, el coste final podría variar dependiendo de la evolución del mercado, aunque el descuento aplicado por las entidades adjudicatarias sobre ese tipo se mantiene fijo.
Esto significa que, aunque las cifras licitadas se presentan como cerradas, el impacto final en el presupuesto regional podría ser incluso superior si los tipos de referencia se incrementan en los próximos años, como prevén algunos analistas en el contexto postinflación.
Una carga que recaerá sobre los contribuyentes
Más allá de los tecnicismos financieros y los términos contractuales, el fondo de la cuestión es claro: la financiación del funcionamiento básico de la Administración regional, desde el pago a proveedores hasta los salarios del personal público, depende en parte de un endeudamiento recurrente con los bancos, cuyas condiciones son cada vez más costosas.
En total, más de 63 millones de euros que no se destinarán a servicios públicos, inversiones o mejoras sociales, sino que acabarán en manos de entidades financieras para mantener la operativa básica de la Tesorería regional. Una factura silenciosa pero implacable que pagaremos todos los ciudadanos de la Región de Murcia, año tras año.
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