La Consejería ignora desde febrero una resolución firme que le obliga a entregar los expedientes de contratación solicitados por un ciudadano
El derecho a saber qué hace una administración con el dinero público no es un capricho ni una sugerencia: es un derecho fundamental reconocido por la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Pero la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes del Gobierno regional parece no haberlo leído, o peor, haber decidido ignorarlo de forma consciente. Porque desde el pasado mes de febrero, incumple de manera flagrante una resolución del Comisionado de Transparencia que le obliga a entregar información pública sobre sus contrataciones con la empresa BenyTours Vacaciones Empresas Grupo SL.
La Dirección General de Deportes fue requerida formalmente a entregar todos los expedientes administrativos vinculados a los contratos firmados con dicha empresa entre 2019 y 2024: presupuestos, autorizaciones, certificaciones, justificaciones de gasto, resoluciones de adjudicación y demás documentos asociados. Tras ignorar la solicitud inicial, el solicitante presentó una reclamación ante el Comisionado de Transparencia, quien el 17 de febrero de 2025 emitió la Resolución 17/2025, donde estimaba íntegramente la petición y ordenaba a la Consejería entregar la información solicitada en un plazo máximo de 15 días hábiles.
La resolución es clara: debe entregarse todo el expediente sin excusas
En su dictamen, el Comisionado no deja lugar a dudas. En el punto tercero de su resolución afirma: “debe facilitarse a la persona reclamante el acceso a la información solicitada en el escrito de solicitud de 10 de octubre de 2023, consistente en los expedientes completos relacionados con los contratos suscritos entre la Dirección General de Deportes y la empresa BenyTours Vacaciones Empresas Grupo SL, desde el año 2019 hasta la fecha”. Asimismo, advierte a la Consejería que su deber es cumplir con lo ordenado en virtud del artículo 28.2 de la Ley 12/2014.
Lejos de obedecer, la Dirección General de Deportes ha ignorado no sólo la solicitud inicial y la resolución firme, sino también el plazo legal para ejecutar dicha orden. Por ello, el ciudadano afectado ha tenido que presentar un segundo requerimiento mediante el procedimiento administrativo 3321 de ejecución de resoluciones, exigiendo que se cumpla lo ordenado.
Una actitud que vulnera derechos y desacredita la transparencia pública
El Comisionado señala en su resolución que “el órgano reclamado ha incurrido en un silencio administrativo contrario a la Ley” y subraya que la información solicitada es de carácter público, dado que “no concurre causa alguna de inadmisión o de limitación del acceso conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Transparencia”.
El incumplimiento de esta resolución no es una mera falta administrativa. Supone una vulneración directa del derecho de acceso a la información pública. Y, lo que es aún más grave, revela una actitud institucional de desprecio hacia los mecanismos de control democrático.
Contrataciones reiteradas a BenyTours sin licitación pública
Según datos consultados, la Dirección General de Deportes ha gastado más de 43.000 euros en servicios de transporte contratados de forma reiterada con BenyTours a través de contratos menores, eludiendo así cualquier procedimiento de licitación. Entre los trayectos pagados figuran desplazamientos dentro del propio territorio regional, como Alcantarilla, Ricote, Fuente Álamo, Archena, Monteagudo o Los Alcázares. El uso sistemático de contratos menores ha levantado sospechas sobre una posible fragmentación de contratos para sortear el control público.
Como recuerda el Comisionado en su resolución: “la transparencia en la contratación pública se erige como principio esencial para prevenir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas”. Sin embargo, la Consejería prefiere guardar silencio y mantener cerrados los cajones donde deberían estar los documentos disponibles para consulta ciudadana.
Una resolución sin ejecución: la debilidad del sistema de garantías
Uno de los aspectos más preocupantes es que el Comisionado de Transparencia, pese a dictar resoluciones firmes y vinculantes, no tiene potestad sancionadora directa. La Ley 12/2014 no contempla un mecanismo ágil para forzar a las administraciones a cumplir sus resoluciones, más allá de reiteraciones formales y advertencias de responsabilidad. Por ello, se ha abierto un procedimiento de ejecución, aunque sin garantías de que la Consejería obedezca a corto plazo.
Este vacío legal convierte al Comisionado en una figura respetada, pero sin herramientas reales para proteger el derecho de acceso cuando la administración decide bloquearlo. Y eso hace que el coste político del incumplimiento sea bajo, y el desprecio a la ley, cada vez más habitual.
Exigir responsabilidades y acabar con la impunidad
El artículo 14 de la Ley de Transparencia establece que las resoluciones del Comisionado deben ser cumplidas obligatoriamente por los órganos afectados. En caso contrario, puede procederse a depurar responsabilidades disciplinarias, algo que el reclamante ya ha puesto en conocimiento de la administración.
Como señala la resolución, “debe facilitarse la información solicitada, dado que no concurre causa alguna de inadmisión o de limitación del acceso conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Transparencia”. Y ese es el núcleo del problema: si las reglas no se cumplen ni se hacen cumplir, el derecho de acceso a la información deja de ser tal.
En una Región de Murcia que ha declarado formalmente su compromiso con la transparencia, la conducta de la Consejería de Cultura y Deportes contradice gravemente ese compromiso institucional.
Cada día que pasa sin entregar los expedientes exigidos, la Dirección General de Deportes no solo viola la ley: da la espalda a la ciudadanía y desactiva uno de los pocos mecanismos efectivos de control del poder en manos de la sociedad civil.
Si no se reacciona, quedará un precedente demoledor: que en esta Región, la transparencia se cumple solo cuando conviene. Y que quienes la vulneran, lo hacen sin consecuencias.
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