Denuncian un vertido de amianto frente a viviendas en la urbanización Castillitos de Cartagena

Denuncian un vertido de amianto frente a viviendas en la urbanización Castillitos de Cartagena
Denuncian un vertido de amianto frente a viviendas en la urbanización Castillitos de Cartagena

El Partido Cantonal alerta del grave riesgo para la salud pública por la presencia de uralita rota junto a casas habitadas y exige la retirada inmediata

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El Partido Cantonal de Cartagena (PCAN) ha denunciado la existencia de un vertido incontrolado de amianto en una parcela ubicada frente a las viviendas de la urbanización Castillitos, en el barrio cartagenero de Los Dolores. Las placas de fibrocemento, rotas y en avanzado estado de descomposición, se encuentran entre matorrales en un solar de la calle del Suspiro, muy cerca de la entrada a la Barriada de Hispanoamérica, lo que expone a un alto riesgo a los vecinos y viandantes de esta transitada zona residencial.

Según ha informado el partido, diferentes residentes aseguran que los restos fueron depositados durante la noche, con las luces apagadas, para evitar ser descubiertos, ya que no se han observado movimientos sospechosos a plena luz del día. El PCAN exige al Ayuntamiento de Cartagena que actúe de inmediato y ordene la retirada de estos residuos mediante personal especializado, dada la peligrosidad del material abandonado.

“Estamos ante un hecho de extrema gravedad. El amianto es un material prohibido por la OMS desde 2002 por su alta toxicidad y capacidad cancerígena. No se puede permitir que esté descompuesto frente a viviendas sin ninguna medida de seguridad”, ha denunciado Antonio Conesa Meroño, secretario de organización del Partido Cantonal.

Amianto roto junto a viviendas y colegios: un riesgo inasumible

La preocupación se agrava por la proximidad de viviendas con estructuras de uralita justo al lado de la parcela afectada. Aunque estas cubiertas, al estar intactas, suponen un riesgo menor, el verdadero peligro reside en las tejas rotas y desmenuzadas que yacen al aire libre, liberando fibras cancerígenas que pueden ser arrastradas por el viento e inhaladas por las personas que habitan o transitan por la zona.

El amianto o asbesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un agente cancerígeno del Grupo 1, es decir, que causa cáncer en humanos incluso en exposiciones de baja intensidad. Las enfermedades asociadas a su inhalación incluyen cáncer de pulmón, mesotelioma pleural, cáncer de laringe y asbestosis, todas ellas con alta tasa de mortalidad si no se detectan precozmente. La mera presencia de polvo de amianto en el ambiente ya constituye un peligro sanitario, por lo que su retirada debe realizarse con protocolos específicos y bajo condiciones de seguridad estrictas.

Desde el Partido Cantonal recuerdan que en 2015 la Unión Europea recomendó el desamiantado de todos los edificios públicos, una tarea que en Cartagena sigue pendiente en muchos casos. De hecho, el Colegio Público Nuestra Señora de los Dolores ha sido recientemente desamiantado, pero el Colegio Gabriela Mistral, ubicado en la Barriada de Hispanoamérica, aún mantiene cubiertas de fibrocemento a la espera de que la Consejería de Educación acometa las obras necesarias.

Exigen responsabilidad al Ayuntamiento y vigilancia sobre los vertidos ilegales

El PCAN ha solicitado al Ayuntamiento que abra una investigación urgente para identificar a los responsables del vertido, que además de constituir un riesgo sanitario, podría suponer un delito ambiental si se confirma que fue realizado de forma intencionada y sin control.

El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la seguridad sanitaria y medioambiental de los barrios de Cartagena, y más aún cuando hablamos de un material que mata. No es admisible que tengamos amianto suelto junto a casas, colegios y parques sin que nadie actúe de inmediato”, denuncia Conesa Meroño.

La formación política también insta al Consistorio a reforzar la vigilancia en solares abandonados y espacios públicos para evitar nuevos vertidos, así como a realizar campañas informativas sobre los riesgos del amianto y las vías legales para su retirada.

Por último, el PCAN recuerda que el derecho a un entorno seguro y saludable es una obligación constitucional y una prioridad sanitaria, y que cualquier dejación por parte de las administraciones puede tener consecuencias irreparables para la salud de la ciudadanía. “No se puede esperar a que haya una tragedia. Hay que actuar ya”, concluyen.

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