El contrato, aún sin adjudicar, refleja una política financiera basada en liquidez prestada, recortes fiscales populistas e incumplimientos sostenidos de estabilidad
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presidida por Fernando López Miras, ha licitado operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 900 millones de euros durante el ejercicio 2025, con el objetivo de cubrir necesidades transitorias de tesorería. El contrato, publicado el pasado 7 de abril en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sigue en fase de valoración de ofertas y aún no ha sido adjudicado, aunque ya ha recibido propuestas de varias entidades financieras.
La operación requiere autorización estatal porque la Comunidad continúa bajo tutela del Ministerio de Hacienda por incumplir desde 2019 los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, según se recoge en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2024, incluido en el expediente de licitación.
A pesar de este contexto de supervisión financiera, el Gobierno regional mantiene su política de reducción de impuestos, lo que limita deliberadamente su capacidad de generar ingresos estructurales mientras recurre a endeudamiento bancario para cubrir pagos ordinarios.
Autorización del Estado por incumplimientos y falta de corrección fiscal
La autorización estatal, exigida por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), es obligatoria para aquellas comunidades que no cumplen los objetivos fiscales ni han presentado planes efectivos de reequilibrio. En el caso de Murcia, la prórroga de esta tutela financiera ha sido necesaria año tras año, como refleja también la disposición adicional 75 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aún vigente.
No obstante, el Ejecutivo regional ha renunciado a abordar esta situación con una reforma fiscal propia, optando en cambio por bajadas generalizadas de impuestos como el tramo autonómico del IRPF, bonificaciones al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o deducciones de impacto electoralista sin memoria económica detallada. Estas medidas, aunque populares a corto plazo, reducen el margen fiscal y refuerzan la necesidad de endeudarse para atender compromisos básicos de funcionamiento administrativo.
Un expediente que confirma el uso recurrente de la deuda a corto plazo como solución operativa
Según la Memoria Justificativa incluida en el expediente, el contrato busca garantizar la liquidez del Tesoro regional ante desfases temporales entre ingresos y pagos. Se contemplan operaciones de póliza de crédito y líneas de confirming con post-financiación, distribuidas en seis lotes independientes, con una duración máxima de 12 meses. Estas operaciones no computan como deuda estructural, pero han dejado de ser una solución puntual para convertirse en la norma de gestión presupuestaria del Gobierno regional.
El informe técnico de valoración de ofertas, publicado el 22 de mayo, recoge que ya han presentado propuestas entidades como CaixaBank, BBVA, Cajamar, Bankinter, Santander, Sabadell o Abanca, pero aún no se ha producido adjudicación ni firma de contrato, lo que deja en suspenso la disponibilidad efectiva de esos fondos.
La licitación incluye también la prestación de servicios bancarios operativos: cuentas, ingresos, pagos y transferencias, tal como se regula en los pliegos técnicos y administrativos. La operativa se rige por el principio de unidad de caja del Tesoro Público Regional, según el Decreto 69/1998.
Menos ingresos propios, más dependencia financiera
La estrategia económica del Gobierno regional se sustenta en una contradicción estructural: mientras reduce su capacidad de ingresos con bajadas fiscales no compensadas por nuevas fuentes de financiación, aumenta su dependencia de instrumentos de endeudamiento bancario y de las autorizaciones del Ministerio de Hacienda.
En lugar de mejorar su autonomía financiera, la Región de Murcia ha optado por un modelo basado en liquidez prestada y desequilibrio estructural, sin plan de consolidación fiscal público ni medidas estructurales de contención del gasto. A pesar del crecimiento económico generalizado en otras comunidades, Murcia sigue encadenando ejercicios de desequilibrio presupuestario y permanece entre las regiones con mayor volumen de deuda por habitante, según los últimos datos del Banco de España.
Además, la ausencia de un fondo de contingencia regional o de medidas fiscales redistributivas agrava la fragilidad del sistema presupuestario murciano, que depende cada año de la renovación de líneas de crédito para funcionar con normalidad.
Un modelo de gestión financiera que compromete el futuro
La licitación de hasta 900 millones de euros en créditos bancarios para 2025 no es un caso aislado, sino un síntoma de una política sistemática que recurre al endeudamiento a corto plazo para compensar una estructura fiscal deliberadamente debilitada. Aunque legal y reglamentaria, esta práctica compromete la capacidad de inversión futura, condiciona la planificación presupuestaria y expone al Gobierno regional a los cambios de ciclo financiero.
En un contexto de subida de tipos de interés y de vigilancia reforzada por parte del Estado, la continuidad de esta estrategia podría traducirse en mayores costes financieros a medio plazo y en una creciente dependencia de las decisiones del Ministerio de Hacienda.
Murcia, en lugar de recuperar el equilibrio y reforzar su autonomía fiscal, parece apostar por una senda de endeudamiento estructural sostenido, acompañado de bajadas impositivas que, si no se corrigen, limitarán aún más su capacidad para financiar servicios públicos esenciales.
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