Las plantas producirán hasta 150 hm³ anuales y reforzarán el suministro ante la reducción de aguas subterráneas y del trasvase Tajo-Segura
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) licitará entre junio y julio los anteproyectos para construir dos nuevas desaladoras en Águilas (Región de Murcia) y Torrevieja (Alicante), ubicadas en el entorno del embalse de La Pedrera. Así lo ha anunciado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, que ha subrayado la necesidad de apostar por recursos no convencionales ante los impactos del cambio climático en el sureste español.
Ambas instalaciones serán promovidas por la sociedad estatal Acuamed y se prevé que cuenten con financiación europea, con una capacidad conjunta de 50 y 100 hectómetros cúbicos anuales, respectivamente. La construcción de las plantas se licitará a finales de 2026 o comienzos de 2027, en un esfuerzo estratégico para garantizar el suministro hídrico en la cuenca del Segura.
Una apuesta por la desalación frente al límite de la reutilización
Urrea ha señalado que “la reutilización ha alcanzado ya sus máximas cotas de desarrollo”, por lo que el incremento de la desalación es ahora la principal vía de refuerzo hídrico. En esta línea, ha remarcado que el MITECO trabaja en incorporar plantas fotovoltaicas que reduzcan el coste energético de la desalación, una de las principales demandas del sector agrario.
El máximo responsable de la CHS ha afirmado que estas actuaciones no son improvisadas, sino que están previstas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, que plantea compensar la merma en recursos naturales —como acuíferos sobreexplotados y caudales del trasvase— con infraestructuras que aporten garantías de suministro a medio plazo.
El trasvase, en el centro del debate técnico y político
Urrea ha insistido en que cualquier aumento del caudal ecológico medio anual del Tajo por encima de los 7 m³/s supone un coste desproporcionado para la cuenca del Segura y tiene impactos socioeconómicos cuantificados. En este sentido, ha defendido que la CHS ya trabaja para reconducir la situación mediante un plan especial de seguimiento, que permita evaluar si los caudales fijados cumplen realmente su objetivo ecológico en el eje del Tajo.
Este plan, amparado por la disposición adicional novena de los planes hidrológicos, podría abrir la puerta a reconsiderar los volúmenes trasvasables en el siguiente ciclo de planificación, a partir de 2027. Urrea ha recalcado que este procedimiento técnico no altera los plazos actuales de implantación de caudales ecológicos ni contradice la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que no afecta al tronco principal del Tajo, sino a la planificación ambiental de ciertas zonas protegidas.
Coordinación con los regantes y planificación a largo plazo
La CHS asegura que ha trabajado “de la mano de los usuarios del regadío” para diseñar una estrategia que permita garantizar agua para las zonas que sufrirán restricciones de aguas subterráneas o trasvasadas. En palabras de Urrea, el proceso no debe leerse como un abandono del trasvase, sino como una transición hacia un modelo mixto donde la desalación tenga un papel central.
Esta planificación busca evitar conflictos como los vividos recientemente entre el Gobierno central y el Ejecutivo murciano, que ha acusado en varias ocasiones al MITECO de “asfixiar” al sector agrario. El organismo de cuenca, por su parte, insiste en que las decisiones se toman con base técnica y dentro de los marcos legales y ambientales europeos.
La fuga de petróleo en Calasparra, sin afección al río Quípar
En otro orden de asuntos, Urrea también se ha pronunciado sobre la fuga de petróleo ocurrida en una finca privada de Calasparra, causada por una rotura en un oleoducto de Repsol. Según los agentes medioambientales, la empresa está concluyendo las tareas de contención y limpieza, tras las cuales la CHS tomará muestras para descartar afecciones a la masa de agua subterránea.
Por el momento, las primeras valoraciones descartan impactos en aguas superficiales, ya que la zona del vertido se encuentra alejada del río Quípar y las barreras de contención han evitado filtraciones. En caso de detectarse contaminación del acuífero, se abrirá el correspondiente expediente administrativo.
Con esta hoja de ruta sobre la mesa, el Ministerio y la CHS plantean un modelo de seguridad hídrica más robusto, basado en infraestructuras resilientes, menor dependencia de recursos vulnerables y una gestión adaptada al escenario climático de escasez estructural.
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