El Tribunal Supremo impone al consistorio el pago de 4.000 euros en costas tras perder el recurso contra el Ministerio para la Transición Ecológica
El PSOE de Lorca ha exigido explicaciones públicas al equipo de Gobierno municipal, integrado por Partido Popular y Vox, tras conocerse que el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de 4.000 euros en costas procesales por el recurso judicial interpuesto contra los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Según el acta de la Junta de Gobierno local del 21 de marzo de 2025, dicha condena corresponde a la tasación de costas a favor de la Abogacía del Estado, tras la desestimación del recurso por parte del Tribunal Supremo, lo que supone un revés judicial para el consistorio y una nueva polémica sobre la gestión del PP y Vox en materia de prevención de inundaciones.
Un recurso sin fundamento técnico y con resultado adverso
El concejal socialista José Luis Ruiz ha recordado que el Ayuntamiento, a través del edil Ángel Meca y el portavoz del Gobierno local, Santiago Hernández, anunció públicamente el 10 de abril de 2024 que se iba a recurrir judicialmente la delimitación de las zonas de flujo preferente, argumentando que no se podía fijar adecuadamente dicha zonificación sin delimitar antes el Dominio Público Hidráulico de cauces como la rambla de La Torrecilla, Rambla Alta, Burruezo, Béjar, Biznaga o Nogalte.
Ruiz ha señalado que desde el Grupo Municipal Socialista se defendió desde el principio la revisión técnica de estas zonas presentando alegaciones formales en el procedimiento de información pública abierto por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y ha recordado que el PSOE ha apoyado proyectos clave como la presa de Béjar o la canalización de la rambla Biznaga, que permitirían reducir el área afectada por el riesgo de inundación, iniciativas rechazadas por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional.
Críticas por la falta de transparencia del Gobierno de Fulgencio Gil
Para el edil socialista, lo más grave no es tanto el fallo judicial adverso como la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del equipo de Gobierno que lidera Fulgencio Gil. “Los lorquinos tienen derecho a saber también cuándo las cosas salen mal, no solo a ver fotos y titulares vacíos”, ha denunciado Ruiz, quien ha reprochado al Ejecutivo local su gestión de cara a la galería mientras “se olvida el trabajo serio y riguroso que Lorca necesita en los despachos”.
“El Partido Popular acostumbra a lanzar campañas grandilocuentes con titulares de impacto, pero sin planificación técnica ni viabilidad jurídica. Y cuando el tiempo demuestra que han fracasado, optan por el silencio y la ocultación”, ha criticado el concejal socialista.
Una estrategia política basada en el ruido pero sin resultados
Ruiz ha lamentado que se haya utilizado un tema tan delicado como las inundaciones para obtener rédito político, mientras se deja en segundo plano la adopción de medidas reales para mitigar los riesgos. “No nos alegramos de que el Ayuntamiento pierda un recurso, porque entendemos que el objetivo declarado era proteger a la ciudadanía. Pero lo que criticamos con firmeza es la forma en que se está gestionando esta cuestión: sin transparencia, sin rigor y con un uso partidista”, ha remarcado.
El PSOE considera que el equipo de Gobierno ha instrumentalizado el malestar vecinal por la delimitación de las zonas de flujo preferente, prometiendo soluciones inviables que ahora han sido desmontadas en sede judicial. “La justicia ha hablado, pero el Ayuntamiento no ha abierto la boca. Eso no es gobernar, eso es esconderse”, ha sentenciado Ruiz.
Exigen responsabilidades políticas por un fracaso judicial evitable
Finalmente, desde el PSOE se ha exigido que se informe públicamente sobre el coste total del procedimiento judicial, las valoraciones técnicas previas que se manejaron antes de interponer el recurso y si se volverán a emprender acciones legales similares en el futuro. “Gobernar no es salir en la foto con una pancarta, es asumir responsabilidades cuando las cosas no salen como se esperaba”, ha concluido el edil socialista.
El caso vuelve a abrir el debate sobre la falta de coordinación entre las administraciones local, regional y estatal en materia de planificación hidráulica, y deja al Gobierno de Fulgencio Gil en una posición comprometida tras perder un recurso promovido sin el respaldo técnico suficiente y del que, según la oposición, ni siquiera se ha informado a la ciudadanía hasta que ha quedado constancia por acta oficial.
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