La propuesta de suprimir la financiación al diálogo social formaría parte del chantaje político de Vox al PP en la negociación presupuestaria
La proposición de ley registrada por Vox en la Asamblea Regional para eliminar las asignaciones económicas a sindicatos y patronal no es un gesto aislado ni una mera iniciativa legislativa. Forma parte del catálogo de exigencias que la ultraderecha ha puesto sobre la mesa para apoyar los presupuestos autonómicos de 2025, en un contexto donde el Gobierno del Partido Popular de Fernando López Miras no cuenta con mayoría absoluta y necesita el respaldo parlamentario de otras fuerzas para sacar adelante sus cuentas.
La propuesta, que modifica la Ley 5/2017 de participación institucional, pretende suprimir las ayudas directas a UGT, CCOO y CROEM, desmontando el sistema de financiación pública que sustenta el diálogo social en la Región de Murcia. Presentada por el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, la iniciativa ya ha sido calificada para su tramitación urgente por lectura única, lo que permitiría aprobarla sin debate parlamentario ordinario ni comparecencias públicas.
López Miras se somete de nuevo a la agenda de Vox
Aunque Vox salió del Gobierno regional en julio de 2024, su capacidad para condicionar la acción del Ejecutivo sigue intacta, gracias a la minoría parlamentaria del PP, que solo cuenta con 21 escaños de los 45 de la Asamblea Regional. En este escenario, el partido de extrema derecha ha convertido su apoyo a los presupuestos en una herramienta de presión para forzar al Gobierno a asumir su programa ideológico.
Entre esas condiciones está la aprobación de esta proposición antisindical, que elimina las asignaciones nominativas que garantizan la participación efectiva de sindicatos y patronal en órganos consultivos, mesas sectoriales y políticas públicas. Aunque el presidente López Miras no ha mostrado públicamente su apoyo, tampoco ha rechazado la medida ni frenado su tramitación, lo que desde la oposición y el ámbito sindical se interpreta como una cesión encubierta a Vox a cambio de asegurar la estabilidad presupuestaria.
Una reforma ideológica redactada sin consenso ni diálogo con los agentes sociales
La proposición de ley registrada por Vox no ha sido consensuada con ninguna de las partes afectadas. Según reconoce el propio informe que acompaña al texto, no ha habido reuniones ni consultas con sindicatos, organizaciones empresariales ni entidades sociales. El texto no plantea mejoras al sistema actual ni propone un modelo alternativo más representativo, sino que suprime de forma directa los artículos que dotaban de financiación y legitimidad institucional al diálogo social.
Además, se elimina toda compensación económica por la participación en órganos públicos, forzando a las organizaciones más representativas a ejercer su labor sin medios materiales ni humanos. Lejos de promover un sistema más plural, la propuesta rompe el equilibrio institucional entre gobierno, trabajadores y empresarios, clave en la articulación de políticas públicas desde la Transición.
Cesiones ya concedidas por el PP de López Miras a Vox en la negociación presupuestaria
La proposición de ley para suprimir la financiación pública a sindicatos y patronal no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de exigencias que Vox ha planteado al Gobierno de Fernando López Miras como condición para apoyar los presupuestos autonómicos de 2025.
Cierre del centro de menores de Santa Cruz. Una de las exigencias más reiteradas por Vox ha sido el cierre del centro de acogida de menores no acompañados ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz. En abril de 2025, el Gobierno regional anunció su disposición a revisar el modelo de acogida y planteó el cierre del centro como una posibilidad real, argumentando razones operativas y de seguridad. Esta decisión fue interpretada como una cesión directa a las presiones de Vox en el marco de las negociaciones presupuestarias, tal como denunció la oposición y confirmaron varias fuentes gubernamentales.
Condena al Pacto Verde Europeo. En otro gesto hacia Vox, el PP votó a favor de una moción presentada por la formación de extrema derecha en la Asamblea Regional para condenar el Pacto Verde Europeo. La moción, aprobada en abril de 2025, acusaba al plan comunitario de perjudicar a sectores estratégicos de la Región de Murcia como la agricultura y la gestión del agua. Esta toma de posición, alejada del consenso europeo sobre sostenibilidad y transición ecológica, fue vista como una nueva concesión simbólica a Vox, destinada a asegurar su respaldo en la votación de los presupuestos.
Eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Vox también ha exigido la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) que se imparte en algunos centros educativos de la Región de Murcia. Aunque este programa depende del Ministerio de Educación y no implica gasto para la Comunidad Autónoma, Vox ha elevado esta cuestión como línea roja en la negociación presupuestaria. El Gobierno de López Miras ha reconocido que no tiene competencias para eliminarlo, pero ha abierto la puerta a abordar el tema con el Ministerio, en una nueva muestra de disposición a ceder ante los postulados xenófobos de la ultraderecha.
Estas cesiones, sumadas ahora a la tramitación de la ley que eliminaría las ayudas públicas a los sindicatos, consolidan un patrón: el PP de Fernando López Miras se está apoyando en la agenda de Vox para mantenerse en el poder, aunque ello implique debilitar el diálogo social, atacar la representación sindical y asumir postulados excluyentes. La Región de Murcia se convierte así en laboratorio de una estrategia política que normaliza las exigencias ultra a cambio de gobernabilidad.
La Región de Murcia, a punto de convertirse en la primera comunidad que rompe el modelo de concertación institucional
Si finalmente el PP cede a esta exigencia y permite la aprobación de la ley, la Región de Murcia se convertirá en la primera comunidad autónoma en suprimir por ley el apoyo económico al diálogo social. Un movimiento que rompe con más de cuatro décadas de equilibrio institucional, y que debilita el papel de los agentes sociales más representativos en la elaboración de políticas públicas.
El presidente López Miras se enfrenta así a una decisión clave: defender el modelo constitucional de participación y diálogo, o entregarlo como moneda de cambio para aprobar unos presupuestos con los votos de Vox. Hasta ahora, su silencio apunta a lo segundo.
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