Los colectivos patrimonialistas alertan de que la reforma aprobada por el Ejecutivo regional debilita la Ley de Patrimonio Cultural y facilita la presión urbanística
Las principales asociaciones en defensa del patrimonio cultural de la Región de Murcia han dado la voz de alarma este domingo ante lo que califican de “golpe a escondidas” del Gobierno regional contra la Ley de Patrimonio Cultural. Denuncian que el Ejecutivo autonómico ha impulsado una reforma encubierta, incluida en la denominada cuarta Ley de Simplificación Administrativa, que “vacía de contenido” la protección legal del legado histórico regional.
La modificación, aprobada por decreto-ley y publicada en pleno puente regional, un sábado, ha sido tramitada sin debate público ni consulta técnica y utilizando un procedimiento de urgencia reservado legalmente solo para situaciones excepcionales. Según los colectivos, esta maniobra supone “un abuso deliberado del procedimiento, y una forma de evitar los controles y garantías que exige cualquier modificación seria de una ley tan sensible como esta”.
Transferencia de competencias a ayuntamientos sin medios ni independencia
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la delegación de competencias clave en materia de protección patrimonial a los ayuntamientos, que según denuncian las asociaciones “ni cuentan con personal técnico especializado ni tienen independencia frente a los intereses urbanísticos y especulativos que rodean muchas decisiones locales”. Los colectivos advierten que, en varios casos, han sido los propios ayuntamientos responsables directos del deterioro de bienes protegidos.
Otra modificación grave es la eliminación de la obligación de incoar expedientes de Bien de Interés Cultural (BIC) en un plazo máximo de seis meses tras la solicitud ciudadana. Esta garantía, introducida en 2007, convertía a la Región de Murcia en pionera en protección activa del patrimonio desde la sociedad civil. Para las asociaciones, suprimir esta obligación deja “indefensos” a los ciudadanos ante la inacción de las administraciones.
Críticas por falta de transparencia y generalización del silencio administrativo positivo
El procedimiento elegido por el Gobierno regional ha provocado también duras críticas por parte de los colectivos patrimonialistas, que denuncian que al tramitarse como decreto-ley urgente no se han solicitado informes técnicos, jurídicos ni consultivos, ni se ha dado exposición pública al texto. “No se ha justificado en ningún momento la urgencia, porque no existía”, insisten los portavoces.
La nueva ley también generaliza el silencio administrativo positivo para tramitaciones urbanísticas, lo que puede suponer la aprobación automática de actuaciones que afecten a bienes culturales sin evaluación previa. Para los defensores del patrimonio, esta medida supone “una amenaza real e inminente”, ya que deja la puerta abierta a la desprotección y degradación de elementos históricos ante la presión urbanística.
Ante esta situación, las asociaciones han iniciado contactos con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Comité Español de ICOMOS (órgano consultivo de la UNESCO) y la Unión Estatal de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio. Su objetivo es que el Gobierno de España presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para paralizar los efectos de la norma antes de que se produzcan daños irreparables.
“La Región de Murcia no puede convertirse en un laboratorio de desregulación donde el patrimonio histórico se subordine al interés urbanístico de turno”, advierten los colectivos.
Por todo ello, los firmantes de la denuncia —entre los que figuran Huermur, Asociación Cartaginense, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Origen, Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete, Lorca por su Patrimonio, Cartagena Ciudad de los Submarinos, Cartagena Futuro, Plataforma Virgen de la Caridad, Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, AJVA y Amigos de la Historia de Librilla— exigen a la Consejería de Cultura la paralización inmediata de la aplicación de la reforma, la apertura de un proceso de diálogo con los colectivos y la garantía de participación ciudadana y criterios científicos en toda declaración de BIC.
Las asociaciones anuncian el inicio de una campaña pública, jurídica y política para lograr la reversión de los cambios y restaurar los mecanismos de protección que, hasta ahora, situaban a la Región de Murcia entre las comunidades más avanzadas en defensa de su legado cultural.
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