Más de 5.000 millones de euros en proyectos controvertidos, decisiones cuestionadas y daños medioambientales en dos décadas de casos muy polémicos
Durante los últimos 20 años, el Partido Popular de la Región de Murcia ha impulsado y apoyado una serie de decisiones políticas y urbanísticas altamente controvertidas, sin implicar necesariamente procesos penales, pero sí generando desconfianza pública, protestas sociales y llamados al debate parlamentario. Estas decisiones afectan proyectos urbanísticos, normativos, sanitarios y concesiones, acumulando una cifra de más de 5.000 millones de euros en iniciativas debidamente criticadas y presuntamente favorecedoras de intereses privados.
Caso Novo Carthago: urbanización del Mar Menor sin respeto a la protección ambiental
En los años 2005–2006, bajo el Gobierno de José Ramón Luis Valcárcel y con Pilar Barreiro como alcaldesa de Cartagena, el PP impulsó el megaproyecto “Novo Carthago”, que contemplaba 10.000 viviendas de lujo, hoteles y campos de golf en suelos protegidos junto al Mar Menor. A pesar de los informes técnicos que advertían del impacto negativo sobre cultivos y humedales, se aprobó una recalificación que supuestamente beneficiaba al promotor Hansa Urbana, vinculado a Valcárcel. El PSOE exigió una comisión en la Asamblea Regional y organizaciones ecologistas denunciaron el “presunto favoritismo” del PP. La inversión estimada alcanzaba los 890 millones de euros, con promesas de 8.000 empleos. El caso llegó incluso al Tribunal Supremo, que imputó a varios altos cargos, aunque sin condenas firmes.
Reforma exprés de la Ley del Suelo (2015): “golpe ambiental y urbanístico”
En 2015, apenas unas semanas antes de las elecciones autonómicas, el PP regional y su consejero de Fomento, Francisco Bernabé, presentaron una reforma exprés de la Ley del Suelo (junto a otra medioambiental), con más de 300 artículos y sin informes jurídicos previos, en teoría para facilitar nuevas recalificaciones. PSOE e IU denunciaron una “maniobra arbitraria” y un “golpe al medio ambiente”, alertando de que esta reforma podía anular protecciones legales y violentar la Ley de Transparencia. Científicos y ONG del entorno urbano presionaron para revertir una norma que quedó en el foco mediático .
Subvención covid a empresa del ex‑presidente Sánchez (2021)
En diciembre de 2021, el Instituto de Fomento (INFO) concedió una ayuda covid de 26.412 € a fondo perdido a la empresa Temporari Parce, cuyo administrador único era el ex‑presidente Pedro Antonio Sánchez, quien había presentado su dimisión meses antes por el caso Auditorio. La noticia estalló en 2023 y el PSOE exigió explicaciones mientras la prensa local se preguntaba por el posible uso de la subvención con criterios partidistas. Aunque el Gobierno regional se limitó a señalar que la ayuda cumplía los criterios legales, el modo de gestión alimentó el debate sobre falta de transparencia y favoritismo político .
Liberalización de las ITV (2017–2025): de una pública a 44 privadas
Entre 2017 y 2025, bajo el consejero Juan María Vázquez, la Región pasó de una ITV pública a 44 privadas, tras concesiones públicas con inversión y sin control riguroso. PSOE y Podemos han denunciado reiteradamente que se convirtió en un negocio para “amigos del PP”, hablando incluso de corrupción organizada en las concesiones. En mayo de 2025, el pleno regional apuntó a “fraude”, “uso irregular de bienes públicos” y vincularon una ITV recién pasada a una muerte infantil, alegando negligencia. Vox y PP defendieron el modelo, pero el escándalo ha sido tratado con atención en medios regionales.
Contratación sanitaria irregular (2022): 23 millones al margen de la ley
Un informe del Tribunal de Cuentas (julio 2024) reveló que el SMS (Servicio Murciano de Salud) pagó 30,7 millones de euros a proveedores externos en 2022, de los cuales 23 millones se adjudicaron sin concurrencia ni publicidad, incumpliendo la Ley de Contratos Públicos. Podemos calificó este hecho como “el mayor escándalo económico de la historia del SMS”, acusando al presidente Fernando López Miras y a su consejero de Salud, Juan José Pedreño, de favorecer a “amiguetes de la privada”. El PSOE exigió la comparecencia del consejero en la Asamblea, mientras medios y ciudadanía hablaron de “privatización encubierta” y un agujero negro financiero .
Pacto PP–Vox y reforma de la Ley del Mar Menor (junio 2025)
Hace tan solo unos días, el PP pactó con Vox los Presupuestos autonómicos, que incluyen una reforma de la Ley 3/2020 de Protección del Mar Menor. Colectivos ecologistas, juristas y el PSOE alertaron de que este cambio contravenía el «principio de no regresión» ambiental y favorecía presuntamente intereses privados en la laguna. Plataformas ciudadanas han anunciado protestas y exigen vigilancia institucional ante lo que califican de “retroceso” y posible agresión ecológica .
Decisiones controvertidas sin alcance penal, pero con impacto social y mediático
Aunque estos seis casos son solo una muestra de la multitud de sucesos controvertidos en torno al Partido Popular, no han derivado en condenas penales, representan decisiones impulsadas por el PP regional que han erosionado la confianza pública, levantado sospechas de favoritismo, beneficiado a intereses privados y generado consecuencias costosas para el patrimonio y el medio ambiente. Ante estas decisiones, la sociedad murciana se enfrenta a dos dilemas: ¿reforma democrática y control público, o camino hacia la normalización de privilegios sin fiscalización?
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