Contratos a dedo, expedientes sin justificar y ausencia de control interno dibujan un mapa de opacidad institucional
Los informes oficiales de fiscalización de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes al ejercicio 2022 desvelan una cadena de irregularidades estructurales en numerosos entes públicos regionales. Y hablamos del año 2022 dado que, tal como desveló LasNoticiasRM, el Gobierno de López Miras incumple la Ley de Transparencia al ocultar y no publicar los informes de auditoría de sus empresas públicas, siendo los últimos publicados los del citado año 2022.
Entre los hallazgos más recurrentes se encuentran contratos adjudicados sin fiscalización previa, expedientes incompletos, fraccionamientos de contratos para eludir los procedimientos de licitación pública, adjudicaciones sin justificación técnica ni económica, omisión de documentación legalmente exigida y ausencia de mecanismos efectivos de control interno.
Este análisis se centra en las observaciones más significativas en organismos como el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), el Instituto de Fomento (INFO), el Servicio Murciano de Salud (SMS), el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), el Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF), la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR), el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Región de Murcia Deportes SAU (RMD) y el Consorcio de las Vías Verdes (CVV), entre otros.
ITREM: contratos sin control y expedientes sin documentación mínima
En el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), la Intervención detectó numerosos contratos tramitados sin fiscalización previa, contraviniendo lo establecido en la normativa de control financiero. Algunos expedientes carecían de elementos esenciales como la memoria justificativa, el informe de necesidad o los documentos que justifican la elección del adjudicatario. En varios casos se recurrió al contrato menor de forma reiterada con el mismo objeto, lo que indica un presunto fraccionamiento para evitar la concurrencia pública. La falta de trazabilidad y documentación impide acreditar que los fondos públicos se hayan utilizado con criterios de eficiencia y transparencia.
INFO: fraccionamiento sistemático y falta de transparencia en adjudicaciones
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) también incurrió en prácticas similares. La Intervención señala que se realizaron múltiples contratos menores para servicios que, por su objeto y frecuencia, debieron ser licitados como un único contrato mayor. Se identificaron adjudicaciones directas sin informe técnico, sin comparación de ofertas ni justificación económica. También se omitieron informes preceptivos como los de intervención, jurídicos o de necesidad, y en algunos expedientes faltaban los contratos firmados o las actas de conformidad. Esta falta de control mina la legalidad y abre la puerta a decisiones arbitrarias con dinero público.
SMS: pagos sin soporte contractual y ausencia de seguimiento
En el Servicio Murciano de Salud (SMS), la Intervención descubrió un patrón de irregularidades graves: pagos por servicios sanitarios sin que existiera contrato formal o resolución de adjudicación, supuestas situaciones de urgencia sin acreditar que justifiquen saltarse la fiscalización previa, y fraccionamiento sistemático de contratos de mantenimiento y suministros. Se detectaron prórrogas tácitas no autorizadas, servicios que seguían prestándose sin expediente actualizado, y ausencia de controles de cumplimiento. Las omisiones afectan a contratos de cuantías elevadas y comprometen tanto la transparencia como la eficiencia en la gestión sanitaria regional.
ICA: concesión de ayudas sin informes y contrataciones opacas
En el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), el informe alerta de adjudicaciones directas de servicios culturales y artísticos sin expediente completo. En varios casos no constaba la memoria justificativa ni el informe técnico-artístico necesario para seleccionar al adjudicatario. Algunas ayudas se concedieron sin la correspondiente resolución motivada o sin verificar adecuadamente los requisitos de los beneficiarios. La falta de informes y de criterios objetivos de selección pone en duda la equidad en el reparto de recursos públicos en el ámbito cultural.
ICREF: debilidades contables y expedientes sin análisis financiero previo
El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), que gestiona operaciones financieras públicas, también presenta deficiencias significativas. Se aprobaron operaciones sin informes de viabilidad o de riesgo, y algunas carecían de resolución formal. Se detectaron errores en la contabilización y falta de segregación de funciones. La ausencia de control interno robusto y de procedimientos claros compromete la legalidad y fiabilidad de la actividad financiera del instituto.
ESAMUR: contratos troceados y convenios sin supervisión
La Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR) presenta una gestión contractual deficiente. Se firmaron contratos menores reiterados para un mismo servicio sin justificar que no debía tramitarse como licitación, y algunos se formalizaron sin fiscalización previa. También se otorgaron subvenciones y convenios a municipios sin comprobar adecuadamente su ejecución ni justificar su necesidad. La Intervención alerta del uso excesivo del contrato menor y de la falta de seguimiento sobre el destino efectivo de los fondos públicos.
IMIDA: ejecución de proyectos sin justificar y falta de control documental
En el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), la Intervención señala la ejecución de proyectos de I+D sin justificar adecuadamente los gastos ni cumplir con las obligaciones de control documental. Se adjudicaron contratos directos sin documentación técnica ni comparativas de ofertas. Tampoco se realizaron los informes de seguimiento o las justificaciones finales de muchos proyectos. El uso de fondos públicos en investigación sin los controles necesarios compromete la transparencia y puede suponer un despilfarro de recursos.
Región de Murcia Deportes SAU: opacidad en el programa de promoción deportiva
En el programa público gestionado por Región de Murcia Deportes SAU (RMD) – sociedad anónima unipersonal dependiente del Gobierno regional encargada de ejecutar proyectos de promoción institucional a través del deporte – la Intervención subraya un preocupante nivel de opacidad administrativa. Se detectaron encargos realizados sin expediente de contratación formal, especialmente en servicios audiovisuales, digitales y promocionales, los cuales fueron contratados sin licitación y sin contrato formalizado, mediante órdenes de pago directas.
La Intervención apunta a fraccionamientos deliberados de encargos para eludir la licitación, y a la ausencia total de actas de recepción, informes técnicos o memorias justificativas que acrediten la necesidad del gasto o su correcta ejecución. El informe alerta, además, de que no existen evidencias de evaluación de impacto ni de informes económicos comparativos, lo que imposibilita saber si los fondos públicos se utilizaron de forma eficiente o si respondieron a intereses ajenos a los institucionales. Estas deficiencias dejan en evidencia que Región de Murcia Deportes SAU operó en 2022 sin mecanismos efectivos de control interno ni trazabilidad del gasto.
Consorcio de las Vías Verdes: expedientes irregulares y falta de fiscalización
En el Consorcio de las Vías Verdes (CVV) – organismo público responsable del mantenimiento y promoción de las rutas ecoturísticas trazadas sobre antiguas líneas ferroviarias – la Intervención detecta un cúmulo de anomalías administrativas y contables. Entre ellas destacan la tramitación de expedientes sin pliegos de condiciones, sin fiscalización previa y sin motivación de adjudicación, así como gastos ejecutados sin autorización expresa ni documentación soporte.
En varios contratos revisados faltaban los informes preceptivos, los documentos justificativos de la ejecución del servicio y las actas de conformidad, lo que impide verificar si se cumplieron las obligaciones del contrato. Se observó también un uso excesivo del contrato menor, sin documentar el cumplimiento de los principios de eficiencia y concurrencia. La Intervención advierte que la falta de registros y mecanismos de control por parte del Consorcio de las Vías Verdes comporta un riesgo real de arbitrariedad en el uso de fondos públicos.
Conclusión: una arquitectura de gasto sin vigilancia ni rendición de cuentas
Los hallazgos recogidos en los informes de fiscalización de la Intervención General no son casos aislados ni errores puntuales: evidencian un patrón sistémico en la administración regional. La debilidad de los controles internos, la normalización de prácticas como el fraccionamiento de contratos, la omisión de documentos esenciales y la adjudicación directa sin motivación técnica han erosionado la transparencia y la legalidad en la gestión pública de decenas de millones de euros. Muchos de estos organismos, pese a contar con personal técnico y procedimientos establecidos, prescindieron de las garantías legales básicas en materia de contratación.
En este contexto, el riesgo no es solo económico, sino institucional: se consolida una cultura de opacidad en la que el dinero público puede destinarse de forma discrecional y sin supervisión. Frente a esta situación, urge reforzar los sistemas de control, garantizar la trazabilidad del gasto y sancionar los incumplimientos detectados. La ciudadanía merece saber cómo, cuánto y en qué se gasta cada euro de su dinero, y exigir que no haya excepciones a las reglas cuando se trata de gestionar lo que es de todos.
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