El Decreto-Ley 1/2025 redefine el modelo administrativo y normativo de la Región con medidas que impactan en turismo, territorio, patrimonio y participación
El Decreto-Ley 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, aprobado y en vigor tras su publicación en el BORM, ha sido presentado oficialmente como una reforma destinada a reducir trámites y acelerar la actividad económica y empresarial en la comunidad autónoma. Sin embargo, un análisis exhaustivo realizado por LasNoticiasRM revela que la norma va mucho más allá de la mera eliminación de burocracia, introduciendo transformaciones legales de gran calado en sectores estratégicos y en la configuración de las garantías públicas.
Urbanismo y turismo: edificabilidad extra y hoteles en suelo residencial
Uno de los elementos centrales del decreto es la modificación legal que permite la compatibilidad de uso hotelero en suelos residenciales. A partir de ahora, los ayuntamientos podrán, mediante acuerdo plenario, autorizar la implantación de hoteles en áreas hasta ahora destinadas a viviendas. Además, el decreto introduce una bonificación urbanística de hasta el 20% de edificabilidad extra en suelos urbanizables residenciales que se destinen a uso turístico-hotelero. Esta medida supone un incentivo directo para proyectos de mayor envergadura en la costa y el interior, con impacto tanto en el modelo territorial como en la presión sobre el entorno y los servicios públicos locales.
Licencia básica y entidades privadas de certificación urbanística
La llamada licencia básica urbanística permite a los promotores obtener una resolución preliminar para iniciar la “fase cero” de sus obras antes de disponer de la licencia definitiva, simplificando el calendario de ejecución. Para la tramitación de estos expedientes, el decreto introduce las Entidades Colaboradoras de Certificación Urbanística (ECU), habilitando a entidades y técnicos privados para emitir certificaciones técnicas que hasta ahora eran competencia exclusiva de la administración local. El texto regula, además, un nuevo régimen sancionador que prevé multas de hasta 600.000 euros para las ECUs que incurran en infracciones graves y hasta 300.000 euros por falsedades en declaraciones responsables o comunicaciones previas. Se refuerza así el control posterior y la responsabilidad, desplazando parte del control preventivo hacia la verificación a posteriori.
Ajustes en las evaluaciones ambientales: rapidez frente a garantías
El Decreto-Ley 1/2025 modifica la Ley regional de protección ambiental, fusionando procedimientos y eliminando duplicidades en las autorizaciones autonómicas. Esto puede acortar significativamente los plazos de tramitación de evaluaciones de impacto ambiental, reducir periodos de información pública y unificar trámites sectoriales. La norma defiende que los estándares medioambientales “se mantienen”, pero en la práctica se favorece la aceleración de proyectos estratégicos y la reducción de cargas para los promotores, con el consiguiente reto para el control y la protección ambiental efectiva.
Simplificación en patrimonio cultural y participación pública
El decreto también introduce modificaciones en los procedimientos de declaración y protección de bienes de interés cultural (BIC), con el objetivo de agilizar la tramitación y evitar demoras en los reconocimientos y actuaciones de conservación. Esto implica, entre otras cuestiones, la posible reducción de plazos de exposición pública e informes preceptivos, y un ajuste de los periodos de consulta e intervención de la ciudadanía en los expedientes de patrimonio.
En materia de participación, la norma elimina la obligatoriedad de la consulta pública previa en la elaboración de bases reguladoras de subvenciones, agilizando la tramitación pero recortando un espacio de transparencia y colaboración ciudadana.
Cambios sectoriales: comercio, parejas de hecho, caza y pesca
La reforma incluye ajustes normativos en otros sectores. Destaca la ampliación definitiva a 1.000 m² del umbral para la apertura de comercios minoristas mediante declaración responsable, consolidando la eliminación de la licencia previa. También introduce un nuevo requisito de empadronamiento conjunto para el registro de parejas de hecho en la Región de Murcia y adapta los procedimientos administrativos en materia de caza, pesca fluvial y acuicultura, incorporando la filosofía de declaración responsable y simplificación en estos sectores.
Una reforma transversal con efectos estructurales
El análisis de LasNoticiasRM confirma que el Decreto-Ley 1/2025 va mucho más allá de la simplificación formal: reconfigura el modelo de relación entre ciudadanía, empresas y administración; traslada controles desde lo preventivo hacia lo sancionador; redefine el papel de la iniciativa privada en la verificación técnica y acorta plazos y procedimientos en materias clave como medio ambiente y patrimonio. Aunque la ley mantiene la declaración de que no se rebajan estándares ni garantías, sus efectos prácticos dependerán de la aplicación en cada sector y municipio.
Esta reforma legal marca un antes y un después en la administración autonómica murciana, con repercusiones que van desde la inversión turística hasta la participación ciudadana, pasando por la gestión ambiental y patrimonial.
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