Carmina Fernández denuncia la “asfixia al diálogo social” y la falta de garantías jurídicas en la modificación exprés de la ley
El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, aprobada ayer en la Asamblea Regional de Murcia gracias a los votos del Partido Popular y Vox. Así lo ha confirmado la portavoz socialista, Carmina Fernández, que acusa al Ejecutivo regional de “querer silenciar a trabajadores y empresarios, recortar derechos laborales y acabar con el diálogo social en la Región de Murcia”.
Según Fernández, el texto —impulsado y aprobado por la vía de urgencia y lectura única, lo que ha impedido cualquier debate o enmienda parlamentaria— supone “una de las primeras consecuencias del pacto de la vergüenza entre PP y Vox, y un ataque frontal a los derechos de trabajadores, trabajadoras y al tejido empresarial de la Región”. La portavoz denuncia que el objetivo real del acuerdo entre las dos derechas es “eliminar la participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales, asfixiar a los sindicatos y retirar el apoyo a la CROEM, que son quienes representan los intereses de la economía y el empleo regional”.
Críticas al procedimiento: sin debate, sin informes y con la Asamblea instrumentalizada
El PSRM-PSOE subraya la gravedad del procedimiento, ya que la modificación fue votada sin que se presentara ningún informe jurídico que acreditase la legalidad de la medida, pese a la solicitud expresa de los diputados socialistas. Fernández alerta de que esta actuación “ha dejado en situación de indefensión a los diputados y diputadas regionales” y acusa a PP y Vox de “instrumentalizar la Asamblea Regional y ponerla al servicio exclusivo de sus intereses partidistas”.
La socialista recuerda que esta iniciativa ya fue planteada el pasado mes de febrero por Vox y retirada entonces a propuesta del PP tras recibir un informe jurídico contrario de los servicios de la Cámara, por posible vulneración de la libertad de acción sindical y empresarial protegida por la Constitución. “Es muy grave que en un caso se tuvieran en cuenta las advertencias jurídicas y ahora no, solo porque PP y Vox han cerrado ya su pacto presupuestario”, afirma Fernández.
Alternativa de consenso rechazada y denuncia de “chantaje político” de Vox
La portavoz socialista destaca que el Gobierno regional, presidido por López Miras, tenía la posibilidad de aprobar los presupuestos con el apoyo del PSOE y sin líneas rojas, tal y como ofreció el secretario general Francisco Lucas, “pero ha preferido arrodillarse ante el chantaje político de Vox para sacar adelante las cuentas, optando por la radicalidad y el recorte de derechos”.
El PSRM-PSOE avanza que estudia también la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la posible vulneración de los derechos de los diputados y diputadas en la tramitación de la norma. “No vamos a permitir que PP y Vox silencien la voz de los trabajadores y empresarios de la Región. Vamos a defender el diálogo social y los derechos fundamentales por todas las vías legales”, concluye Carmina Fernández.
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